Nuestra entidad vive desde hace un par de años una crisis de derechos humanos, que se traduce en el incremento de expresiones de violencia y de crímenes de alto impacto como el homicidio doloso, feminicidios, desaparición forzada y trata de personas. Nos toca vivir en una dura realidad en la que las personas desaparecidas, se ha convertido en un flagelo tan profundo, por la indolencia, negligencia y omisión del estado. Miles de familias viven el horror de una tortura continua, viven el duelo sin cierre ante la ausencia de cuerpos y restos no reclamados.
La desaparición forzada es un problema institucional de violencia exacerbada e impunidad que lastima a toda la sociedad. Constituye una violación de los derechos humanos, al no garantizar los derechos: a la libertad; a no ser sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y, a la vida. Salvo en pocas excepciones la desaparición es un hecho fabricado deliberadamente para ocultar el paradero de una persona y/o esconder su muerte.
La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de personas define la desaparición forzada como “La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
México carga con esta tragedia humana a cuestas, el año pasado alcanzamos la terrible cifra de 100 mil personas registradas como desaparecidas. Lo anterior, en parte por la falta de una protección judicial adecuada, ya que el Estado no previno, investigó y eventualmente castigo a las personas responsables. Es decir, gobiernos omisos y negligentes.
Zacatecas es el onceavo estado con mayor cantidad de personas desaparecidas o no localizadas, solamente después de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero. Destaca que, del total de las personas desaparecidas o no localizadas, 6 de cada 10 son hombres.
Durante el 2020 y 2021, comunidades enteras se vieron obligadas a desplazarse al observar el crecimiento de personas desaparecidas y asesinadas. En su mayoría jóvenes entre 15 y 30 años. En el estado hay registros oficiales de 3 mil 528 casos de desaparición de personas, 95 por ciento de los cuales han ocurrido en los últimos cinco años.
Pese a que se reconoce que las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas por agentes públicos de todos los ámbitos de gobierno, el crimen organizado es el principal perpetrador. Por supuesto, con la participación y omisión de los servidores públicos.
Según datos de la ONU existe patrones de desapariciones, por el ejemplo, en el sureste del país, las personas desaparecidas son en su mayoría niñas y mujeres jóvenes de entre 10 y 19 años (60%). Se cree que las desapariciones son un medio para ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual. Mientras que, en el norte, las desapariciones son mayormente niños y jóvenes de entre 13 y 21 años, se cree que tiene que ver con reclutamiento forzado, trabajo esclavo y trata de personas.
El perfil promedio de la persona desaparecida en México describe la cicatriz: jóvenes, de entre 15 y 19 años, provenientes de familias con ingresos pobres y con niveles bajos de educación; la mayoría son hombres, pero las mujeres son decenas de miles, aunado que su desaparición es ligada a la explotación sexual y trata. Conforme va incrementando el grupo de edad, la cantidad disminuye, quiere decir que entre más joven más vulnerable.
Otro sector que sufre de este flagelo son las comunidades indígenas, sin embargo, se dan por conflictos sociales-territoriales, en el que son despojados de sus tierras y bienes por el crimen organizado o empresas trasnacionales bajo la complicidad de los servidores públicos.
A la fecha, en el país son más de 112 mil personas que se mantienen en condición de desaparecidas (87.15%) o no localizadas (12.85). Solo entre el 2 y 6 por ciento de los casos de desaparición han sido judicializados a nivel nacional, según las cifras oficiales del 26 de noviembre de 2021. Por otro lado, en México, existen 52 mil personas fallecidas sin identificar, entre los centros de resguardo forense y fosas comunes.
La desaparición forzada es un problema complejo que requiere de una política multidimensional de prevención y erradicación de desapariciones a nivel nacional. Que además sea asimétrica y atienda las características de cada zona. Es urgente fortalecer a las fiscalías y al poder judicial, que están totalmente colapsados y sobrepasados por cantidad de crímenes de alto impacto que se comenten día con día.
