«La posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debe ser un privilegio reservado para las mujeres con recursos, sino que debe ser un derecho de cada mujer y cada niña de todo el mundo. Lo mismo sucede con el derecho a la salud y a la no discriminación”
Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2017)
Por Pilar PinoAcevedo( Economista, activista pro derechos reproductivos en Zacatecas)
El día de hoy se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como el Dia por la Despenalización del Aborto. Pese a que no existe una cifra exacta, los datos oficiales estiman que en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos al año, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se practican un millón y medio. La realidad es que miles de mujeres se someten a abortos clandestinos, solas y en condiciones insalubres.
En este sentido este mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que penalizan el aborto antes de la semana 12 de embarazo. Es decir, el apartado del código que criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo ya no tendrá efectos, y ninguna mujer, ni persona gestante, ni personal de salud que lo realice se enfrentará a castigo alguno.
Por lo anterior, las instituciones de salud públicas federales, que atienden al 70% de la población (IMSS Bienestar, ISSSTE, PEMEX), están obligados a brindar el servicio de aborto a las mujeres y personas gestantes que lo soliciten. La prestación del servicio por parte de las instituciones de salud y la decisión de las mujeres de ejercer su derecho a elegir, implican un signo de maravillosa vitalidad democrática. Las mujeres dejarán de ser delincuentes para convertirse en usuarias de un servicio público.
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una de las demandas básicas y más antiguas del movimiento feminista. La despenalización representa un paso más para disminuir la mortalidad materna y la injusticia social que implica esta práctica, así como métodos anticonceptivos y educación sexual al alcance de todxs, para prevenir el abuso sexual infantil y embarazos adolescentes.
Además de ser un importante reconocimiento para las mujeres como personas con capacidad de decidir y su libertad reproductiva, lo es también de sus derechos humanos. Conservando la congruencia del carácter laico del Estado mexicano que respeta la diversidad ideológica y reconoce la libertad de conciencia de las personas.
Las entidades federativas están obligadas a homologar sus códigos penales en este sentido. Nuestro país ha dado pasos notables en la liberación de las leyes que garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Sin embargo, en Zacatecas la iglesia católica continúa siendo el principal obstáculo para que las mujeres puedan interrumpir legalmente los embarazos no deseados, ya que tiene un papel político importante y control sobre algunos legisladorxs y funcionarixs públicxs. La injerencia de la iglesia es tal, que bastó con una reunión con el obispo para hacer recular a la Legislatura y mantener el dictamen del aborto en la congeladora, tal vez esperen que sea la SCJN quien les obligue y terminen pagando el costo político que implica – tanto temen que la falta de esfuerzo y trabajo a favor de los zacatecanos les cobre factura-.
La sociedad zacatecana se ha caracterizado por ser conservadora, sobre todo en temas como el aborto, donde hay una clara injerencia de la iglesia. Existe un estigma muy presente, por cuestiones religiosas que llevan al imaginario social a pensar el aborto como algo catastrófico, relacionado con el pecado. En pleno siglo XXI existe una enorme penalización social, de cuestionar el valor de las mujeres a partir de tomar la decisión de abortar.
Aunque hay posturas más progresistas dentro del catolicismo, como monseñor Alberto Iniesta, quien fuera obispo de Madrid, quien ha manifestado públicamente “mi conciencia rechaza el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere un delito”.
En nuestra entidad existen dos amparos en marcha, para la despenalización y legalización del aborto al considerar inconstitucionales los artículos que criminalizan el aborto; el primero, promovido por el movimiento feminista y el segundo por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). De ambos se espera una respuesta favorable para los derechos humanos de las zacatecanas.
Lamentablemente, aún hay mucho camino que recorrer, la criminalización, la reducción de la disponibilidad de los servicios de salud, la estigmatización y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud, son algunos de los factores que impulsan a miles de mujeres a realizarse abortos inseguros, poniendo en riesgo su integridad física e incluso sus vidas. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al año se realizan 25 millones de abortos clandestinos e inseguros, siendo esta la tercera causa más común de muerte materna del mundo y la causa de cinco millones de discapacidades, en su mayoría evitables.
Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronuncia a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, y en contra de la criminalización que sufren cuando se ven orilladas a la interrupción de un embarazo. Además, reconoce que la falta de acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una clara violación a sus derechos fundamentales.
El derecho a decidir otorga dignidad a las mujeres –base de los derechos humanos– y, por tanto, el Estado debe garantizar estos derechos sexuales y reproductivos, como educación sexual, acceso al aborto electivo realizado por profesionales y, en el marco legal, a la anticoncepción, a los tratamientos de fertilidad y a la protección legal contra abortos forzados.
