Por: Claudia Anaya Mota
Uno de los principales reclamos de la ciudadanía es que las decisiones importantes se tomen y se apliquen con la máxima transparencia y en contacto directo con la sociedad. Sin embargo, el gobierno de la Cuarta Transformación ha actuado como aquellos gobiernos que criticó con ferocidad, replicando sus mismas prácticas.
Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, tanto en Zacatecas como a nivel nacional, se implementaron medidas que socavan los derechos sociales, la democracia y la economía familiar.
El viernes 20 de diciembre, a nivel federal, MORENA publicó en el Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor de una reforma destinada a eliminar los organismos autónomos, justo cuando la ciudadanía estaba más enfocada en las posadas y en la convivencia familiar que en el funcionamiento de estas instituciones.
El 21 de diciembre, en la capital del estado, comenzaron los trabajos del Segundo Piso o Viaducto Elevado, una obra de infraestructura vial muy cuestionada no solo por su elevado costo, sino también por la falta de consulta ciudadana y por no priorizar la participación de empresas locales. Además, el gobierno estatal ha mostrado una notable cerrazón hacia el municipal para alcanzar acuerdos que beneficien principalmente a los ciudadanos.
En plena celebración navideña, el gobernador de Zacatecas presentó una reforma al poder judicial, convocando a un periodo extraordinario en el Congreso Local para su análisis y aprobación que finalmente tuvo lugar el 27 de diciembre. Esta reforma está siendo evaluada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante las alertas emitidas por defensores de derechos humanos y legisladores opositores. Existe preocupación sobre el riesgo de perder el equilibrio de poderes al politizar la justicia y desnaturalizar la labor de los jueces, convirtiéndolos en rehenes de la opinión pública en lugar de actuar conforme a la ley. Además, se carece de un diagnóstico real que justifique cómo esta reforma supuestamente fortalecerá la justicia cotidiana.
En medio de las celebraciones por el Año Nuevo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor de la prisión preventiva oficiosa, cuestionada no solo por legisladores opositores, sino también por el Alto Comisionado de la ONU. Este organismo ha instado a México a detener esta reforma debido a que violenta las garantías individuales y fomenta detenciones arbitrarias.
A partir del 1 de enero, entraron en vigor nuevos impuestos aplicables a los consumidores que adquieren productos a través de plataformas digitales como Amazon, eBay, Temu o Shein. El nuevo impuesto del 19% se aplica a importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales; este porcentaje disminuye al 17% para países con acuerdos comerciales si las mercancías superan los 50 dólares, según las Reglas Generales de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por último, el aumento en el precio de la gasolina (conocido como «gasolinazo») se debió, entre otros factores, al incremento del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), que desde el 1 de enero aumentó 4.5%, dicho incremento impacta directamente en el costo del combustible. Aunque desde el gobierno federal se argumenta que este incremento es consecuencia únicamente de la inflación y algunas gasolineras “abusivas”, lo cierto es que esta medida afecta directamente a todos los ciudadanos. Los transportistas trasladarán el costo adicional al consumidor final. Estos son los saldos de los primeros meses de gobierno del “segundo piso de la cuarta deformaciòn”…
¿Están realmente “disfrutando lo votado”?