«La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”.
Martin Luther King Jr
El próximo 01 de junio se concretará lo que se ha catalogado como farsa. La sepultura de la democracia, la consolidación de la dictadura morenista o hasta la autarquía presidencial.Una elección en la que hay en juego más de 3 mil 400 cargos para la integración del Poder Judicial en México.Desde jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte; en lo federal y local.
Este hecho que derivó de la Reforma Judicial impuesta por Andrés Manuel, a inicios del sexenio de la presidente Sheinbaum, consolida el asalto al Poder Judicial. Con la pretensión de que el Ejecutivo no tenga ningún contrapeso, se justificó en la corrupción y la legitimidad social.
Según cifras del periódico El País en el artículo de Carmen Moran, solo el 48% de los mexicanos sabe qué día es la elección, lo que denota el poco interés. El 77% no conoce o identifica a los candidatos. Hay ignorancia en la estructura del Poder Judicial y las funciones de los cargos a elección. Surtió efecto la propaganda ydenostar al Poder Judicial en las mañaneras, ya que el 72% considera necesaria esta elección. Además de que el 65 por cierto de los ciudadanos encuestados, considera que la elección, generara legitimidad y confianza en los jueces y magistrados que se elegirán.
Un dato de impacto que se menciona en artículo, es relativo a que un 52% de los encuestados, considera que con esta elección, las autoridades electas serán menos vulnerables a la influencia del crimen organizado. Todo lo contrario a los que especialistas y organismos internacionales han estado señalando continuamente. He aquí el impacto de la narrativa diaria sobre el Poder Judicial. Por último, en la numeralia, Sheinbam ha mencionado que la legitimidad de esta elección puede depender de solo 5% de la participación ciudadana, el análisis arroja la cifra muy optimista de 22.9% de participación.
Es cierto que la Justicia en nuestro país ha sido un vaivén de posturas, por un lado el descrédito y la desconfianza ciudadana hacia las élites judiciales, frecuentemente acusadas de corrupción, nepotismo y falta de sensibilidad social; pero por el otro, convertir los nombramientos en una competencia electoral puede agravar, más que resolver, los problemas del sistema judicial.
Por el otro lado, en un sistema judicial que ha buscado mecanismos de profesionalización y meritocracia, donde un becario puede llegar a convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia, habría qué cuestionar al ciudadano: Si algún día en su trabajo las reglas para ascender o buscar una mejor posición cambiaran ¿qué harían? Además, por ser parte de un sistema de profesionalización, con el nuevo modelo, no tiene idea de quién detenta el mando en esa nueva forma de ascender, no conoce a nadie. También, tiene que luchar contra los recomendados que ni son más eficientes, ni más profesionales o éticos. Reflexione.
Si los ciudadanos candidatos a jueces deben competir en campañas electorales, será inevitable que busquen financiamiento, alianzas políticas y visibilidad mediática. Esto los pondría en una posición de dependencia frente a partidos, intereses privados, de criminales o grupos de poder, erosionando su imparcialidad. En lugar de juzgar conforme a derecho, estarían tentados a fallar según lo que les garantice votos, financiamiento o respaldo político, es decir la politización de la justicia.
El proceso electoral judicial introduciría criterios populistas y simplificadores en un ámbito que requiere alta especialización técnica. Ya lo hemos visto con las ministras nombradas por Andrés Manuel. Todo queda entre “La plagiaria” y la que no sabe absolutamente nada de la ley (que dejo sin firmar 132 sentencias), que van por la reelección.La justicia no se puede reducir a slogans o promesas fáciles. Los ciudadanos podrían verse atraídos por perfiles que ofrezcan “mano dura” o “castigos ejemplares”, sin considerar su formación jurídica, su trayectoria dentro del Poder Judicial, su ética o su capacidad para proteger derechos humanos.
Un apunte mas, es que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la independencia judicial y el acceso a la justicia en México, ya que puede ser coptada por grupos de interés político, económico y criminal.
El Poder Judicial requiere reformas profundas. La ciudadanía exige jueces honestos, eficientes y cercanos a la realidad del país. Pero estas metas deben alcanzarse mediante mecanismos que fortalezcan la rendición de cuentas sin debilitar la autonomía judicial. Por ejemplo, mediante consejos ciudadanos de evaluación, procesos de selección transparentes, vigilancia de la carrera judicial y control patrimonial efectivo.
La democracia no se limita al voto; también exige instituciones sólidas, contrapesos efectivos y justicia imparcial.
Este domingo es un día de libertad. La de elegir si voy a la casilla a votar creyendo que con el voto haré la diferencia para hacer que llegue algún juez o magistrado que garantice la justicia imparcial, el respeto a los derechos humanos y la consolidación de un sistema más eficaz o la de manifestar el descontento social. O por otra parte, no participar, en lo que se ve, es una elección de partido y estado que consolida el Estado populista dejando las casillas solas. Lo que no se vale es ser indiferente, porque de lo que hagamos dependerán los próximos 15 años de justicia.
