Sobre la pluma: Renata Ávila es economista, periodista y diputada local de Zacatecas por el PT
La rendición de cuentas (accountability) es un pilar de la democracia moderna. Teóricos como Andreas Schedler la conciben con dos dimensiones fundamentales: la obligación de los gobernantes de informar y justificar sus actos (answerability) y la capacidad de imponer sanciones si incumplen sus deberes (enforcement) (Schedler, 1999). En otras palabras, no basta con que el poder explique lo que hace; debe también enfrentar consecuencias cuando actúa mal. Mark Bovens ofrece una definición complementaria: la rendición de cuentas es una relación obligatoria y pública en la que un actor informa, explica y justifica su conducta ante otro (un “foro” de control), existe posibilidad de preguntas, juicio y sanciones, y el proceso no se reduce a un monólogo sin compromiso (Bovens, 2007). Este enfoque enfatiza que debe haber un diálogo real –no simple propaganda unidireccional– y eventuales castigos o remedios si la conducta del gobernante así lo amerita.
Desde la ciencia política comparada, Guillermo O’Donnell distinguió la accountability vertical (el control que ejercen los ciudadanos mediante elecciones) de la horizontal (el control entre poderes e instituciones del Estado). O’Donnell advierte que en ciertas “democracias delegativas” –regímenes donde el líder electo gobierna casi sin contrapesos efectivos– la rendición de cuentas horizontal es extremadamente débil o inexistente, en contraste con lo que cabría esperar en una democracia plenamente representativa (O’Donnell, 1998). De hecho, en las democracias delegativas el presidente se considera a sí mismo intérprete único del mandato popular, y las instituciones diseñadas para controlarlo (congreso, órganos autónomos, justicia) son minimizadas o ignoradas. Esta reflexión teórica resulta pertinente para analizar riesgos actuales: cuando el Ejecutivo se sustrae al escrutinio directo de otros poderes, la democracia pierde uno de sus contrapesos esenciales.
Jonathan Fox, por su parte, ha cuestionado si la mera respuesta informativa del gobierno es suficiente para “contar” como rendición de cuentas. En sus análisis plantea que la “voz” (answerability) sin “dientes” (enforcement) tiende a ser insuficiente (Fox, 2007). La transparencia, por ejemplo, solo genera cambios si va acompañada de mecanismos que den seguimiento y posibilidad de castigo a los funcionarios (Fox, 2007). En suma, distintos autores coinciden en que la rendición de cuentas efectiva requiere información, debate y consecuencias. Si falta alguno de esos elementos –como ocurre cuando un gobernante solo rinde un informe sin someterse a preguntas ni sanciones–, el equilibrio democrático se descompone.
En el terreno local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su artículo 59, obliga al titular del Poder Ejecutivo a entregar un informe anual por escrito al Congreso local. Sin embargo, desde una reforma constitucional en 2011, se suprimió la comparecencia directa del Gobernador ante el pleno legislativo. Hoy en Zacatecas se ha optado por un formato minimalista: la obligación legal del gobernador “se agota con su comparecencia ante el Congreso a presentar por escrito el informe”. En la sesión solemne del informe, los representantes populares asumen un rol meramente pasivo, limitándose a recibir el documento, sin un diálogo ni réplica real. Posteriormente, la llamada glosa legislativa consiste en citar a algunos secretarios del gabinete para responder preguntas de los diputados en comisiones o el pleno.
Esta dinámica sustitutiva está lejos de cumplir con los ideales de la rendición de cuentas. Incluso los propios diputados locales –oficialistas y de oposición por igual– han criticado el formato de la glosa vigente. Los cuestionamientos se hacen con tiempo muy limitado, las respuestas de los funcionarios suelen ser superficiales, y no se propicia un verdadero intercambio. Un columnista local resumió el sentir general: “Este ejercicio de rendición de cuentas no cumple con lo establecido. No está bien desarrollado para que exista un verdadero encuentro entre legisladores y funcionarios. Los resultados no son los mejores”. En la práctica, las comparecencias de secretarios se han vuelto actos protocolarios donde la información fluye de manera controlada y las preguntas difíciles quedan sin plena respuesta. No hay consecuencias palpables ni seguimiento robusto a las promesas o datos presentados.
Cabe señalar que antes de 2011 la Legislatura zacatecana tenía un papel más activo en el ejercicio del informe gubernamental. Por ejemplo, solía permitirse que los diputados fijaran posturas frente al informe e incluso formularan preguntas o réplicas en la misma sesión. La reforma constitucional del 29 de junio de 2011 eliminó esas prácticas, alineando a Zacatecas con un esquema más parecido al federal (donde el Presidente solo entrega el informe por escrito desde 2008). Sin embargo, esta homogeneización sacrificó una tradición de mayor interacción entre poderes. Una exposición de motivos del Congreso local reconoce la necesidad de que la Legislatura recupere el papel relevante que tenía hasta antes de 2011 en la rendición de cuentas del Ejecutivo. La intención es volver a un formato donde el gobernador enfrente directamente el escrutinio legislativo, fortaleciendo así los contrapesos.
Irónicamente, mientras la formalidad republicana se reduce al mínimo, en los años recientes los gobernadores han buscado otros foros para comunicar su versión de los hechos. Al entregar su informe escrito al Congreso (cumpliendo apenas el requisito legal), suelen luego celebrar eventos paralelos, a menudo en recintos como el Palacio de Convenciones, rodeados de colaboradores, simpatizantes y prensa amiga, para difundir un mensaje triunfalista sin contraparte crítica. Estos actos propagandísticos –ajenos al debate parlamentario– subrayan el problema: el Ejecutivo informa lo que quiere, donde quiere, sin someterse al cuestionamiento institucional. Se trivializa así la rendición de cuentas, reduciéndola a un ritual unidireccional y festivo, más que a un ejercicio democrático de control.
La ausencia de una rendición de cuentas directa y robusta tiene implicaciones profundas. En términos institucionales inmediatos, debilita los contrapesos: el Poder Legislativo, diseñado para fiscalizar al Ejecutivo, queda disminuido en su capacidad de control. Sin mecanismos efectivos de control horizontal, se abre la puerta a la opacidad y potenciales abusos. Como advertía O’Donnell, cuando no hay frenos interinstitucionales, prolifera un estilo de gobierno personalista donde la legitimidad se entiende mal como cheque en blanco (O’Donnell, 1998). Esto erosiona la calidad de la democracia, pues concentra el poder y dificulta la corrección de course por vías institucionales.
Pero los efectos no terminan ahí; también impactan la cultura política ciudadana. Desde la sociología política, se sabe que las instituciones moldean actitudes: si los ciudadanos perciben que sus gobernantes no rinden cuentas de frente, pueden desarrollar desconfianza y cinismo hacia las autoridades. La falta de transparencia y de espacios formales para la exigencia ciudadana puede generar apatía –¿para qué participar o informarse, si quienes mandan no se someten a escrutinio?–. Se erosiona así la participación cívica y el incentivo a la vigilancia ciudadana. En el caso zacatecano, el mensaje implícito es que el gobernador no tiene por qué dar la cara ante los representantes del pueblo; esta señal puede derivar en una normalización de la opacidad como cultura política.
Por otro lado, la ausencia de rendición de cuentas directa también puede alimentar formas de respuesta extra-institucional. Cuando la gente no ve cauces dentro del sistema (por ejemplo, debates públicos en el Congreso donde se cuestionen los resultados del gobierno), es más probable que la crítica y la demanda se trasladen a las calles, a las redes sociales o a la protesta. Jonathan Fox ha argumentado que la “rendición de cuentas social” –la presión de la sociedad civil y medios independientes– intenta llenar el vacío cuando fallan los mecanismos formales (Fox, 2007). No obstante, para que la exigencia ciudadana funcione se requiere acceso a información veraz y posibilidades de incidencia. Si el modelo imperante es hermético y unilateral, la ciudadanía queda navegando en la desinformación o la indiferencia, dificultando la construcción de una cultura de exigencia informada.
En síntesis, la falta de comparecencia directa del titular del Ejecutivo ante el Congreso envía una señal nociva: la impunidad y la unilateralidad prevalecen sobre la responsabilidad y el diálogo democrático. Cuando un gobernante no tiene que enfrentar preguntas ni rendir cuentas cara a cara, el equilibrio de poderes se desajusta. El Legislativo se convierte en espectador y la ciudadanía en simple receptora de informes triunfales, en lugar de protagonista de una democracia vigilante. Se produce un círculo vicioso: los gobernantes no sienten presión para rendir cuentas, los legisladores se acostumbran a su irrelevancia fiscalizadora, y los ciudadanos dejan de esperar respuestas, consolidando la apatía o recurriendo únicamente al castigo electoral eventual (accountability vertical) cada seis años.
Frente a esta realidad, el gran reto que tenemos es el de recuperar la rendición de cuentas para revitalizar la democracia. Un régimen democrático saludable requiere algo más que elecciones periódicas; necesita contrapesos vivos y una cultura de rendición de cuentas permanente. La experiencia de Zacatecas muestra los riesgos de vaciar de contenido la relación entre Ejecutivo y Congreso. Para fortalecer la democracia, es indispensable restaurar mecanismos de control republicano: que el gobernador comparezca de manera directa, que los legisladores cuestionen con libertad y tiempo suficiente, y que las respuestas –o evasivas– tengan consecuencias políticas. Esto no solo mejoraría la transparencia y el flujo de información, sino que enviaría un mensaje pedagógico a la sociedad: el poder debe ser escrutado ante los ciudadanos y sus representantes.
La historia y las teorías políticas nos recuerdan que, sin rendición de cuentas, el poder tiende al abuso. Como señaló alguna vez un clásico, “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Cada espacio donde el Ejecutivo se exime del control (ya sea cancelando comparecencias o diluyendo la fiscalización) es un espacio donde la corrupción y la arbitrariedad pueden prosperar al amparo de la oscuridad. Por el contrario, obligar a los gobernantes a dar explicaciones frente al Congreso –aunque sea un ejercicio incómodo para ellos– robustece la institucionalidad y refuerza la confianza pública en que existen pesos y contrapesos.
En Zacatecas, retomar la comparecencia directa anual del titular del Ejecutivo ante el Congreso sería un paso importante para revertir la tendencia a la opacidad. Más allá de ser un acto simbólico, representaría la reafirmación de un principio democrático básico: nadie está por encima de la rendición de cuentas. Ello podría incentivar a los legisladores a asumir con seriedad su rol fiscalizador y a los ciudadanos a prestar atención y exigir resultados. Al final del día, una democracia se nutre de la interacción crítica entre gobernantes y gobernados. Sin esa interacción, se debilita el contrato social y prolifera la impunidad. Recuperar la rendición de cuentas perdida es clave para que la democracia zacatecana no siga cojeando, sino que camine firme hacia un gobierno más abierto, responsable y receptivo con su gente.
Bibliografía:
-Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 13(4), 447-468.
-Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. (Última reforma publicada 30 de septiembre de 2023). Artículo 59. Periódico Oficial del Estado de Zacatecas.
-Del Hoyo Bramasco, S. (2025, 6 de octubre). Formato de la glosa cuestionado. Trópico de Cáncer.
-Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. Development in Practice, 17(4-5), 663-671.
-O’Donnell, G. (1998). Horizontal Accountability in New Democracies. -Journal of Democracy, 9(3), 112-126.
-Schedler, A. (1999). Conceptualizing Accountability. En A. Schedler, L. Diamond & M. F. Plattner (Eds.), The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies (pp. 13-28). Boulder, CO: Lynne Rienner.
-Congreso del Estado de Zacatecas. (2020). Exposición de Motivos de la Iniciativa de Reforma al artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Suplemento al Periódico Oficial, 15 de enero de 2020.
