«El cinismo es la epidemia de nuestros tiempos.» —Mark Stevenson (escritor inglés)
Según el artículo 40 de nuestra Carta Magna, que define al país como una república federal, democrática, representativa y participativa, uno de los pilares fundamentales de la democracia es la rendición de cuentas. Por ello, los representantes del pueblo en sus distintos ámbitos de poder deben generar informes que den cuenta del estado de las cosas. Usted, como ciudadano, tiene derecho a saber en qué se ha gastado el presupuesto recaudado a través de sus impuestos, así como a verificar qué han producido los legisladores.
Durante el largo periodo de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el poder se concentraba y la información era controlada. No existían mecanismos legales que permitieran a los ciudadanos exigir cuentas a sus gobernantes. Los informes de gobierno eran actos protocolarios, ceremonias simbólicas que rara vez revelaban la verdad sobre la gestión pública. En 1982, con la llegada de Miguel de la Madrid, se inició una tímida apertura que se profundizó en los años noventa. El hito más significativo fue la alternancia política del año 2000, que abrió la puerta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) en 2002.
Esta ley marcó un parteaguas al crear el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hoy INAI, y al establecer el derecho ciudadano de solicitar información a todas las dependencias del gobierno federal. Esta herramienta ha permitido a periodistas, académicos y ciudadanos destapar casos de corrupción y mal uso de recursos, como la conocida “Estafa Maestra”. Sin embargo, durante el gobierno de Morena se han registrado constantes ataques y recortes presupuestarios al instituto, lo que evidencia la resistencia de ciertos actores políticos a la fiscalización ciudadana. La eventual extinción del organismo sugiere que el régimen actual no busca transparencia, sino complicidad, especialmente en casos como “SEGALMEX” y el “Huachicol Fiscal”.
¿Estuvo usted de acuerdo en que su legislador votara a favor de desaparecer los institutos de transparencia federal y estatal? Si no es así, puede exigirle cuentas a su diputado.
Otro punto crítico son los informes de gobierno, ya sean anuales o sexenales, que resultan insuficientes para una verdadera rendición de cuentas. Aunque se han incorporado algunos datos e indicadores, estos documentos suelen ser narrativas autoelogiosas, diseñadas para destacar logros y minimizar fallas. Carecen de análisis crítico y de un lenguaje accesible para la mayoría de la población. No permiten una fiscalización profunda, ya que a menudo presentan cifras agregadas sin el desglose necesario para verificar el uso de los recursos públicos. Los informes deben evolucionar: de ser ejercicios de comunicación política deben convertirse en verdaderas herramientas de rendición de cuentas. Se necesita un cambio de paradigma.
Le planteo otra reflexión: ¿Está usted de acuerdo en que se gasten miles de pesos en inundar avenidas y paredes con imágenes de legisladores, alcaldes o gobernadores que aspiran a otro cargo político? ¿En que se inviertan recursos públicos en eventos donde solo asisten los aplaudidores, sin una pizca de transparencia? Hemos regresado, tristemente, a los tiempos del “día del presidente”, como mencioné al inicio de esta columna.
Es imperativo transformar los formatos de los informes de gobierno. Deberían convertirse en documentos interactivos, accesibles y con información detallada y verificable. Algunas propuestas:
– Datos abiertos: La información debe estar disponible en formatos que permitan su análisis y descarga masiva.
– Lenguaje claro: Usar términos sencillos, comprensibles para todos los ciudadanos.
– Análisis de impacto: Mostrar no solo las acciones realizadas, sino el efecto real que han tenido en la vida de las personas.
– Mecanismos de verificación: Vincular la información presentada con auditorías externas y ciudadanas.
– Sección de «errores y desafíos»: Un espacio donde los gobernantes reconozcan sus fallas y expliquen cómo las están corrigiendo. Este sería, sin duda, el mayor reto.
En conclusión, la transparencia y la rendición de cuentas no son solo conceptos jurídicos o políticos: son derechos fundamentales de la ciudadanía. Mientras los informes de gobierno sigan siendo meras formalidades, la rendición de cuentas será solo una promesa vacía. Es hora de que el gobierno adopte formatos que permitan una fiscalización real y fortalezcan el tejido democrático de la nación.
