Por: Claudia Anaya Mota
El pueblo mexicano ejerce su soberanía a través de los Poderes de la Unión que, para evitar caer en excesos y abusos, se divide en tres: el Poder Ejecutivo (representado por el Presidente o Presidenta de la República), el Poder Legislativo (representado en la Cámara de Diputados Federal y la Cámara de Senadores) y el Poder Judicial (constituido por Jueces, Magistrados y Ministros Federales); cada uno de estos poderes tiene como característica su independencia y ninguno de ellos, debe estar depositado en una misma persona.
La Presidencia de la República está representada en una persona que fue propuesta por un partido político o coalición y que fue electa por voto mayoritario en una elección, lo mismo sucede con los diputados y los senadores, mientras que, en el caso del Poder Judicial su elección no provenía del voto popular y explicaré la razón.
Los Ministros, los Jueces y Magistrados, no representan a nadie sino a la Ley. Para que los jueces y magistrados llegaran a desempeñar esta función de tan alta, delicada y especializada responsabilidad, se formaban por largos años en lo que se conoce como la Carrera Judicial e iban avanzando en los cargos, conforme a exámenes de oposición calificado por expertos en la materia.
En el caso de los Ministros, llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una elección indirecta, es decir, son elegidos por quienes sí fueron votados mediante una elección directa y voto popular, como es el caso de las y los senadores.
Ciertamente, el Poder Judicial tiene muchos problemas, entre ellos, el nepotismo y la corrupción, pero ninguno de estos se va a resolver con la puesta en marcha de la Reforma Judicial, porque lo único que se ha hecho, es pasar a la arena electoral a la justicia. Politizar la justicia no tendrá ningún beneficio para las personas ni para República.
A grandes rasgos, les explico el procedimiento de elección para los futuros integrantes del Poder Judicial: La convocatoria para desempeñarse como Juez, Ministro o Magistrado, será emitida por el Senado de la República y será de carácter público, es decir, cualquier abogado podrá registrarse; una vez realizado lo anterior, el primer filtro será una insaculación pública o dicho en palabras llanas, una tómbola (aunque parezca inverosímil, no lo es), que brindará el listado de aquellos que pasan a la siguiente fase.
De dicha lista, el presidente, los diputados y los senadores, así como los actuales Ministros, haremos una lista de quienes podrán ir a contender durante el proceso electoral.
El día de la elección, la ciudadanía tendrá una boleta en sus manos para que, de entre cientos de nombres, elija a aquella persona de su preferencia que debería tener en sus manos la impartición de justicia en nuestro país.
Reitero, este proceso de elección no va a resolver los problemas y los retos de acceso a la justicia, como el déficit de ministerios públicos o el mejoramiento de nuestras policías locales, por el contrario, esta apertura puede ser una tentación para que los poderes fácticos, el poder económico o el crimen organizado, tomen en sus manos la justicia de este país, alejándola aun más del verdadero pueblo mexicano.
En conclusión, perdiendo la autonomía, la libertad y la soberanía del Poder Judicial, derrumbamos uno de los pilares de los Poderes de la Unión. Estoy cierta de que esta reforma, únicamente atenta contra los principios fundamentales de la República.