Desaparición forzada: la paradoja de un Estado omiso ¿o cómplice?

Por Norma Galarza

«Lo más difícil de explicar, es aquello evidente que todo mundo ha decidido no ver».

Ayn Rand, filósofa y escritora rusa.

➡️Negación de la realidad 

➡️Intervención de la ONU a solicitud de familiares de víctimas

➡️Renuncia institucional ¿desinterés, abulia o complicidad?

 

De salida

➡️Ángel Román Gutiérrez y Jenny González Arenas van por Rectoría de la UAZ

Negación de la realidad.- Una acción lógica cuando realmente se quiere resolver un problema, es primero, reconocerlo. Contrario a ello, desde hace ya casi cuatro sexenios, la negación ha sido la táctica más socorrida del Estado mexicano cuando se habla de desaparición forzada. Para el Poder, es un tema tabú y en la 4T no es la excepción -como no lo fue durante los gobiernos del PAN o del PRI-. Pero ahora, un llamado de atención de la ONU puso en jaque al gobierno en turno. El presidente del Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), Oliver de Frouville, solicitó el aval institucional, para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. En respuesta, el Senado de la República se pronunció en contra de la existencia de la desaparición forzada.  Como era de esperarse, los senadores rechazaron la propuesta conjurando el gastado fantasma de la Soberanía Nacional, para “proteger” al país de cualquier intervención externa. Sujetos ellos, a la definición estricta,  a la imagen mental de policías o militares privando de la libertad a personas. No obstante, fueron exhibidos – por no leer- en la sesión legislativa del pasado 8 de abril.  La senadora Claudia Anaya citó, tras reiterar que México está suscrito a tratados internacionales, el artículo dos de los efectos de dicha Convención. Leyó en el texto: “Se entenderá como desaparición forzada,  al arresto, la detención, al secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado”. “O, -resaltó- por personas o grupos de personas, que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de él, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.  

Intervención de la ONU a solicitud de familiares de víctimas.- Sin importar la cátedra que recibieron, los senadores de la 4T no recularon. Rechazaron cualquier intento de intervención de la ONU. Lo legisladores se aferraron a desconocer la Desaparición forzada, que si bien, no se ejerce por elementos identificados como parte del Estado, es evidente que las personas o grupos de personas que cometen el delito, tienen garantía de impunidad.  Y la negación, solo agrava la crisis y evita que la justicia llegue a las víctimas. En respuesta a la cerrazón institucional crónica, que tiene hoy a más de 125 mil personas en carácter de desaparecidas y no localizadas en el país, asociaciones de búsqueda, alzaron la voz. 158 colectivos, 364 familiares, 108 organizaciones y 272 personas solidarias, emitieron una postura de respaldo a la propuesta de la ONU para investigar qué ocurre en México. En el documento difundido por todos los colectivos, señalaron que ellos han proporcionado al CED información sobre las desapariciones y las deficiencias de las últimas cuatro administraciones en prevención, búsqueda, identificación forense y procuración de justicia. Afirmaron que desde 2015 solicitaron la aplicación del artículo 34, frente a una crisis sostenida y en aumento. Una crisis “generalizada y sistemática” que de 2018 a la fecha suma casi la mitad de la cifra total de desapariciones, cuyo registro inicial comenzó en 1962. Al respecto, no es para minimizar que en el sexenio de López Obrador, se registró la desaparición de más de 50 mil personas y que en los primeros 100 días del sexenio de Claudia Sheinbaum, ocurrieron 4 mil más. 

Renuncia institucional ¿desinterés, abulia o complicidad?.- No obstante, la marginación de esa realidad y sus consecuencias, es política pública.  De ahí que la llamada de auxilio haya rebasado nuestras fronteras. Y conste que a estas alturas las familias buscadoras ya no pretenden encontrar culpables entre la élite actual del poder, ni son enemigos de «la transformación». Su movimiento rebasa partidos políticos o regímenes, el objetivo es claro: solución y no repetición. En este punto, no se trata de politizar el fenómeno, porque con el tiempo, sin importar quien gobierne, solo se ha acentuado. No es casual que ante la cerrazón de las instituciones mexicanas, hayan recurrido a organismos externos como el CEN de la ONU. Solo aquí, en nuestro territorio, miles de familias, han tenido que dejar sus actividades cotidianas, renunciar a su seguridad, para armarse de picos y palas y salir a remover la tierra con la esperanza de localizar indicios. ¿Dígame usted si ese hecho, no es prueba fehaciente de la renuncia del Estado a enfrentar el problema de desaparición? A eso sume, que en su afán de encontrar respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, integrantes de colectivos y familias buscadoras, son amenazadas y asesinadas. En ese sentido, según una investigación de la organización ¿A dónde van los desaparecidos? 27 personas buscadoras han sido asesinadas y tres más, desaparecidas de 2010 a la fecha. Y adivine: no hay ningún responsable detenido o investigado por esos hechos.  La impunidad es la regla en esos  crímenes. La misma suerte corren quienes sustraen a sus familiares víctimas de desaparición. Si llegan a dar con el cuerpo o restos humanos, no hay castigo para quienes privaron de la libertad, torturaron y les quitaron la vida. Con ese contexto ¿Seguimos negando que urge la ayuda de organismos internacionales? Porque la otra, es aceptar que el Estado mexicano omite su función de garantizar paz y justicia de manera deliberada. Así de graves las cosas.

De salida

Ángel Román Gutiérrez y Jenny González Arenas van por Rectoría de la UAZ

 La fecha llegó. Ayer, en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se concretó el requisito del registro de aspirantes a dirigir la Rectoría. Ángel Román Gutiérrez acudió puntual a la cita, respaldado por un grupo de simpatizantes. Su objetivo es claro: transformar la Máxima Casa de Estudios, porque dijo “somos una caja de resonancia” para la sociedad. Es decir, -lo interpreto- un ejemplo a seguir, el faro moral de Zacatecas. Por esa razón, se pronunció por la conciliación interna, por la gobernabilidad. Pero también por la búsqueda de soluciones al problema financiero que aqueja al Alma Mater. Al registro también llegó Jenny González Arenas, luego de un salto mortal de líder sindical a pretendienta de la oficina patronal. Bastaron unas horas para que la ex Secretaria General del Sindicato del Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ), diera el giro de 190 grados. Los rumores fueron ciertos. González Arenas se registró también para buscar la titularidad de Rectoría.  Lo más raro, es que no hace mucho, estiró la cuerda de la huelga, dejando sin clases a la juventud zacatecana durante todo un mes. No faltó entonces, quien interpretó su movimiento, como “jugarreta política”. Yo, inocente como soy, dude. Pero hoy tengo sospechas.  No quiero pensar que por ambición,  sacrificó la educación de la juventud zacatecana.  ¿Será capaz de tanta mezquindad? Usted juzgue. 

Por cierto, dado que viene Semana Santa y son tiempos de guardar, esta columna entra en receso. Espero el favor de su lectura a partir del próximo 28 de abril. Hasta pronto.