Durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión fuimos testigos de cómo la mayoría oficialista impulsó y aprobó una serie de reformas que, desde mi perspectiva, no responden al interés público ni al bien común. No solo voté en contra de muchas de ellas, también argumenté y fijé postura tanto en comisiones como en el pleno. El debate fue intenso, pero la cerrazón se impuso.
Uno de los temas más delicados fue la digitalización de los servicios. Si bien es necesario avanzar en esa dirección, hacerlo sin garantías mínimas de protección es irresponsable. En un país donde incluso los sistemas de las fuerzas armadas han sido vulnerados, exigir que toda la población entregue sus datos biométricos a una CURP centralizada —y que, según la propia iniciativa, no contará con suficiencia presupuestal— representa un enorme riesgo. Exponer la identidad de las personas no es brindarles un mejor servicio, es ponerlas en peligro.
Sí a la digitalización, pero con reglas claras, con candados eficaces para proteger los datos personales, con un plan gradual de implementación y, sobre todo, con recursos para salvaguardar los sistemas. La propuesta actual plantea una interconexión de los datos biométricos con múltiples fines, tanto públicos como privados. Y entre los públicos, destaca el tema de la seguridad.
Aquí es donde la alerta debe encenderse. Las reformas en materia de seguridad amplían las facultades del Estado no solo para recopilar datos biométricos, sino también información médica, bancaria y de todo tipo, ya no solo con fines de investigación, sino también para tareas de inteligencia. Esto es particularmente grave porque se abre la puerta al uso indiscriminado de datos sin un marco legal que limite y regule su utilización.
Durante años, hemos construido leyes que protegen el derecho a la intimidad y los datos personales, sobre todo en lo que se refiere a la seguridad pública. Pero al incluir ahora el componente de inteligencia —sin ninguna regulación específica— se eliminan las fronteras legales que nos daban certeza. Hoy, no existen normas ni sentencias de la Corte que establezcan los límites en este nuevo escenario, lo que deja a la ciudadanía completamente desprotegida.
En este periodo se reformaron leyes clave, como la de la Guardia Nacional y la de inteligencia, otorgando nuevas facultades tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como a la Guardia Nacional. Lo que antes era competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas para fines de defensa nacional, ahora se extiende a tareas internas sin los controles que deberían existir.
Esto no puede normalizarse. Nuestra labor como legisladores debe ser la de construir normas claras, acotadas y respetuosas de los derechos humanos. La Constitución debe guiar nuestro actuar, aunque hoy, lamentablemente, Morena la reforma según sus intereses coyunturales, como quedó demostrado con la reforma judicial.
La Constitución aún nos vincula al Sistema Interamericano de Justicia, por lo que debemos respetar sus criterios y proteger los artículos 1, 6, 14 y 16 de nuestra Carta Magna. La legislación aprobada debe garantizar que los derechos fundamentales de las personas no sean vulnerados bajo ningún pretexto.
Presentaré iniciativas en este sentido. Confío en que sean tomadas en cuenta, porque una sola visión impuesta no le hace bien a México. La pluralidad, el equilibrio y el consenso son el camino para reavivar a nuestra democracia.
