Sobre la pluma: Renata Ávila es economista, periodista y diputada local de Zacatecas por el PT
En Zacatecas, la deuda municipal se ha vuelto una moneda paralela: circula sin transparencia clara, pero sí con efectos políticos visibles. Cambian los partidos, cambian los rostros, cambian las narrativas, pero no cambia la lógica de gasto: uso discrecional del recurso público. El dinero se administra como si no tuviera dueño. Y lo tiene: la ciudadanía.
La teoría de la elección pública lo advirtió hace décadas: todo depende de cómo los gobiernos entienden al ciudadano. Si es sujeto de derechos, se le rinde cuentas. Si es voto potencial, se le seduce. Cuando el ciudadano deja de ser representado y se convierte en “mercancía electoral”, la deuda deja de ser política pública para transformarse en inversión política: se endeuda para impresionar, no para transformar.
La revisión de las Cuentas Públicas 2023 en las comisiones legislativas de Vigilancia y Cuentas Públicas de la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas lo confirma: municipios pequeños arrastrando pasivos más grandes que municipios que triplican su tamaño; comprobación deficiente en servicios generales; dispersión de pagos sin trazabilidad; y uso del corto plazo para disfrazar deuda como gasto corriente. Hay casos de municipios con menos de 20 mil habitantes con observaciones que rondan entre 15 y 25 millones de pesos. Esa desproporción habla sola.
Este hallazgo no es aislado: está descrito por Ramírez y Poom (2013), retomando a Alesina y Tabellini (1990). Lo llaman ilusión fiscal y sesgo deficitario. Es más rentable endeudar que recaudar porque subir impuestos cuesta votos. Por eso en México, y en Zacatecas, la deuda municipal se usa para mandar señales de capacidad y no para construir capacidad real. El Registro Único de la SHCP confirma deuda de largo plazo en municipios de todos los colores: PAN, PRI, PRD, Morena, PVEM, PT, etc. El fenómeno no discrimina partido.
Y la geografía agrega otra capa: en municipios urbanos, la deuda se usa para marcar diferencia en contextos de competencia electoral dura; en municipios rurales, la deuda funciona para consolidar cacicazgos y asegurar lealtades políticas.
Es la misma racionalidad con dos caras: espectáculo electoral en la ciudad y control político en el campo.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) aparece aquí no como enemiga de los municipios, sino como última barrera institucional frente al deterioro de las finanzas locales. Porque esta deuda no es abstracta: es agua que no se bombea, luminarias que no se reponen, drenajes que no se arreglan, seguridad que no llega. Cada peso mal ejercido es un servicio público no garantizado.
Y aquí el corazón del problema: la Ley de Disciplina Financiera existe, pero opera como trámite, no como límite. Se entregan formatos. Se llenan plantillas. Se cumplen calendarios. Pero no se asume el mandato: la ley no está frenando el uso político del presupuesto. Mientras la administración municipal vea el dinero público como botín temporal —y mientras la sanción institucional no se ejerza— la discrecionalidad seguirá siendo rentable políticamente.
Rumbo a 2027, la pregunta no es quién va a ganar qué municipio. La pregunta es más simple y más brutal: ¿seguirá usándose el dinero público como dinero político?
Si en Zacatecas no se rompe esta lógica —esta idea de que el municipio es un espacio para hacer campaña permanente— ninguna alternancia futura tendrá sentido. Porque la democracia local no se mide en colores: se mide en responsabilidad pública.
Y la responsabilidad no termina en la oficina municipal: también empieza en la urna.
