A seis meses de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con un saldo de cerca de 180 mil personas asesinadas yalrededor de 110 mil desaparecidas, urge preguntarse ¿Funciona la estrategia de seguridad? ¿Se debe seguir por el mismo camino? Y, basados en que se presume disminución de homicidio doloso ¿Por qué ésta no significa que el Estado recupera los territorios controlados por el narco?
Las respuestas son evidentes. Si bien lo propuesto por el actual régimen resultó atractivo porque significó un vuelco en la estrategia de guerra contra el narco, dominada por el “mátalos y luego averiguas”, la 4T debe verla como perfectible. No se trata de politizar todos los aspectos de la vida pública, se trata de entender que si no han cedido las matanzas y continúa imperando la corrupción y la impunidad, algo no está funcionando.
Se entiende que son los tiempos. Hoy estamos inmersos en la que se augura, la campaña política electoral más difícil de la última década debido a la activa participación del Crimen Organizado en ella, pero es necesario que más allá de filias y fobias, exijamos vivir en un país seguro.
En próximos días, candidatas y candidatos saldrán a las calles a prometer y ahorita es la oportunidad del electorado, de reclamar lo no cumplido. Es tiempo de increpar a las y los próximos ocupantes de las curules para que analicen los resultados de la política de seguridad nacional. A la próxima presidenta para que se analice lo recorrido y se dé el vuelco necesario en la misma materia.
Es coyuntural porque en el proceso electoral de 2018, la inseguridad en el país fue una de las razones por las que 30 millones de mexicanos, elegimos el cambio que prometían Morena y sus patiños.
Entonces, el candidato presidencial del partido en el poder, prometió que recuperaría la seguridad en un semestre, “me canso ganso”, dijo muy convencido. Quienes hace casi seis años, avalamos ese proyecto, veíamos la táctica de atacar las causas de que la juventud se vuelva carne de cañón del narco, como una opción muy atractiva.
El gobierno de la república, planteó entonces una Estrategia Nacional de Seguridad, vertebranda en las siguientes premisas:
Una política social de entrega de subsidios que capacita para el empleo a jóvenes proclives a enlistarse en la criminalidad. Sonaba más atractiva que bañar de sangre las calles, porque al final, la guerra deshumanizó. Pero, a punto de terminar el sexenio,los resultados de esa política pública son magros.El gobierno reparte dinero al por mayor sin evaluar resultados. Vaya, como si se le hayan acabado las ideas.
Se ha descuidado el objetivo de ese programa a tal punto,que se han detectado casos en los que se simulan capacitaciones y el apoyo se reparte entre el supuesto empleador y el empleado, por citar un ejemplo.
Más grave aún, es que el método de repartir recurso público, no haevitado que los criminales arrastren a adolescentes y jóvenes a sus filas. En ese sentido, un grupo de investigadores publicó el año pasado un estudio en la prestigiosa revista Science de la Asociación Estadunidense de Avance de la Ciencia, en el que calculaba que cerca de 170 mil jóvenes trabajan para los cárteles en México.
Es cierto que además, el poder coercitivo de los narcos no ha disminuido porque a quienes no los siguen por voluntad, también los secuestran y los someten a esclavitud.
Lo dicho anteriormente, lleva a recordar el siguiente punto de la estrategia de seguridad aprobada en 2019 por el Congreso de la Unión, que prometía acabar con la corrupción y la impunidad. Las taras que fungieron como pilares en la campaña de López Obrador, son todavía hoy, el talón de Aquiles del servicio público. En el rubro de la seguridad, es donde más se nota. Para enfrentar a la corrupción y su consecuencia, la impunidad, la 4T, continuó la centralización de la seguridad que se implementa desde 2006.
Asi quedó plasmado en la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de 2019.
El desplazamiento tácito de las policías estatales se justificó así en la iniciativa:“Ante la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia, es necesario seguir disponiendo de la instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia”.
Con ello, se daba paso a la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a una Guardia Nacional de mando civil, que proyectaba el regreso de los militares a los cuarteles en el corto plazo, medida que hoy esta muy lejos de cumplirse, porque de manera mañosa, se implementó una militarización blanda.
Es decir, se les ha dado un poder excesivo a los militares al ocuparlos en tareas ajenas a su investidura.Me refiero a que son ellos los que controlan empresas públicas como Mexicana de Aviación y la construcción de las obras prioritarias.
La seguridad ha pasado a segundo término en su agenda, porque además, sobre su capacidad de acción, pesa la Ley de Uso de la Fuerza. La reforma presidencial publicada en mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, señala en su capitulo 2, artículo 4, apartado 1, que “el uso de la fuerza será la última alternativa”. Pone en relieve que el objetivo es “tutelar la vida de las personas” y “agotar todos los medios para el desistimiento de la conducta del agresor”.Reitera en su apartado VII que se tiene que tiene que evitar la afectación en la integridad de las personas involucradas.
Por otro lado, un rubro muy atractivo del ataque a la inseguridad que implementó el actual gobierno, fue la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Con ese organismo se prometió dar golpes contundentes al narco, en el aspecto donde más les duele: sus finanzas.
Empero, la corrupción, continua como la principal enemiga a vencer y es una traba para que la UIF realice su trabajo. Según la Evaluación Nacional de Riesgos de 2023, de la misma UIF,entre 2019 y 2021 las tasas de corrupción más altas se registraron en el contacto con las autoridades de Seguridad Pública. La cifra pasó de 59.2 a 65.0, lo que significa un aumento de 9,8 por ciento.
Finalmente, La estrategia de seguridad tiene puntos positivos, no obstante, ha faltado a su objetivo principal que era lograr la pacificación porque flaquea en su eslabón más importante: la ejecución. La laxitud en el castigo a quienes operan encima de la legalidad ha permitido la diversificación de sus actividades, lo que conlleva a una cuestionable tolerancia a la corrupción y a la impunidad, puntos claves de la estrategia.
