Actualmente vivimos tiempos convulsos, el mundo sigue resintiendo la crisis económica y social que derivó de la emergencia sanitaria por el Covid-19, aunado a los efectos inflacionarios por el incremento en el precio de los energéticos, el alza en las tasas de interés de las bancas nacionales y la apreciación del dólar causados por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Lo anterior, impacta en la política de gasto de México, que ya tenía una tendencia a la austeridad. La austeridad económica se define como una disminución en las erogaciones del gobierno para reducir los déficits públicos. Mientras que nivel global los programas de austeridad implementados por los bancos centrales para satisfacer los intereses de los mercados financieros llevan la batuta del desenvolvimiento económico, político y social.

En nuestro país la austeridad se vio reflejada en recortes o incrementos mínimos por debajo de la inflación (7.2% esperada este año, INEGI) a programas que atienden la violencia contra mujeres, las alertas de género en los estados y los que promueven la igualdad entre  hombres y mujeres, así como la desaparición programas que faciliten la reproducción social.

La “reproducción social” se define como la forma en que se producen y reproducen las condiciones que sostienen un sistema social. Dichas condiciones se reproducen con ayuda de la cultura y los sistemas de intercambio basados en una estructura productiva condicionada por el entorno de los recursos naturales. En este esquema, existe un contexto en el que las mujeres cumplen una función biológica fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que a su vez define la participación de la mujer en la actividad económica.

Pese al incremento del presupuesto 2022, este año solo el 3,3% del total se destina a en reducir la desigualdad de género entre hombres y mujeres; sin embargo, casi el 90% de dicha cantidad irá destinada a los programas prioritarios del presidente. La red de albergues para mujeres recibirá 0.04% más que en 2021, lo que representa el 0.3% de lo destinado a la Secretaría del Bienestar. El programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, se recortó 1,5% del presupuesto de 2021. 

También se han reducido las Acciones para implementar las alertas de género en el país en 3,6%, pese a que 22 de 32 estados tienen activado este mecanismo contra la violencia, el Programa de construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) también sufrió un recorte de 3,6% al pasar de 126 millones de pesos a 122 millones y el Programa para la atención y prevención de la violencia se rebajó 0,3 por ciento.

Mientras que el Programa de apoyo a las Instancias de Mujeres en los Estados (PAIMEF) tuvo un aumento del 0.04%, mientras que el Programa de Apoyo a para el Bienestar de los Hijos de Madres Trabajadoras experimentó un retroceso de 3,6%, respecto al año pasado. Dentro de las pequeñas subidas el Programa de salud sexual y reproductiva se incrementó 0,1% y el de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres un 3 por ciento. 

La desaparición de las guarderías y de las escuelas de tiempo completo, pone en jaque a las madres trabajadoras, muchas de ellas se vieron obligadas a abandonar sus empleos, fuentes seguras de ingreso para poder dedicarse al cuidado de sus hijos e hijas, sin mencionar que con la alza en la violencia dentro de los hogares durante la pandemia, niños y niñas perdieron espacios seguros de desarrollo y alimentación.

Con 11 feminicidios diarios, las consecuencias de esos recortes se traducen en vidas de mujeres y niñas. La violencia contra las mujeres en nuestro país era ya una pandemia antes de la pandemia devenida del Covid-19. Los feminicidios deberían de estar en el centro y los recursos reflejar el interés que tiene el Gobierno por solucionar una problemática de esta dimensión. Es un gobierno progresista y feminista en el discurso y en los hechos conservador y misógino como sus antecesores.

La política es recetada por los que creen en ella, incluso cuando el resultado es una gran cantidad de dolor y, aun cuando se traduce en una mayor pérdida de empleos y disminución en el crecimiento económico. Cuando las mujeres consiguen mayor igualdad y mejores condiciones de vida, nuestro entorno mejora porque son una pieza fundamental en la sociedad para revertir la pobreza y la desigualdad.

Se ha cuantificado que si se invirtiera 2% del PIB en la economía del cuidado se podría incrementar la tasa de empleo entre 4-7%, se podrían crear entre 59 y 70% de nuevos empleos. La economía del cuidado es la base para que más mujeres puedan insertarse en la esfera económica y accedan a la educación, mejores viviendas y empleos con salarios justos.

En 2020, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado mexicano asegurar recursos públicos suficientes para desarrollar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva en el país, cosa que en los hechos no ha sucedido y se encuentra muy lejos de lograrse.