Por: Claudia Anaya Mota
La tómbola, ese juego de azar que tanto recuerda a la lotería, nació en 1734 en la Ciudad de Nápoles, Italia, y desde entonces, su esencia ha cambiado poco. Su dinámica, simple y directa, consiste en rifar premios que van desde objetos simbólicos hasta grandes sumas de dinero y el valor del premio está directamente relacionado con lo que se haya invertido para adquirir un boleto. En su esencia, se basa en un principio: la suerte.
Hoy, sin embargo, el azar se ha infiltrado en una de las decisiones más importantes del sistema político mexicano: las candidaturas al Poder Judicial. Así lo ha decidido el partido MORENA, que desde 2015 ha hecho del azar una política interna, dejando que la suerte determine dos tercios de sus candidaturas plurinominales. Esta decisión, que podría parecer un intento de democratizar las oportunidades dentro del partido, ha desestimado aspectos fundamentales como el trabajo territorial, la preparación de los aspirantes y el arraigo en las comunidades.
Las decisiones de los órganos internos de un partido político son, en principio, una cuestión privada. Si MORENA ha decidido reservar una parte de sus candidaturas para figuras prominentes, no hay nada que objetar. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es cómo estas prácticas, originalmente limitadas a la esfera interna del partido, han comenzado a permear el ejercicio del gobierno y, más alarmante aún, al sistema judicial mexicano.
Recientemente, MORENA y sus aliados en el Congreso de la Unión, decidieron llevar el azar a otro terreno, aún más delicado: la selección de candidatos para ocupar los cargos de Jueces, Ministros y Magistrados. En un proceso calificado por ellos mismos como «histórico e inédito», se llevó a cabo una tómbola que determinó quiénes ocuparían estas posiciones clave en el poder judicial. Pero, lejos de ser un proceso transparente y organizado, lo que vimos fue improvisación, errores, retrasos y, sobre todo, una falta de claridad en todo el proceso. Aunque se transmitió en vivo por el Canal del Congreso, los telespectadores no tenían la certeza de que los resultados realmente coincidieran con los números anunciados.
Con este tipo de decisiones, el país se aleja de los principios que antes guiaban la Carrera Judicial, un proceso que, aunque árduo, garantizaba que los más capacitados fueran quienes tomaran las decisiones más trascendentes para la justicia. Antes, las candidaturas se basaban en indicadores de desempeño, exámenes exhaustivos, en la formación y la experiencia acumulada a lo largo de años de carrera. Ahora, el mérito y la capacitación parecen quedar en segundo plano frente a la suerte.
Esto tiene graves implicaciones. El sistema judicial, que debe velar por la protección de los derechos fundamentales de todos los mexicanos, no puede ser una rifa. Las decisiones que toman los jueces, ministros y magistrados afectan directamente el patrimonio, la libertad y la vida de las personas. Imaginemos por un momento a un ciudadano que necesita justicia. ¿Debería conformarse con el juicio de un perfil entusiasta pero sin experiencia? La falta de criterio y análisis en estas posiciones puede llevar a decisiones perjudiciales.
El azar no puede ser la solución para erradicar los vicios, desequilibrios y fallas que enfrenta la impartición de justicia en México. Una sociedad que busca evolucionar hacia el respeto y protección de los derechos de sus ciudadanos no puede permitirse simplificar su sistema judicial a un juego. No es con suerte que se construye un Estado de Derecho fuerte, sino con rigurosidad, formación y responsabilidad.
Es irresponsable tratar el acceso a la justicia como un simple volado. La política del azar no puede ser el camino para construir el futuro del país.