Antonio Valentín Argüelles Rivera es un abogado especialista en Sistema Acusatorio Adversarial y ex candidato a magistrado de circuito en Zacatecas
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública…
¿De qué trata la llamada “Ley Espía”?
Desde el Ejecutivo federal se argumenta que, para reforzar la seguridad nacional y combatir delitos como el secuestro, el narcotráfico y la extorsión, se ha impulsado una reforma a la normativa federal que faculta a instituciones como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República a requerir, en tiempo real y sin orden judicial, datos personales de los ciudadanos. Esto incluye:
– Registros de llamadas y mensajes.
– Localización geográfica en tiempo real.
– Metadatos de navegación en internet.
– Datos biométricos recolectados por empresas de telecomunicaciones.
– Información de plataformas de compras en línea (Amazon, Mercado Libre).
– Actividad en plataformas de streaming (Netflix, HBO, etc.).
– Datos de plataformas de transporte (Uber, Didi).
¿Cuál es el objetivo de la “Ley Miedo”?
Esta ley busca centralizar la información de todos los ciudadanos mexicanos para “fijar mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno”, con el fin de prevenir y combatir actos delictivos. Ya fue aprobada por los diputados oficialistas, con el voto en contra de la oposición.
Se prevé que entre en vigor a partir del 1 de abril de 2026.
¿Existe alguna forma de impedir su aprobación?
Diversas organizaciones como R3D, Artículo 19 y SocialTIC, junto con expertos en ciberseguridad, advierten sobre la consolidación de un Estado de vigilancia, al permitir al gobierno acceder sin orden judicial a bases de datos personales que contienen información sensible de todos los mexicanos. Estas organizaciones han anunciado acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que se trata de una reforma inconstitucional. Sin embargo, querido lector, la efectividad de estos recursos dependerá de la independencia del Poder Judicial en estos tiempos de la Cuarta Transformación.
¿El SAT podrá espiar a través de redes sociales y plataformas de compras?
La Cámara de Diputados ha reformado el Código Fiscal de la Federación, permitiendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder en tiempo real a plataformas digitales de servicios y compras.
Incluso se ha señalado que también se podrá acceder a las redes sociales que usted utiliza diariamente, querido lector, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, pudiendo ser objeto de bloqueos temporales en caso de incumplimiento.
¿A qué datos puede acceder el Estado?
Los datos que podrán ser requeridos, según el criterio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incluyen:
– Información biométrica
– Datos médicos
– Información fiscal y bancaria
– Registros telefónicos y vehiculares
– Huellas dactilares
– CURP biométrica
– Historial de salud
– Actividad en redes sociales
– Información financiera
Colofón
Amigo lector, debemos tener presente que los órganos autónomos encargados de la transparencia, protección de derechos y rendición de cuentas gubernamental —como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros— han sido limitados, acosados presupuestalmente, reformados e incluso algunos han desaparecido.
Aunado a ello, en México la opacidad institucional es constante: los funcionarios evitan declarar con precisión sus bienes patrimoniales, y las instituciones públicas no informan con claridad en qué se utiliza el dinero público. Sin embargo, se habla de una “transparencia total” que exige al ciudadano común informar absolutamente todo. Y querido lector, todo es todo. Surge entonces la pregunta: ¿por qué ahora todos los ciudadanos debemos ser tratados como probables delincuentes, corruptos y evasores fiscales? La medida, claramente, no es pareja en ambos lados.
Aquí emerge una paradoja central: el ciudadano transparente es también un ciudadano vulnerable. En un país donde la información se filtra, se manipula y se utiliza como herramienta de persecución política —como lo demostraron Pegasus y Guacamaya Leaks—, ¿quién garantiza que esta plataforma central no se convertirá en un arma? El gobierno asegura que todo estará bajo control judicial. Pero el problema es que el Poder Judicial ya ha sido reformado con intervención del Poder Ejecutivo. A esto se suma la reciente reforma a la Ley de Amparo, que limitó el acceso social a ese freno legal a las arbitrariedades de autoridades…
