Por Claudia Anaya Mota
La reciente aprobación en el Senado de la reforma que modifica la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex a «empresas públicas» se ha pretendido mostrar como un acto de “nacionalización” de la mayoría oficialista, porque en el discurso, se aclama como un retorno del control estatal, pero lo cierto es, que esta reforma no revierte la reforma de 2013 ni tampoco es una aprobación de avanzada como significaría el elevar el acceso a la energía como un derecho humano.
En realidad, hablamos de una reforma inocua, sin mayor impacto, porque al analizar la minuta, nos damos cuenta de que no hablamos de una reforma energética, sino de una reforma administrativa que cambia la denominación de CFE y Pemex de “empresas productivas del estado” a «empresas públicas».
Además, en la reforma aprobada, no existe un glosario que defina claramente lo que todas y todos debemos entender por una «empresa pública”. Considero que esto es preocupante, porque al no ponernos de acuerdo en su definición, ello podría generar dudas a los inversionistas nacionales y extranjeros y la incertidumbre nunca es buena para una nación comprometida en combatir la pobreza.
Por otra parte, el oficialismo aclamó que la deuda de estas empresas, es ahora considerada deuda pública, pero lo cierto es, que esta deuda ya lo era, no hay nada nuevo.
La reforma no obliga al Estado a garantizar el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, ni fomenta la investigación de nuevas formas de energía menos contaminantes. Esta es la segunda ocasión que la Cuarta Transformación anuncia una «renacionalización» que no lo es. La compra de los activos de Iberdrola no rescató a la CFE, ni bajó el precio de la luz.
En suma, hablamos de una reforma que no aporta nada nuevo, solo interrogantes sobre la capacidad del gobierno mexicano para participar de manera preponderante en el mercado energético y mantener el interés de la inversión privada en nuestro país. Esta reforma no es la solución que México necesita.