Por Christian del Havre
“Necesitamos más transparencia y rendición de cuentas en el gobierno para que las personas sepan cómo se gasta su dinero”.
Carly Fiorina, Ex CEO de Hewlett-Packard
El pasado mes de octubre paso de largo, entre las expectativas de la elección del país del norte y las iniciativas fratricidas de la reforma judicial, un hecho relevante y de gran calado para nuestro país, donde la organización mundial World Justice Project (WJP) en su informe anual, menciona que cedimos dos lugares en el avance en temas como inseguridad y corrupción, para ubicarnos en el 118 de los 142 países en la lista.
Este hecho es relevante, ya que el cambio de 2018 que se repitió este 2024, se motivó por la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobernadores que le acompañaron, lo que generó un clima de insatisfacción social que derivó en la elección de otro partido.
Lo peculiar del caso, es que año tras año y en cada mañanera, el ex presidente AMLO sacaba su pañuelo blanco para indicar que se había acabado la corrupción en su mandato, cada vez que se le cuestionaba sobre casos de corrupción documentados de sus funcionarios más cercanos o familia. Lo terrible del asunto, es que el mexicano promedio ya ve la corrupción como algo natural al ejercicio del poder, ahora sí que, como ese dicho tan popular de que el “que no tranza, no avanza”.
En Hispanoamérica de 32 entidades, México se ubica en el lugar 28, con claras deficiencias en el ataque contra la corrupción en el ejecutivo, y sobre todo en la impartición de justicia.
El problema es que además que no se barrió la escalera de arriba hacia abajo, como se prometió durante la campaña y menos en los seis años del mandato de la cuarta, sino que en los municipios se repitieron formas de actuar y gobernar, como lo señala el reportaje publicado por el diario El economista el pasado 6 de noviembre, que habla de que en el 77% de los municipios con mayor actividad económica en México, se tienen un nivel de transparencia fiscal reprobatorio; de acuerdo al más reciente Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios.
Uno de los puntos que destacaron los especialistas del estudio, es la falta de información sobre la contratación de deuda pública. De los municipios evaluados, 4 de cada 10 no cuentan con datos actualizados o simplemente no reportan si hubo adquisición, esto representa una omisión inaceptable, ya que impide a los ciudadanos conocer en qué se destinan los recursos públicos, el mismo estudio señala: “entre las omisiones se suman los salarios de los presidentes municipales, las compras públicas, licitaciones y actas de entrega-recepción de administración”.
Esto nos lleva a un tema recurrente en nuestro estado, donde los alcaldes salientes dejan en ceros o con deuda las arcas municipales a la próxima administración que usualmente tiene que recurrir a un adelanto de participaciones para poder solventar los compromisos laborales y de ejecución para brindar los servicios públicos básicos.
Otro problema es el llamado jineteo del dinero, es decir, toman de un rubro para tapar otro, en el mejor de los casos, ello ha generado que entidades como Sombrerete tengan pasivos con instituciones como Seguro Social por la falta de pago de cuotas patronales. En otros casos, las deudas con empresas como la CFE, que generan problemas de funcionalidad, pero además, afectan a los trabajadores y población en general.
El asunto es que estas situaciones son repetitivas cada tres años y las autoridades en este caso la Auditoría Superior del Estado y sus patrones los diputados, no se ve que hagan algo contra esos ediles que dañan el patrimonio de los ciudadanos.
Tal es el caso de desconfianza en las instituciones, que un ejemplo de ello es que en la capital de Zacatecas el alcalde Miguel Varela acaba de hacer pública una auditoria que un despacho privado hizo al ayuntamiento de Zacatecas, al ejercicio 2024, dejando como un primer resultado un mal manejo por 120 millones de pesos. Es claro que un ente privado sin intereses políticos tiene mayor capacidad de para dar resultados.
Es claro, que para que sea eficiente el ejercicio del cargo público, es necesario acabar con la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos. Es necesario que haya transparencia, dejar fuera intereses políticos y que sean eficientes en los controles de gastos.
Tres propuestas se le hacen a los legisladores locales: hacer más largo el periodo de prescripción para que un funcionario sea sancionado, en caso de malos manejos de recursos públicos, más aún si es electo vía voto popular .Dos: que los alcaldes no puedan ser electos como diputados locales para el periodo inmediato posterior a su mandato municipal para que no haya conflicto de interés o posible presión hacia la entidad revisora como lo es la Auditoria Superior del Estado. Tres: en caso de ser sancionado por el mal manejo de recursos públicos, que el funcionario sea inhabilitado de forma permanente para ejercer cargos de elección popular, ya que tenemos casos donde se les ha sancionado y pasan los diez años y son electos, dejando al olvido de la memoria colectiva su mal manejo de los recursos públicos.
Sin duda hay mucho por hacer pero como ciudadano te pregunto a ti ¿te gustaría volver a elegir a un personaje que ya se burló de ti y de la ley?
Christian del Havre