Por Norma Galarza
«La corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia, como sin duda lo son hoy»
Mahatma Gandhi
➡️Comparecencia y guiño de la diputada a Adriana Vargas Tagle
➡️El proveedor reciclado
➡️Contratos para alimentos por más de 8 millones en un año
➡️Mesura en el gasto con el cambio de titular en Educación
➡️Comparecencia y guiño de la diputada a Adriana Vargas Tagle.- Con una larga y tediosa comparecencia, Maricarmen Salinas Flores, cerró el ciclo de la Glosa del Tercer Informe de David Monreal en la LXV legislatura. Ella, institucional, relajada e informada, dio cuentas de los avances en la Secretaría de Educación. Atrás quedó el bochornoso recuerdo de la ex titular de esa dependencia, Maribel Villalpando Haro, y su asistencia simulada a rendir cuentas en 2023, razones le sobraban, como verá más adelante. Ya como diputada, fue paradójico el discurso con el que participó en su papel de presidenta de la Comisión de Educación. A sabiendas de que ella más que nadie sabe el estado de esa dependencia porque la mayor parte de lo que va del sexenio la encabezó, se redujo a “dar todo su respaldo y a recordarle que hay mucho trabajo por hacer”. Luego, se puso a las órdenes de la nueva titular dizque por el bien de la educación. No terminó su participación sin reconocer a Adriana Vargas Tagle, su leal subsecretaria administrativa, y parte fundamental del grupo de alfiles que todavía responden a los intereses de La secta en esa área de gobierno. Sí, aún los tentáculos de Villalpando Haro, tienen bien agarrada una parte del poder en la Secretaría. Los motivos son muy obvios. Destaca entre ellos, que este año dicha dependencia ejerce un presupuesto de 12 mil millones de pesos y los años pasados ejerció presupuesto similar, que si bien se va a nómina, también ha sobrado para inflar compras, como las de alimentos que se reparten en los centros educativos infantiles como aquí le cuento. 
El proveedor reciclado.- Y es que, mientras se hablaba de austeridad y de que el recurso asignado era insuficiente, Villalpando Haro aplicó mañas en la adquisición de insumos. Peor, aunque no hay nada más desgastado que la muletilla de achacar al pasado el panorama actual, han reciclado proveedores en muchas dependencias. Uno de los favoritos, desde 2023, es Gerardo Alberto Rodríguez Sánchez, quien ya figuraba en los contratos del Ejecutivo desde el sexenio del “némesis” de la 4T, Miguel Alonso Reyes. El empresario que desde 2018 señaló dedicarse al comercio al por mayor de carne, frutas, verduras y abarrotes, aumentó sus ingresos de manera exponencial en este gobierno. Quien declaró entonces tener el domicilio fiscal en la calle Roberto Robles, número 105 de la colonia Tres Cruces Infonavit, Guadalupe, Zacatecas tuvo un ingreso poco significativo de 2018 a 2021. En el quinquenio “Tellista” firmó 14 contratos en total, por el orden de los 3 millones 039 mil 129 pesos. En dicho periodo, la Secretaría de Seguridad Pública fue la dependencia solicitante de alimentos a la Secretaría de Administración (SAD) en manos de Jorge Luis Pedroza Ochoa. No le fue tan bien, en promedio, cada contrato fue por 350 mil pesos vía adjudicación directa.
Contratos por más de 8 millones de pesos en un año.- Su suerte cambió con la «transformación». Si bien al inicio de la nueva gobernanza el empresario aludido no figuró, cambió esa dinámica el año pasado cuando la Seduzac lo rescató. Además de la reubicación del domicilio fiscal que se registró ahora en la Carretera Tránsito Pesado no. 402, bodega 35, La Campesina Guadalupe, empezó a recibir contratos millonarios. Por adjudicación directa al igual que en el quinquenio “(In)Diferente, pero ya bajo el mando de Vargas Tagle en la Subsecretaría Administrativa. En 2023, Rodríguez Sánchez pactó tres acuerdos de proveeduría por 8 millones 666 mil 546 pesos. Hasta ahí todo muy normal, pero lo que levanta suspicacias, es que el precio para el mismo número de beneficiarios (2000) se disparó del contrato AD/ SSAD/DRM/0152/2023 que fue de 409 mil 600.02 pesos; al AD/SSAD/DRM/150/2023, que fue de 2 millones 036 mil 466 pesos. En el primero, firmado en octubre de 2023, la empresa se comprometió a dotar a 8 Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI), alimentos de la canasta básica a partir del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, sí, se adquirieron un año antes para prever la salida de Villalpando Haro de la secretaría. Para aumentar las dudas el contrato AD/SSA/DRM/150/2023, no fue publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), aunque en la información que existe, se constata que la empresa otorgaría 2000 alimentos en un periodo similar. Asimismo, el año que recién pasó, se convino por medio del contrato AD/SSAD/DRM/151/2023, la dotación de alimentos (de septiembre a diciembre de 2023) para 2 mil 777 alumnos de 14 CENDIS de Guadalupe, Valparaíso, Calera, entre otros municipios. Lo que resulta extraño es que ahora el costo fue por 6 millones 220 mil 480 pesos. Como ve, si bien incrementó el número de beneficiarios en 777 más, respecto al precio anterior, se disparó el monto del último contrato. ¿De cuánto sería el moche?
Mesura en el gasto con el cambio del mando.- Empero, ya en dominios de Maricarmen Salinas, si bien la estructura política continúa con los mismos socios, se ve mayor congruencia en el monto de las compras. Contrasta el expediente AD/SSAD/DRM/151/2023 que ampara la requisición de compra 1950, por más de 6 millones de pesos por 4 meses de servicio que signó todavía Maribel Villalpando, con el contrato no. LPE/SSAD/ DRM /001/2024. El primer convenio de adquisición de alimentos de Salinas Flores como titular, tiene más congruencia ya que, mientras la Seduzac pagó en los últimos meses de la ex secretaria, un servicio de alto costo con casi las mismas características, en la administración actual, aún con Vargas Tagle, le bajaron y mucho. Se nota menos gandallez que en la gestión de la hoy legisladora local porque el contrato que ampara, mediante la requisición número 0089, el servicio de alimentación para 580 alumnos de la escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos” de Loreto, tiene más concordancia con el servicio prestado. Nada que ver con las adjudicaciones directas que le antecedieron. En el caso actual, el servicio se brinda del 30 de abril al 15 de diciembre de 2024, es decir 8 meses. El precio es más razonable: 1 millón 876 mil 030 pesos. Más por menos. ¿Ya se entiende por qué la secta no quiere soltar el control de la Seduzac? Así las cosas. Hasta el miércoles.