“Zacatecas no cuenta con un diagnóstico serio que permita definir la situación real de violencia en contra de las mujeres, por lo que no se puede plantear una política pública integral de prevención, atención y sanción si antes no se cuenta con los medios para tratar esos asesinatos”.
Es Mara Muñoz Galván, consejera de Naciones Unidas en temas de Seguridad, Democracia y Derechos Humanos en pro de las mujeres, y activista por Derechos Humanos de dos organizaciones no gubernamentales antifeminicidas, quien añade que, en todo ello la autoridad legal correspondiente es omisa, al “lavarse las manos frente a ese tipo de hechos, porque nunca va a las causas reales de fondo, detrás de las cuales se ocultan los feminicidas”.
Respecto de los asesinatos de mujeres en toda la entidad revela que los feminicidios se cometen por aquellas manos que conocen a las víctimas y que en ese tipo de delitos intervienen quienes guardaron una relación de pareja en su calidad de hermanos, tíos o parientes, porque no se han establecido relaciones de causalidad que vinculen a la violencia familiar con los feminicidios para resolverlos.
No se cuenta con los pormenores de esos asesinatos, porque no hay interés oficial alguno en invertir en una política de prevención, atención y sanción en contra de ese tipo de delitos; lo que se hace –en su lugar- es atomizar los hechos, a los que se contempla únicamente como casos individuales pero no en su carácter de problemas estructurales y/o sistémicos.
“Resulta más fácil encarcelar a determinados sujetos que solucionar el problema de raíz por medio de una educación que promueva un nuevo enfoque –con el que al momento no se cuenta-, capaz de promover la atención y el respeto de los derechos humanos y la perspectiva de género”.
Lo anterior, dijo, porque en el sistema judicial imperante no se va a fondo en la capacitación de más y mejores elementos encargados de atender esos problemas dentro de la Procuraduría de Justicia, además de tener escasa inversión de recursos financieros y técnicos con la finalidad de desarrollar investigaciones que brinden justicia a las víctimas e incluso la reparación de daños incluidas las víctimas indirectas.
Por el contrario, expresó la defensora de derechos de las mujeres, se cuenta con un cúmulo de contradicciones, deficiencias y nula operación en la aplicación de la justicia, aunado a la carencia de una política integral para resolver o, en su caso, atacar el problema de fondo.
La Federación, poco interesada
Muñoz Galván dijo que no se trata de exculpar a nadie en ese tipo de hechos, porque desde la Federación misma tampoco se cuenta con una política integral al respecto lo mismo que ocurre en el resto del país, donde de manera similar también se aplican paliativos que no son más que acciones aisladas para mitigar el hecho.
Advirtió que las capacitaciones a funcionarios públicos de ambos sexos para sancionar esos eventos se realizan con personal que ni siquiera cuenta con una metodología de evaluación, además de que a sus análisis jamás se les da seguimiento como parte de los procesos de investigación.
Hay además una multidiversidad de protocolos, lo que causa confusión, enfado, desespero y ansiedad entre los familiares de las víctimas, quienes se ven sometidos a un intenso desgaste en la secuencia de los hechos, que de manera regular son lentos, enredosos y poco claros en su procedimiento.
En ese sentido, expresó que hay mil protocolos tanto en Zacatecas como en el resto del país, los que nunca logran unirse en uno solo pero lo más grave es que cuando logran unificarse, no se llegan a cumplir. Por eso es que en temas tan delicados, la federación no puede pedir a las entidades lo que ella misma es incapaz de realizar.
En el exterior se contempla a nuestro país como una democracia fallida que aplica reglas dispares en la atención de las víctimas femeninas.
“A México lo conciben como una nación que ha incumplido a la vista de todo el mundo, pues todo aquello que firmó y se comprometió a cumplir en materia de tratados de respeto a la integridad de las mujeres, y que fueron ratificados con posterioridad en su carácter de leyes nacionales para atacar sólo el problema de manera superficial, no han logrado cumplirse”
Muñoz Galván explica que los feminicidios tienen un matiz distinto a diferencia de aquellos que se cometen contra los hombres, porque las razones de género son muy claras, matiz que no se ha logrado entender en su totalidad.
Lo anterior, porque no solamente implicaría la capacidad de castigar a los responsables, sino además el juicio autocrítico, capaz de tomar en cuenta aquellas medidas de fondo que permitan transformar el escenario y los sistemas y subsistemas prevalecientes que reproducen las violencia en contra las mujeres no solamente cuando son violentadas sino, cuando una vez fallecidas, se siguen procesos que para nadie quedan claros.
Al respecto, señaló que toda las asociaciones civiles en defensa de las mujeres deben unificar la voz, como se logró en el caso de la emisión de la alerta de género, que se aplica actualmente en 12 municipios del estado de Zacatecas, pero que en el fondo es inconsistente, porque las instituciones no están preparadas para llevar a cabo ese proceso como se hubiera esperado.
Escaso personal
Encima de ello, la comisión para erradicar la violencia contra las mujeres tiene escaso personal para emitir la alerta de género en todo el país por lo que aun cuando actualmente haya cientos de municipios en los que ya se decretó la esa aplicación, no cuentan, desde el punto de vista operativo con el suficiente personal, y los diagnósticos preelaborados por expertos no son exhaustivos ni tampoco serios.
En consecuencia, las recomendaciones son iguales para todos los puntos del país pues lo mismo que se pide en Guanajuato se pide también para Zacatecas o Sonora aun cuando las características de cada uno de esos feminicidios suela variar de un punto geográfico al otro y de un momento al siguiente; no puede haber igualdad y la consecuente emisión de una sola recomendación en todos los lugares durante lapsos distintos.
Las víctimas y sus familiares sufren, por todo ello, una simulación más, cargada de deficiencias de parte de las autoridades gubernamentales, pues más allá de la alerta de violencia de género, para el caso específico de Zacatecas, tendríamos que preguntarle al estado, porqué sigue con su apuesta a los paliativos sin ir realmente a la resolución de los asesinatos.
Evidentes retrasos
En México apenas en 2002 las asociaciones defensoras de derechos femeninos pudieron sacar adelante la cuota de género para el caso específico de legislaturas y ayuntamientos, que, era entonces de 70 a 30 y que, 15 años después permitió aplicarse a 50 y 50 por ciento.
Para atender a las víctimas de feminicidios, nuestros movimientos han sido de manera similar muy lentos y tardíos porque la mayor parte del tiempo han debido confrontar a una clase política que gobierna todavía de manera parroquial y pueblerina, a partir de la ignorancia y la ambición personal, incapaz de entender las necesidades de mujeres violentadas que, en carácter de urgencia, requieren las mujeres violentadas mediante labores de prevención, cuidado, apoyos legales, jurídicos, técnicos y profesionales eficientes y científicos, con resolutivos expeditas y satisfactorias una vez que han sido maltratadas.
Los recursos zacatecanos
Para atender ese tipo de necesidades, Zacatecas tiene apenas dos agencias encargadas de feminicidios que, a pesar de todos los inconvenientes han dado resultados en términos de penalizaciones, debido a que apenas 22 de 36 casos han sido judicializados; es decir, que se logró ponerlos en manos de los jueces para que fueran ellos quienes determinaran las penalizaciones correspondientes, lo que no deja de ser una cifra importante.
“Estas agencias, sin embargo, no tienen los recursos humanos ni materiales suficientes para hacer su trabajo, el que realizan a contracorriente, lo que representa escollos en la investigación de los delitos, porque las pruebas periciales tardan de dos a tres meses en ser acopiadas, que es el tiempo que los policías ministeriales invierten, más o menos, lo que afecta el lapso de investigación”.
Dentro de ese sistema de penalizaciones, no se cuenta con los elementos suficientes para efectuar una debida diligencia; es decir, que se trata de problemas que van desde la procuración y la administración de la justicia, indebidamente resueltos hasta las instituciones encargadas de la salud o educación, que han sido incapaces de realizar un trabajo con perspectiva de género para combatir la violencia contra las mujeres a partir de los riesgos que corre una persona del sexo femenino, por el simple hecho de nacer mujer en México.
Al momento hay 36 carpetas abiertas de investigación por el delito de feminicidio en el estado, sin dejar de tomar en cuenta que las mujeres asesinadas rebasan por mucho ese delito.
El número de 36 surge a partir de que en 2013 se tipificara el delito de feminicidio que, por cierto, no se mide por cifras que, para el caso de Zacatecad, cierto es, no son similares a las que tiene el estado de México; al respecto, ese delito se evalúa por el grado de crueldad y gravedad con el que se comete, además del daño y el impacto que causa al tejido social y los perjuicios a las víctimas indirectas, habida cuentas de los hijos e hijas de las víctimas.
De estos últimos, hay que decir que el Estado mexicano no se ha hecho cargo hasta el momento, en lo que se refiere a los hijos e hijas de estas mujeres asesinadas.
“No solamente pierden a su madre sino todas las posibilidades de apoyo, cuidado y acompañamiento que se merecerían a causa de esas pérdidas”.
Los perfiles de los violentadores
Al hablar sobre las características de los feminicidas, Muñoz Galván dijo que en este momento la justicia no puede regirse por los acostumbrados lugares comunes, y definirlos a todos ellos como “enfermos”.
“No están enfermos en muchos de los casos sino que se trata, en todo caso, de hijos sanos del patriarcado; es decir, personas que ejercieron de manera ilimitada todas sus capacidades de violencia dentro de sus relaciones de pareja; eso, porque desde el gobierno o peor aún desde el Estado mismo, no hay instituciones que intervengan de manera efectiva cuando una mujer sufre violencia familiar desde el hogar, el ciberacoso escolar y otros”.
El caso de la señora asesinada en Pinos, mayor a 70 años es caracaterístico de un agresor que ejerció violencia en su contra durante todos los años que estuvieron juntos como pareja, a lo largo de 30 años, hasta que la mató de una contusión en la cabeza con un tubo.
Y retoma su queja inicial; “mientras no contemos con instituciones a las cuales las mujeres se acerquen confiadas a pedir ayuda, no vamos a combatir el feminicidio”.
Otro de los feminicidas quemó a su hermana viva cuando estaba embarazada de ocho meses con una bebé; esa persona había atentado contra ella mediante diversos actos y los padres no denunciaron jamás los actos ni tampoco intervino la autoridad capaz de inhibir esas conductas.
Todos ellos ejercieron de manera constante violencia ilimitada hasta llegar al punto de provocar la muerte y en ninguno de los casos se puede decir que estaban “enfermos”.
La cultura de atacar mujeres
El feminicidio, para existir, implica dos aspectos, uno de ellos es la impunidad social y la impunidad de Estado, pues si bien es cierto que las instituciones formales e informales, como la Iglesia, la escuela, la familia y otras son encargadas de reproducir y normalizar la violencia contra las mujeres por medio de estereotipos machistas que las condenan a la subordinación y la opresión social, también lo es que el conglomerado social tiene una responsabilidad en la creación y reproducción de los feminicidas, quienes no son individuos aislados sino producto de un sistema de generación, apoyo, soporte y reproducción de todos ellos.
Es por eso que, indicó, hay impunidad de Estado porque en su momento, éste no intervino jamás para limitar esas agresiones y prevenirlas.
El Estado mexicano, que ha firmado gran cantidad de acuerdos internacionales para proteger a las mujeres, ni siquiera los ha respetado, porque jamás los leyó y si lo hizo, no los comprendió, toda vez que en muchas de esas observaciones pudo evitar ese tipo de asesinatos para el caso de colocar, por ejemplo, un transporte público eficiente para que esas mujeres obreras se hubieran trasladado con seguridad a sus hogares por la noche, pero también pudo prevenirlos colocando alumbrado público y seguridad pública o al menos investigando dentro de las primeras 48 horas de desaparición de muchas de esas mujeres pero no lo hizo.
Es por todo eso y mil causas más que se puede decir que en México opera, para el caso del feminicidio, la impunidad de Estado mismo, omiso en múltiples ocasiones.
“Y por eso podemos hablar de que en los feminicidios todos y todas las instituciones participamos de alguna manera, pero si el propio gobierno no cuenta con la capacidad de autocrítica para redefinir sus acciones, la tragedia es constante”.
Lo más grave es la idiosincrasia de las personas que nos gobiernan para el caso concreto de que el Estado no actúa en consecuencia; hemos encontrado que en Zacatecas hay una jerarquización de los problemas, y la violencia en contra de las mujeres no se halla dentro de los primeros lugares sino como un hecho relegado hasta los últimos sitiales.
Priva en Zacatecas la ignorancia, la misma que ha impedido implementar una política protectora e interventora para la prevención, atención y sanción a la violencia en contra de las mujeres.
Encima de todo ello, se actúa con negligencia debido a que ese tipo de delitos no forman parte de las prioridades en materia de gasto público, ya que no es un tema rentable, ni siquiera desde el punto de vista político.
Para el caso del crimen organizado, habría que destacar que éste también comete feminicidios y que en Zacatecas, cuando las mujeres mueren a manos de esos delincuentes, se les clasifica como asesinatos pero no como feminicidios, lo que es erróneo pues muchas presentan causales que, de acuerdo con lo tipificado en el Código Penal, pueden considerarse como feminicidios.
En los feminicidios mueren toda clase de mujeres, niñas, mujeres maduras, ancianas, doctoras en letras; los riesgos para muchas de ellas son inminentes y de todas las condiciones socioeconómicas.
“Sin embargo, el feminicidio se concentra de manera muy marcada dentro de los estratos socio-económicos más bajos pero todas absolutamente estamos en riesgo inminente ya que vivimos en un sistema patriarcal que las cosifica al poder venderlas, golpearlas o asesinarlas”.
Tal cosificación las afecta a todas, sean conscientes o no del hecho pues en sus orígenes muchas de esas agresiones parte de campañas publicitarias o de moda en las que se reproducen ciertos estereotipos de belleza en los medios de comunicación en donde se les discrimina, lo mismo que en los ámbitos laborales, donde existe por igual discriminación.
En México y en Zacatecas es claro que más de 60 por ciento de las mujeres han sufrido violencia en sus relaciones en algún momento de sus vidas.
Por otra parte, el modelo económico ha llevado a que muchas mujeres se integren a la vida laboral remunerada, durante los últimos 30 años, como una necesidad de sobrevivencia por múltiples causas como el encarecimiento de la vida, la sujeción a los estándares de vida burguesa, o el hecho de intentar sacar adelante a sus familias, o bien, la sobrevivencia misma.
Debido a esa incorporación al mercado de trabajo es que se han producido cambios en las dinámicas internas de los hogares, en donde las mujeres no solamente realizan labores del hogar y salen a trabajar y cuidar a los hijos; se trata de dobles y triples jornadas, no remuneradas, que llevan a observar que los hombres no se han sumado a las tareas del hogar de la misma manera que las mujeres se han sumado a las tareas económicas fuera del hogar.
Por fortuna, las nuevas generaciones de hombres y mujeres tienen nuevos compromisos en cuestiones de género, sobre todo entre los nacidos en los 90 y los 2 mil como cambio importante; pero es cierto que en las generaciones anteriores, las de los años 50, 60 y 70 prevalecía mucho el estereotipo del macho mexicano que realizaba de manera tajante una división sexual del trabajo sin comprometerse a las labores del hogar.
Las cifras de la violencia
Cabe destacar que para poner en funcionamiento la alerta de género, las autoridades investigadoras deben cumplir con una serie de requisitos, tales como el nombre de la víctima, el nombre del asesino, debe destacarse si el feminicida fue aprehendido, si fue asesinada a balazos, golpes o puñaladas y el lugar del homicidio.
De acuerdo con María Salguero, una internauta que desde hace meses se encuentra estudiando la regularidad y frecuencia de los feminicidios en México y quien comenzó elaborando, mediante señalamientos en cruces rojas y moradas, las diversas partes del país en donde se ha asesinado mujeres durante los últimos meses, señala que la República mexicana es de manera definitiva un sitio geográfico inhóspito para las mujeres porque la densidad de asesinatos en sus mapas cubre casi todo el espectro del territorio nacional.
Trascendió que en México, siete mujeres son asesinadas cada día y que sólo 25 por ciento de los casos se investiga como hechos feminicidas, de acuerdo con lo que reporte el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.
La instancia coincide con Mara Muñoz en el hecho de que en contadas ocasiones se realiza investigación sobre ese tipo de asesinatos y que la mayoría de las mujeres son encontradas con el cuerpo mutilado, o bien que fueron violentadas sexualmente, torturadas de manera previa y finalmente arrojadas en canales o baldíos.
Lo peor de todos esos hechos es la impunidad con la que los feminicidas se siguen moviendo, lo que obliga, en muchos de los casos a que las familias investiguen por su cuenta, con lo que ello implica de desgaste moral ante autoridades ministeriales incompetentes. Y no falta el Ministerio Público que les pida les aporten las pistas necesarias y suficientes o en ocasiones las culpen “por lo que pasó”.
En México, los feminicidios representan menos de 40 por ciento de los homicidios perpetrados de manera violenta entre mujeres tan sólo en la Ciudad de México.
En efecto, fue hasta julio de 2011 cuando se tipificó como delito grave el feminicidio en nuestro país de modo que en el Artículo 148 bis del Código Penal del Distrito Federal quedó inscrito que se consideraba ese delito como grave, “para el caso de aquél o aquéllos que privaran de la vida a una mujer, por razones de género”.
Sin embargo, de acuerdo con ese código, para que se tipifique como caso de feminicidio, el hecho debe constar de una o de las siguientes cláusulas: “Que la víctima presente signos de violencia sexual, que haya sido amenazada, violentada o acosada de manera previa, que estuviera incomunicada previo a su asesinato”; las penalizaciones por el hecho rondan los 60 años de prisión.
En tanto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), señala que de 2011 a 2015 alrededor de 555 mujeres fueron víctimas de homicidios violentos, tan sólo en la ciudad de México.
Pero hay subregistro para los casos de feminicidios, toda vez que, como lo anota Muñoz Galván, hay enorme incompetencia de las autoridades porque se resisten, en muchos de los casos a investigar.
Y en Zacatecas, 30 por ciento de los feminicidios se han cometido en Fresnillo, sin que hasta el momento las autoridades hayan cobrado conciencia del caso mientras que entre los años 2013 y 2014 se registraron tan sólo seis denuncias en toda la entidad.
Las cosas alcanzaron un límite cuando Angélica Ñáñez Rodríguez, entonces titular del entonces Instituto de la Mujer en Zacatecas, señaló el 22 de octubre de 2014 que Zacatecas “sí cuenta con ministerios públicos capacitados y actualizados para resolver los casos de trata de personas y feminicidios”
Ante ello, apenas el pasado 24 de enero de este año comenzó a trabajarse en la implementación de la alerta de género, para el cual las autoridades correspondientes analizaron, primero, si en la entidad se cumplía con las causales para una alerta de género en contra de la violencia feminicida ante la falta de respuestas adecuadas y pertinentes de los gobiernos federal y estatal.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica de Relaciones en el Hogar trascendió que en Zacatecas, 24. 2 por ciento de las mujeres ocupadas aseguró haber sufrido algún tipo de violencia, mientras que cinco de cada 10 mujeres menores de 16 años reconoció haber tenido incidentes violentos en sus relaciones de pareja; asimismo, 27.8 por ciento de las zacatecanas reveló haber sufrido violencia patrimonial, entre otros.
