Los apagones que en la última semana, dejaron sin luz a 26 entidades de la República, tienen su origen  no sólo en el congelamiento de los ductos de gas proveniente de Texas, también  en la dependencia de insumos energéticos que dejó la Reforma del sexenio pasado.

La contra Reforma Energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el debate ha girado en torno a la soberanía y el mercado. Ésta medida apunta a derribar uno de los pilares de la Reforma constitucional en materia de energía impulsada por Peña Nieto para abrir ese sector a la inversión privada.

Con la reforma de 2013 se creó un mercado eléctrico bajo el principio de despacho económico, en el que las empresas de energías limpias más eficientes del sector privado eran favorecidas, mientras que las hidroeléctricas y termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con mayores costos de producción quedaron rezagadas.

La nueva reforma intenta  borrar el principio de despacho económico del artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica al desaparecer el párrafo que señala que: “la generación y comercialización de la energía eléctrica son servicios que se prestan en régimen de libre competencia”. El nuevo esquema pone boca abajo el sistema anterior ya que quiere recuperar el poder del estado en la generación de energía favoreciendo a las hidroeléctricas de la CFE que serán las primeras en despachar. En segundo lugar en la adquisición de insumos para generar luz, vendrán las otras plantas de la paraestatal, incluidas las termoeléctricas y los ciclos combinados. Finalmente, despacharán las plantas eólicas y solares y los ciclos combinados en manos de particulares.

Como la capacidad eléctrica instalada es superior a la demanda, es probable que estas últimas, paradójicamente las más limpias y baratas, se queden sin poder despachar. Esto complicaría la sostenibilidad de las plantas renovables que en la actualidad abastecen el mercado eléctrico mayorista y amenazaría, potencialmente, con subir el precio de la luz.

Las empresas afectadas han alegado que los cambios contradicen la legislación vigente y la Constitución y han presentado decenas de amparos ante los tribunales que han desembocado en la suspensión definitiva de las modificaciones. Además, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha llevado a la Suprema Corte una controversia constitucional, al considerar que las medidas van contra los principios de competencia y libre concurrencia establecidos en la Constitución.

La realidad es que si la CFE es un monopolio estatal no es un problema, el problema radica en que la reforma energética debe seguir una lógica de regulación de mercado para que sea beneficiosa para la nación, las empresas privadas y los usuarios. Al final del día como consumidoras lo que nos interesa es tener energía barata y eficiente.

A lo que se debe apostar es a las energías verdes, lo que resultaría saludable para el país. La transición verde es el argumento más poderoso, es lo que nos puede llevar al país a la cuarta revolución industrial. El argumento de la soberanía por el petróleo está enterrado junto con este insumo que cada vez es más escaso, costos y difícil de obtener.

La soberanía del futuro está en las energías verdes. Porque algo que no hemos tenido en cuenta en México son los daños a la salud pública y las muertes por los contaminantes producidos al generar energía con combustibles fósiles. Sin embargo, las energías verdes tienen el problema de intermitencia en el servicio, que podrá resolverse al superar el problema de almacenamiento.

Los monopolios estatales en industrias energéticas existen y han existido en casi todos los países del globo. El tema del debate no debería girar en torno a la soberanía o el mercado, sino de la independencia energética, a producir energía dentro del territorio con insumos locales, lo que permita abastecer a toda la industria en el país a precios competitivos, tanto por razones de competitividad como de seguridad nacional.