Por: Claudia Anaya Mota
La reciente aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Judicial por parte de MORENA ha generado una amplia reflexión sobre su efectividad y el verdadero impacto en el sistema de justicia mexicano.
A pesar de las promesas de transformar y mejorar la procuración y administración de justicia con la Reforma Judicial, los resultados hasta ahora, indican que estos cambios no abordan los problemas estructurales que afectan el acceso a la justicia.
Desde 2018, los legisladores del oficialismo, subrayaron su compromiso de resolver los pendientes en materia de justicia, pero la realidad es que han fallado en cumplirlo. La Fiscalía General de la República ha sufrido recortes presupuestales significativos, superando los mil millones de pesos, lo que limita severamente la capacidad para prevenir delitos y capacitar a las fuerzas del orden.
Este desinterés por fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia es alarmante y refleja una falta de compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Las reformas introducidas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, son cambios superficiales que no logran alterar el fondo del problema; con un 80% de similitud con la legislación anterior, estas modificaciones parecen más un intento de cumplir con un protocolo que una verdadera transformación como la reducción en el número de ministros en la Suprema Corte o la creación del Tribunal de Disciplina son ejemplos claros de cambios cosméticos sin un impacto real en la vida cotidiana de quienes buscan justicia.
La promesa de «justicia pronta y expedita» se ha visto desmentida por hechos concretos. En lugar de avanzar hacia un sistema más justo, se observa una creciente politización del proceso judicial, donde el enfoque parece estar más en la politización de la justicia, que en el bienestar del pueblo.
La manipulación del proceso electoral para elegir a jueces y magistrados es una clara señal de que la justicia está siendo utilizada como herramienta política. Además, los «Comités de Evaluación» conformados por miembros del partido oficialista operan en un ambiente de opacidad total porque ha prevalecido una falta de transparencia sobre los aspirantes a ocupar cargos judiciales, lo que genera desconfianza no solo entre los ciudadanos, sino también entre los inversionistas que buscan un entorno seguro para sus capitales. Las calificaciones negativas por parte de agencias como Moody’s y Fitch Ratings, reflejan esta incertidumbre.
En conclusión, aunque MORENA afirma haber transformado el sistema judicial, esta reforma es, en realidad, una regresión que no resuelve los problemas existentes. Como legisladora con años de experiencia, considero que esta es la peor reforma que he tenido que votar. Los daños infligidos al tejido social y al sistema judicial son profundos y preocupantes. Es fundamental que se reconozca esta realidad y se trabaje hacia una verdadera reforma que garantice justicia para todos los mexicanos.