Sobre la pluma: Renata Ávila es economista, periodista y diputada local del PT en la LXV legislatura de Zacatecas.
Ayer, madres, padres y estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 realizaron una manifestación pacífica frente a su plantel. Lo hicieron porque un estudiante fue denunciado por manipular fotografías de sus compañeras utilizando herramientas de inteligencia artificial (IA) con fines pornográficos. No se trata de un caso aislado ni de una anécdota escolar exagerada por redes. Es el síntoma visible de una crisis que ya está aquí, que ya toca a nuestras niñas y adolescentes, y para la cual Zacatecas no cuenta con legislación específica.
La tecnología se mueve más rápido que los congresos. Mientras miles de jóvenes exploran nuevas herramientas digitales, las leyes locales mantienen vacíos que constituyen espacios de impunidad. En enero de este año, presenté una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado para crear un nuevo delito: violación a la intimidad digital, incorporando por primera vez la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial para fines sexuales no consentidos.
A esa iniciativa se suma otra, presentada en marzo, para actualizar los delitos informáticos en el Código Penal. El uso de IA para crear o alterar imágenes y videos, el robo de bases de datos, la manipulación de información con fines dañinos y el ciberespionaje, ya no son hipótesis: son hechos que ocurren cotidianamente. Es urgente que el marco legal refleje esa realidad.
Ambas iniciativas están detenidas en la Comisión de Justicia. Y mientras eso ocurre, el territorio digital se convierte en un terreno fértil para el daño impune.
México ya vivió un caso masivo en 2023: Diego “N”, alumno del IPN, fue descubierto con más de 160 mil imágenes y 20 mil videos alterados con IA para uso sexual y venta en plataformas digitales. Ese caso reveló cuán rápido pueden multiplicarse los contenidos falsificados y cuán tarde reaccionan nuestras instituciones. No fue ciencia ficción: fue el retrato de un sistema penal que no alcanza a comprender la dimensión de la violencia sexual digital.
La discusión pública tiene que desplazarse rápido: no se trata solo de “castigar al agresor”, sino de reconocer que la violencia digital es violencia sexual. Y que la violación a la intimidad con IA no puede seguir siendo tratada como un área gris o un vacío interpretativo. Las víctimas existen aunque el Código no las nombre todavía.
La propia ONU lo advierte: hoy cualquier persona puede ser sexualizada digitalmente usando solo una fotografía del rostro, en menos de 25 minutos y sin costo alguno. Y no es casualidad a quién se dirige esa violencia: el 99% de las víctimas de pornografía deepfake son mujeres y niñas. El internet, como dice Carolina Botero, no es neutral: amplifica las desigualdades del mundo offline y convierte el cuerpo femenino en campo de experimentación para tecnologías que se desarrollaron sin control democrático.
Y la evidencia está ahí: el 96% de los deepfakes que circulan en el mundo son pornográficos y afectan principalmente a mujeres. La MOCIBA 2023 lo confirmó: las mujeres y las adolescentes son el grupo más expuesto y más golpeado por la violencia digital sexualizada. La IA no inventa nuevas violencias: sólo acelera y multiplica las que ya existen contra los cuerpos de las mujeres.
La educación pública debe estar en el centro. Porque la violencia digital que hoy se denuncia en la Técnica 1 se incubó en un salón de clases, en un patio escolar, en un entorno donde las instituciones educativas no tienen protocolos, formación docente ni herramientas jurídicas para actuar.
Por eso hago un llamado respetuoso a la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas para atender, escuchar y dar seguimiento puntual a las demandas de estudiantes y familias.
Y hago también un llamado público a mis compañeras y compañeros diputados: este es el momento de ponernos a trabajar y dictaminar estas iniciativas. No podemos normalizar el rezago legislativo frente a una tecnología que fabrica delitos en segundos.
Si no atendemos lo ocurrido en la Técnica 1, lo que hoy parece un caso local, mañana será la regla en las secundarias públicas de todo el país.
Al fondo, hay una pregunta histórica: ¿quién tiene la soberanía sobre el cuerpo femenino en el siglo XXI? ¿Las niñas y adolescentes, o la combinación tóxica de impunidad judicial y tecnología desregulada?
El territorio digital es hoy un territorio político.
Y ahí también el Estado tiene que garantizar derechos, no solo conectividad
