Desafortunada manera en la que funcionarios públicos vulneraron la integridad física del académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Jairo Antonio López. Everardo Ramírez Aguayo, titular de la Comisión local de búsqueda y Rodrigo Rosas Collazo, fiscal Especializado para Atención de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, no dudado en soltar la inverosímil versión de que el universitario está detrás de las quejas de colectivas de búsqueda. Aún cuando Zacatecas no es seguro para defensores de derechos humanos, las autoridades centraron reflectores en el docente e investigador, en conferencia de prensa. Ramírez Aguayo señaló: «Yo quiero comentar que hemos detectado a una persona, que es un académico de la UAZ, quien ha tratado de enrarecer los avances que tenemos en las mesas de trabajo (…). Es el doctor Jairo Antonio López, él es el que ha asesorado al colectivo. De alguna manera él ha estado encareciendo el tema porque ha sacado algunos artículos en periódicos y vemos que no están acorde con lo que platicamos en las mesas de trabajo y eso no vamos a permitirlo porque creo que el mecanismo que estamos realizando aquí en Zacatecas, de reunirnos semana con semana, con las víctimas realmente ha tenido frutos y eso no vamos a permitirlo porque él quisiera que no hubiera mesas de trabajo, él quisiera que no hubiera avances y la verdad sí existen y están palpables (sic), las víctimas lo pueden corroborar».
El origen de la molestia de los representantes del estado, ocurrió por la publicación, el pasado miércoles, de una postura de la colectiva Sangre de mi Sangre. En ella, en representación de madres y familias buscadoras, se expresaba inconformidad porque a pocas semanas de la supuesta realización de la ya pospuesta Brigada Nacional de Búsqueda en la entidad, no hay claridad logística de la parte oficial. Y es que, por no existir condiciones para recibir a familias buscadoras de otras partes del país, se pospuso en octubre una brigada que coordinaría el gobierno en conjunto. Recordemos que se necesita garantizar condiciones de seguridad, alimentación y hospedaje, para entrar a los territorios dominados por el narco. No se realizó y se planea que ocurra del 15 al 29 de marzo. No obstante, las familias de personas desaparecidas temen que se vuelva a postergar la búsqueda de campo, la solución propuesta para encontrar a los seres queridos no localizados. Debido a ello, manifestaron a través de un documento compartido en redes sociales, en el que señalaron las siguientes omisiones:
No se ha reconocido el carácter federal de la brigada de búsqueda. Frente a ese señalamiento, Rosas Collazo se salió por la tangente al señalar que la fiscalía local no puede intervenir en carpetas federales. Muy extraño que hable de que la desaparición es un flagelo nacional y hasta hoy no haya coordinación con las instituciones federales, que diga que los tres órdenes de gobierno atienden y que no se libre esa traba.
El segundo punto que exhibió la colectiva, es relativo a la logística para recibir a personas de todo el país, que tienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos en algún punto de la entidad. Ante un contexto de criminalidad que las autoridades han dejado crecer ¿ El gobierno no podrá hacer el esfuerzo mínimo de coordinarse para recibir a buscadoras de todo el país?
En el tercer punto, se afirma, palabras más, palabras menos, que pese a toda la verborrea que se vierte promoviendo que se trabaja, no se ha establecido una agenda de búsqueda de campo en lugares específicos que son claves. Por último, después de cansadas reuniones semanales con autoridades, las colectivas de familiares de víctimas de desaparición, no ven soluciones concretas. Por esa razón, temen que la estrategia del gobierno estatal, sea sólo una treta engañaingenuos, de simple simulación. Frente a esa postura, los titulares de la comisión de búsqueda y la fiscalía especializada, pusieron el grito en el cielo e hicieron blanco de su molestia a un académico que solo ha brindado acompañamiento solidario. Los servidores públicos parecen no entender que les falta empatía para entender que las madres y familias buscadoras, saben que cada minuto que se pierde, significa el contraste entre la vid ay la muerte. Es claro que no necesitan quien les meta ideas, es lógico que ven inútiles e infructuosas las reuniones semanales porque les urgen respuestas y acciones palpables. ¿Y cómo no? Ya pasaron 6 meses de encuentros con autoridades y cada día se apaga más la fe de encontrar a sus familiares con vida. ¿ Cómo les piden conformarse con atrasos en las brigadas de búsqueda? ¿ Cómo les piden reconocer lo que los representantes de las instituciones encargadas llaman «resultados», cuando no encuentran otra salida a su desesperación que rastrear ellas y ellos mismos a sus hijas e hijos, padres o esposos?
Lo menos que pueden hacer Everardo Ramírez y el fiscal Rosas Collazo, es dar respuesta concretas a la petición de salir a buscar. Lo menos es romper las trabas para que se realice esa diligencia. En lugar de presumir que realizaron más de 7 mil acciones, se necesita que hablen de personas halladas. Buscan pretextos, responden ofendidos los cuestionamientos al gobierno, que según ellos hace todo lo posible, cuando la realidad es que no hace lo suficiente ¿ Se les hace bien afirmar que en 6 meses de «acciones» sólo han entregado 5 cuerpos a las familias? Se les olvida que, aunque según ellos hay un desfase de datos y que no son más de 3 mil 800 desaparecidos en Zacatecas como dice el registro nacional, sino poco más de 3 mil 100, que ellos contabilizan. Aún así, más de 3 mil 100 personas que faltan en los hogares, que sus familias no saben si viven o murieron, es una cifra escalofriante.
