Por Raymundo Moreno
Se cumplen 10 años de aquella fatídica noche en la que 43 jóvenes estudiantes desaparecieron, 10 años de incertidumbre, de versiones oficiales, de peritajes, de encubrimiento, de dolor y de lucha. Ayotzinapa es la piedra en el zapato de un presidente que llegó con la promesa de justicia y se va con la carga de la impunidad.
La tragedia de Ayotzinapa, porque la desaparición y el muy probable homicidio de jóvenes siempre es una calamidad que debe sacudirnos, desvela una realidad lacerante que no se puede ocultar: vivimos bajo un régimen que ha preferido “cuidar” a las fuerzas armadas, antes que brindar justicia a las familia de las víctimas y a una nación herida.
Al horror de aquella noche impune se debe adicionar la catástrofe de violencia cotidiana que vivimos. Desapariciones forzadas, homicidios, extorsiones y secuestros siguen siendo la regla ante la mirada omisa, tramposa o cómplice del gobierno de morena. Si, los hechos delictivos no comenzaron con la agonizante administración de López Obrador, pero el caudillo lejos de enfrentar la situación, decidió voltear hacia otro lado, prefirió la cortesía con los criminales y el desprecio con los colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos.
A 5 días del fin del sexenio, en México se cometieron 198,722 homicidios dolosos, es decir, al concluir este gobierno la cifra de familias enlutadas será de prácticamente 200,000 y eso que a esta administración le recortaron 2 meses. A los asesinatos hay que sumar la terrible crisis de desapariciones, más de 100,000 personas entre las que se cuentan 43 muchachos cuyo destino ignoramos pero que son símbolo del miedo, la indefensión y la resistencia que nos han forzado a padecer.