El campo mexicano, y en particular el zacatecano, ha sufrido un abandono institucional que se ha agravado en los últimos años. La llegada de la Cuarta Transformación trajo consigo la eliminación de diversos programas de apoyo, como los destinados a la comercialización, a los pequeños productores y a las coberturas agrícolas. Además, la desaparición de la Financiera Rural, que otorgaba créditos con tasas preferenciales y condiciones flexibles para impulsar la inversión en el sector, ha profundizado la crisis que enfrentan nuestros productores.
Uno de los mayores problemas en el agro es el fenómeno del «coyotaje», es decir, la actividad de intermediarios que compran la cosecha a precios muy por debajo de los proyectados por los productores para luego revenderla a mayor costo en tiendas mayoristas. Esta práctica no solo empobrece a los agricultores, sino que también concentra las ganancias en manos de los intermediarios, dejando en desventaja a quienes trabajan la tierra.
Para hacer frente a esta problemática, la Cuarta Transformación impulsó en el Congreso de la Unión la incorporación de los Programas del Bienestar como derechos constitucionales. Entre ellos se encuentra el Programa de Precios de Garantía, que establece la obligación del Estado mexicano de fijar precios justos para la compra de diversos granos básicos, como el frijol, con el objetivo de apoyar a los pequeños y medianos productores y fomentar la autosuficiencia alimentaria.
Sin embargo, esta obligación ha quedado en letra muerta para los productores zacatecanos. Desde inicios de este año, enfrentan una grave crisis debido al incumplimiento de los precios de garantía por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). A pesar de que el gobierno federal fijó un precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, los pagos, programados para mediados de diciembre, aún no se han realizado. Esta situación ha obligado a los agricultores a vender su cosecha a intermediarios a precios que oscilan entre 15 y 18 pesos por kilo, muy por debajo del costo de producción.
La falta de cumplimiento ha provocado múltiples protestas. La más reciente, el 27 de marzo, productores bloquearon la carretera federal 45, en la salida de la capital zacatecana hacia Guadalupe, exigiendo que Segalmex reanude el acopio de frijol y respete el precio de garantía establecido.
El campo zacatecano no solo enfrenta problemas económicos, sino también una creciente inseguridad. Es imperativo que las autoridades federales y estatales atiendan con urgencia las demandas de los productores, reactivando el acopio de frijol y garantizando un pago justo por sus cosechas. Solo así se podrá evitar el colapso del sector agrícola en la región, brindar estabilidad a miles de familias que dependen de esta actividad y, al mismo tiempo, contribuir a mantener estable el costo de la canasta básica, favoreciendo la economía familiar.
