Por: Claudia Anaya Mota
La semana pasada, Zacatecas vivió de nuevo el rostro más crudo de la violencia: 11 narcobloqueos que paralizaron distintas rutas y municipios del estado. Fresnillo, Calera, Sombrerete, Villanueva, Río Grande, Cuauhtémoc, Jerez, Enrique Estrada y Pánfilo Natera padecieron las consecuencias, con afectaciones en las carreteras federales 45, 49 y 54, en tramos clave como Zacatecas–Durango, Zacatecas–San Luis Potosí y la ruta hacia Aguascalientes.
Los criminales utilizaron 37 vehículos, entre tráileres, autobuses y automóviles particulares, que fueron incendiados para sembrar terror y desorden. El saldo inmediato fue el miedo, la suspensión de clases y la parálisis de actividades económicas, particularmente en el transporte de pasajeros y mercancías: al menos 40 líneas de autobuses con rutas hacia Durango detuvieron su servicio.
El hecho no fue menor: ocurrió en pleno marco de la glosa del cuarto informe de gobierno, justo cuando el Secretario de Seguridad Pública comparecía ante el Congreso local. El discurso oficial se vino abajo frente a la realidad: Zacatecas sigue lejos de recuperar la paz y la tranquilidad que merecemos.
Lo sucedido confirma lo que muchos ciudadanos perciben: no hay autoridad con suficiente carácter ni estrategia eficaz para garantizar el tránsito seguro en carreteras, caminos y calles. Resulta insultante que se pretendan explicar estos actos como una reacción de la delincuencia al supuesto “éxito” de la estrategia de seguridad. ¿Qué deberíamos pensar entonces si la estrategia fuera un fracaso?
A esto se suma la actuación de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), que ha sido señalada por excesos, violaciones a derechos humanos y uso desmedido de la fuerza contra manifestaciones ciudadanas, en particular, en aquellas encabezadas por mujeres que exigen justicia y cuestionan la ineficacia gubernamental.
Si los narcobloqueos muestran la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, la extorsión exhibe la profundidad del desangramiento social y económico. Este delito golpea desde la pequeña tienda de abarrotes hasta los grandes empresarios, mientras que el discurso oficial presume una supuesta modernización de la estrategia “porque está dando resultados”, paradójicamente, las víctimas no perciben esa mejoría: viven con miedo, incertidumbre y abandono.
La falta de estadísticas claras, la ambigüedad en los informes y el silencio sobre la extorsión reflejan indolencia, incapacidad y falta de reconocimiento de la gravedad del problema. Sin un diagnóstico serio y sin acciones contundentes, el gobierno del estado se muestra ajeno a la realidad que enfrentan miles de familias.
La ciudadanía está desesperada. Las denuncias se acumulan, pero las respuestas son escasas. La exigencia es simple y legítima: queremos un gobierno del lado de la gente. No basta con investigar, hay que ir tras los responsables y llevarlos ante la justicia. Solo así Zacatecas podrá comenzar a recuperar la esperanza y el derecho elemental a vivir sin miedo.
Claudia Anaya Mota es una política zacatecana con una amplia trayectoria. Actualmente es senadora de la República