Mara Muñoz, activista por los derechos humanos de las mujeres y las niñas y consultora de Naciones Unidas expresó, a siete meses de la violación y el asesinato de Cynthia Nayelli, ocurrido el pasado mes de octubre, que “ni en ese ni en otros casos similares hay –hasta el momento- un solo inculpado”.
“Al momento, no hay un solo informe de la autoridad, respecto en el caso de Cynthia Nayelli; simplemente se dijo que había avances en la investigación, pero no se ha puntualizado cuáles son”.
En consecuencia, el feminicidio de la joven (Cynthia Nayelli), a pesar de toda la atención que atrajo, “sigue sin aclararse, lo que nos da una muestra del estado en que se encuentra el resto de las carpetas de investigación (por casos similares)”.
Al momento, no hay tampoco transparencia en los resultados de las investigaciones de los feminicidios, por lo que se requiere que la autoridad los transparente, sin olvidar que en el estado de Zacatecas, del 2013 a la fecha, han ocurrido 300 asesinatos de mujeres, para los cuales solamente hay 87 carpetas de investigación.
La especialista señaló que el feminicidio debe considerarse un acto que implica violencia, al que hay que añadirle la impunidad de parte de quien lo perpetra pero también de parte del Estado, en su calidad de institución.
Lo anterior, porque el Estado realiza acciones y omisiones en ese tipo de delitos; y, en el caso de Cynthia Nayelli, como en el de muchas otras mujeres asesinadas, la falta de infraestructura adecuada: la deficiente o nula iluminación callejera a las seis de la mañana en que ella salía de casa para ir a la escuela; la ausencia de vigilancia policiaca en 20 kilómetros a la redonda de donde ella vivía, y el hecho de tener que caminar ocho kilómetros para abordar un autobús refieren a que todas esas carencias, cuya dotación es obligación del Estado y las autoridades estatales y municipales brindar, propiciaron la comisión del delito.
Salta de inmediato la pregunta, en el caso concreto de Cynthia Nayelli en un dejo de profunda irresponsabilidad de parte de la autoridad, cuando ésta misma dijo un par de días después del feminicidio: “yo no la maté”, pero en los hechos concretos, esa suma de carencias de infraestructura conducen a las causales probables del homicidio.
“Ella no tenía opción a un medio de transporte adecuado, no había seguridad pública, es decir que los rondines policiacos no eran adecuados y toda una serie de situaciones que ponían en riesgo su vida y que no solamente se ven reflejadas en su asesinato y en el de otras, por de toda una serie de condiciones de inseguridad que sufre cuando deben ir a trabajar a la maquila, la oficina, la fábrica o la escuela como parte de sus actividades cotidianas; muchas de esas mujeres no forman parte de la cúpula de poder”.
Muñoz sostuvo que, fuera de esa suma de factores en los que la autoridad incurre en irresponsabilidad, al momento no existen resultados confiables de las investigaciones en términos de proceso penal al que deberían estar sometidos los perpetradores, al no estar –ni siquiera- identificado el sujeto que cometió el delito.
Zacatecas requiere, además, estudios serios que desde los análisis sociológicos y antropológicos nos den a conocer las causas probables de los feminicidios y su relación con los delitos de violencia familiar porque aquí en el estado, “el perpetrador o la persona que cometió el feminicidio es alguien cercano a la víctima en muchas ocasiones”.
Relación no aclarada
Pero es el momento en que dicha relación no ha quedado aclarada mediante un diagnóstico serio de parte de la autoridad.
Aledaño a ello, Zacatecas no sabe qué ocurre con toda la suma de víctimas indirectas, de quienes no sabemos lo que pasa con ellas, para el caso de los niños y niñas que quedan en el desamparo luego de ocurrido el asesinato de sus madres, “pues no sabemos quién se hace cargo de ellos y ellas en su sobrevivencia”.
Comentó que el año 2015 se creó la agencia especializada para investigar el delito de feminicidio, momento en el cual se capacitó a policía ministerial, a ministerios públicos y peritos investigadores; dimos inicio al protocolo para investigar el delito de feminicidio.
Pero desde entonces fue abandonada la capacitación puntual a los servidores públicos porque el hecho de investigar los feminicidios requiere, además de pericia, una visión de género ya que se trata de la manifestación más grave de la violencia en ese aspecto.
Es por eso que los elementos penales no logran consolidarse, porque en primer lugar –insistió- se carece de visión de género, además de derribar una serie de estereotipos y juicios de valor, tales como: era mujer, era coqueta, se vestía para incitar y otros, que forman parte del prejuicio de ese tipo de investigadores en los ministerios públicos.
El hecho, indicó, es preocupante, porque además de que el proceso de capacitación se detuvo, se creó una nueva agencia de feminicidio en la que hay dos agentes investigadoras al respecto, de las cuales, no se tiene una idea precisa de los criterios que aplican y del nivel de capacitación con que cuentan.
“Ante la falta de transparencia por parte de la autoridad, no se tiene una idea clara de los avances en las investigaciones de los recientes feminicidios, porque no hay transparencia, además de la nula capacitación ya aludida, lo que deja de lado el hecho de proveer a esos funcionarios de las herramientas necesarias para investigar de manera adecuada los delitos cometidos contra las mujeres en el caso de los asesinatos y los asesinatos violentos”.
Mucho peligro para nosotras
“Zacatecas no puede ignorar que las calles son espacios que si bien son ocupados por las mujeres cada vez en mayor medida, por sus necesidades de estudio, trabajo y sobrevivencia no son, en sentido alguno, espacios seguros para ellas”.
En pleno siglo XXI, Zacatecas no cuenta con un solo proyecto de ciudad segura para nosotras; las niñas, adolescentes y mujeres maduras, no tienen una sola certeza de conservar su integridad física desde el momento en que salen de sus casas.
Sobre todo, la impunidad que prevalece en los delitos de feminicidio también envía mensajes negativos a la población, al no ser castigados los infractores; todos esos elementos llevan a la reiteración de las causales que generan los asesinatos de mujeres.
Zacatecas no entiende que una de las garantías de los derechos humanos debe ser la garantía de no repetición, pues cuando se comete un asesinato de esa índole, el Estado está obligado no sólo a reparar el daño a la víctima de manera directa sino, además, garantizar que las condiciones que lo propiciaron no se repitan en otras.
“Ese hecho no lo vemos garantizado en Zacatecas mediante un proyecto concreto al respecto”.
Mara Muñoz precisó que hay una magna labor prometéica incumplida en el estado zacatecano y que es tratar de llegar a una cantidad cada vez
