Por Claudia Anaya Mota
Los saldos del primer periodo de sesiones de la LXVI Legislatura en el Senado de la República han dejado un panorama inquietante para el futuro del sistema democrático en México. Durante estos meses, que abarcaron desde septiembre hasta diciembre, se aprobaron numerosas reformas constitucionales en un tiempo récord, pero lo más preocupante es que todas ellas fueron impulsadas sin un verdadero consenso y sin un análisis profundo, gracias a la abrumadora mayoría de MORENA y sus aliados y estos son los primeros resultados:
Reformas regresivas y falta de consenso
Es doloroso afirmar que los cambios a la carta magna son regresivas, porque en lugar de ser un documento donde se sientan directrices para la ampliación de derechos, se ha convertido en un catálogo de prohibiciones y limitaciones.
La desaparición de organismos autónomos en áreas cruciales como transparencia, telecomunicaciones y evaluación educativa es un claro retroceso. Además, la modificación de las facultades de investigación de la Secretaría de Seguridad, que ahora actúa en coordinación con el Ministerio Público (en lugar de ser conducido por este último), plantea serias dudas sobre su funcionamiento eficaz. El cambio en el régimen legal de PEMEX y CFE también es alarmante, ya que implica un regreso al monopolio estatal en los sectores energético y eléctrico, donde el estado mexicano ha demostrado haber fracasado en su administración, pues ambas empresas, no han cumplido con las metas de brindar servicios de manera asequible y eficaz.
Desafortunadamente, la reforma al Poder Judicial destaca entre estas decisiones. Desde su anuncio por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quedó claro que la intención no es mejorar el acceso a la justicia, sino consolidar el poder de su partido en todos los niveles del gobierno. Los «Comités de Evaluación» están compuestos por perfiles cercanos a MORENA, lo que pone en riesgo la imparcialidad necesaria para garantizar una justicia equitativa.
Militarización y derechos humanos
La militarización de la administración pública es otro aspecto preocupante. La inclusión del personal militar en funciones civiles, como la administración de aeropuertos y aduanas, así como su nueva facultad para investigar delitos, plantea serias interrogantes sobre su capacidad para llevar a cabo tales tareas.
La Guardia Nacional ha perdido su carácter civil y se ha transformado en una fuerza militarizada sin la preparación adecuada para investigar delitos. Asimismo, la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa contraviene recomendaciones internacionales sobre derechos humanos. La “literalidad” en la aplicación de esta figura judicial puede llevar a que cualquier persona sea encarcelada sin el debido proceso, violando así el principio fundamental de presunción de inocencia.
El principio de “no reelecciòn” que tanto pregonaron y repudiaron los candidatos de MORENA y sus aliados durante las campañas de este año, se les olvidó cuando se trató de reelegir a Rosario Piedra Ibarra, la ombudsperson cuyo desempeño fue acomodaticio al poder morenista.
Conclusión: Un discurso engañoso que la realidad develará tarde o temprano
En resumen, aunque MORENA presenta su agenda como un avance hacia mayores garantías y derechos para los mexicanos, la realidad es muy diferente. Las reformas aprobadas durante este primer periodo de sesiones revelan una tendencia hacia la centralización del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Es fundamental que los ciudadanos estén alertas ante estos cambios que afectan directamente el tejido social y jurídico del país, que hagamos un ejercicio de reflexión sobre hacia dónde nos llevan estos cambios y si conviene regresar al México autoritario del que la izquierda que hoy está en el poder, luchó por erradicar.