Durante décadas la prioridad de los gobiernos en México fue convertir al país en un imán para las inversiones, pese a que ese objetivo se cumplió de manera marginal, mantener a raya el salario era uno de sus componentes estratégicos.
Al sector empresarial se le pavimentó el camino brindándole facilidades en varios rubros como la infraestructura con la construcción de naves industriales, excepciones fiscales y por si fuera poco el garante de mano de obra barata, que dicho sea de paso carecía y sigue careciendo de especialización.
Para lograr convertir a México en país atractivo para los inversionistas el salario mínimo debió mantenerse sin variaciones importantes desde hace al menos dos décadas.
Pero dado que el salario real ha mermado su poder adquisitivo más notoriamente desde la crisis de 1976 cuando se disparó la inflación, la exigencia popular de salarios más justos es una demanda añeja. En ese sentido, de acuerdo a un comparativo de las fluctuaciones salariales, canasta alimentaria e inflación, el poder adquisitivo salarial promedio no ve mejores tiempos desde 1936.
Según esos datos, el precio de la canasta básica era tan accesible que bastaba con 1 salario mínimo para comprar huevo, leche, arroz, tortilla, frijoles, chile, etcétera. La estrategia económica utilizada en esos años por Lázaro Cárdenas era la de controlar la inflación y aplicar aumentos salariales graduales.
Por desgracia, la época de bonanza terminó en los albores de la década de los 70 con la entrada gradual del neoliberalismo como sistema económico. A partir de ahí el salario real (lo que se puede comprar) ha mostrado tendencias a la baja, mientras el salario nominal (el ingreso por jornada laboral) ha incrementado raquíticamente.
Esta verborrea que le acabo de recetar, querido lector, lectora, se debe a que hace días el Presidente de la República anunció que a partir de enero del 2020 el salario mínimo aumentará 20 por ciento, pasando de 102.68 pesos a 123.22 pesos.
Ante este anuncio, algunos economistas prevén escalada inflacionaria debido a que se promueve casi por decreto, en lugar de impulsar el aumento de manera gradual.
Para la parte oficial, señalan que no hay motivos para alarmarse ya que, según el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con la medida del Gobierno de AMLO no habrá inflación porque «cuando los salarios medios tienen una distancia muy alta contra los salarios mínimos, como en el caso de Estados Unidos y como es aún más en México, no tiene este efecto en el empleo o inflación».
Desde la federación, argumentan también que se trata de mejorar en gran medida el ingreso de los trabajadores que tienen solo un salario mínimo y que es un acto de justicia social que incentivará el consumo y por ende efectos multiplicadores en la economía.
Sin embargo, en lo personal trataría el tema con mucha cautela. Y es que, ante los cambios abruptos que ha significado la llegada de los promotores de la «Cuarta Transformación» al poder, el sector empresarial sigue mostrando cierto nerviosismo.
El asunto sigue siendo que un aumento de los salarios desincentivaría la inversión al aumentar los costos de producción, lo que al final traería como consecuencia que la poca inversión no genere empleos o lo que es peor se pierdan los que ya existen.
Desde la óptica del empresario, si aumentan su gasto en salario, la opción más viable para mantenerse a flote al ver reducciones en sus ingresos será el recorte de personal o mudarse a países que le ofrezcan mayores beneficios como China, donde la alta oferta de mano de obra, es garante de precio menor del trabajo.
Ese escenario, por supuesto que es desalentador y nada positivo y daría al traste con la promesa del actual mandatario de garantizar un país más equitativo o al menos uno con un ingreso un poco más justo para los trabajadores que menos ganan.
El meollo del asunto de acuerdo a los expertos en el tema, sería aplicar la medida como se quita un curita: poco a poco. Es decir, aunque es evidente que un salario raquítico acentúa los niveles de pobreza y marginación y que su aumento plantea una estrategia coadyuvante a ellos, es una medida que debe tratarse con pinzas.
En ese aspecto, pese a todas las buenas intenciones del ocupante de Palacio Nacional, la economía mexicana es sensible a cualquier ventarrón eso lo demostró este primer año de gobierno con crecimientos menores a 1 por ciento que alertaron a más de uno.
Esa tendencia ya tiene nerviosos a los mercados y aplicar medidas como esa fast track, podría resultar contraproducente y más allá de traer el tan ansiado bienestar a México, acentuaría el desempleo. Ojalá nada de eso pase.
