Por: Claudia Anaya Mota
Esta semana, en el Senado de la República con el respaldo y los votos de la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión, consolidó el avance de la militarización en nuestro país, al avalar que la Guardia Nacional (un cuerpo policial cuya esencia se planteó en un inicio como civil) dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que suma la tarea de la seguridad pública a manos de los militares.
Quién piense que esta reforma se trata de la formalización en la Constitución de hechos que ya ocurrían, se equivoca; no comprende los conceptos, no comprende la implementación y tampoco avisora los riesgos de esta peligrosa reforma, con ella rompemos todos los límites y sobrepasamos todas las barreras antes contempladas para el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
He escuchado voces que sostienen que afirmar que “vivimos en un país militarizado” es una exageración, pero no es así; si revisamos el significado del concepto “militarización” nos daremos cuenta que se refiere al desplazamiento y sustitución de funcionarios civiles gubernamentales por mandos castrenses, sin tener mayor relevancia si su mando o jefe superior es un civil o un militar.
No olvidemos que mandos militares están participando dentro de la administración pública, al hacerse cargo de las aduanas, veinte aeropuertos, puertos mercantiles, la nueva línea aérea estatal, las sucursales bancarias del Bienestar, el tren maya; también construyen infraestructura y hasta se han encargado de entregar vacunas.
Lo esencial en esta discusión pública sobre la militarización, es que ahora se suma la tarea de la seguridad pública, pese a la enorme diferencia de formación entre los cuerpos castrenses y los cuerpos civiles. El primero, tiene una formación de defensa, ataque y de letalidad, mientras que el segundo, tiene una formación de proximidad y protección, dejando el uso de la fuerza y la letalidad como última opción.
Lamentablemente, si revisamos algunos indicadores de violencia como homicidios dolosos a partir de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, nos damos cuenta que estos no han disminuido en los tres últimos sexenios, por el contrario, han incrementado.
Para que se den una idea: En 1994 cuando SEDENA y SEMAR pasan a formar parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública gracias a una reforma constitucional, la cifra de muertos fue de casi 80 mil al culminar aquel sexenio, en tanto, veinte años después (luego de diversos intentos por brindar un marco legal constitucional de actuación a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pese a sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde nos conminan a tener un cuerpo nacional policial de carácter civil), la cifra rebasa 200 mil homicidios dolosos y un número indeterminado de desaparecidos.
El aspecto más preocupante del pase de la Guardia Nacional a SEDENA, es que si recordamos la reforma que brindó un marco legal a su origen, estableció que la Guardia Nacional sería un cuerpo nacional policial de carácter civil que podía convocar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en casos extraordinarios, de manera, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, pero ahora, la reforma respaldada y aprobada por el oficialismo, establece que podemos usar a las fuerzas armadas para cualquier actividad que el Congreso determine. Así de laxo, así de inquietante.
En materia de seguridad, significa que una detención o revisión bajo la justificación de preservar la seguridad pública, por ejemplo, en una carretera, sería llevada a cabo no precisamente por un guardia nacional, sino incluso por un militar; además, la reforma aprobada va más allá, pues brinda facultades de investigación al personal castrense.
No sé si nos damos cuenta de la distorsión que estamos dando de la esencia fundacional de las fuerzas armadas y del gran riesgo en que ponemos a la población, porque reitero, la formación de un civil en tareas de seguridad es diametralmente distinta a la de un militar en estas actividades. Hay registros de que la participación de las fuerzas armadas conlleva a mayores abusos y violaciones a los derechos humanos.
Se nos ha dicho que las policías locales son insuficientes ante el enorme reto de la seguridad y considero que la solución inicia reforzando los municipios, al contar con policías locales con mejor capacitación, mejores salarios, mejores armas, mejores controles de confianza y mayor presupuesto, pero si seguimos en este camino, de claudicar en lo local, entonces se justifica ponernos en manos de las fuerzas armadas que tampoco nos garantizan nada.
Sostengo lo anterior, porque el máximo mando militar que está a cargo de la seguridad en Sinaloa, una entidad que se prácticamente se ha paralizado en su totalidad por enfrentamientos entre dos carteles del narcotráfico, sostuvo que la paz no dependía de ellos, sino de los grupos delincuenciales”. Esto me lleva a pensar que al finalizar este sexenio sí se le ha apostado a la paz, pero a la paz narca.