Por Renata Ávila**
Escribo desde Zacatecas, con las tripas hechas nudo y la garganta llena de nombres que el Estado ha intentado olvidar. Escribo desde una universidad que fue cuna de sueños y hoy parece un mausoleo del silencio. Escribo como egresada de esa casa de estudios, como feminista, como legisladora de izquierda. Escribo, porque no hacerlo sería pactar con la impunidad.
La Universidad Autónoma de Zacatecas acaba de atravesar uno de los episodios más oscuros de su historia reciente: su rector, Rubén Ibarra Reyes, confesó haber abusado sexualmente de una menor. No fue una denuncia, fue una confesión. Y sin embargo, el sistema judicial le permitió esquivar la cárcel. El poder universitario lo mantuvo en funciones. La burocracia quiso sellar el caso con una renuncia y una firma. Pero no contaban con nosotras.
No contaban con las colectivas del Movimiento Feminista de Zacatecas, que desde hace años han denunciado el acoso sistemático en las aulas. Que han documentado la violencia sexual como una epidemia impune. Que han tomado edificios, marchado, escrito nombres en muros y cuerpos, defendido la vida. No con discursos, sino con acción.
No contaban con las estudiantes que hoy enfrentan amenazas por alzar la voz. Con las universitarias que se niegan a volver a clases como si nada hubiera pasado. Con las mujeres que, aún con miedo, han decidido hablar. No contaban con la memoria.
Desde el Congreso del Estado, nosotras tampoco callamos. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, impulsamos reformas que no solo castigan, sino que previenen. Porque ya basta de que la ley esté hecha para quien puede pagarla. Presentamos:
✓Una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para prohibir el uso del procedimiento abreviado en delitos sexuales contra menores cometidos por servidores públicos.
✓Un punto de acuerdo exhortando al Congreso de la Unión a dar cauce inmediato a esa reforma.
✓La propuesta para crear un Registro Estatal de Personas Condenadas por Delitos Sexuales —una herramienta preventiva y de control institucional— presentada por el diputado Alfredo Femat.
✓Una iniciativa para que SIPINNA y la Procuraduría de Protección de NNA comparezcan ante el Congreso y digan, con cifras y con rostro, en qué estado se encuentra la niñez zacatecana.
✓Una iniciativa en favor de las infancias migrantes, para garantizar su derecho a la identidad, a la protección, al cuidado.
✓Y lo más reciente: solicitamos la comparecencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Porque no basta con lamentarse: hay que preguntar quién tomó las decisiones, quién firmó, quién lo permitió.
Desde la Comisión de Justicia, de la cual formo parte, hemos sostenido sesiones de trabajo con representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Poder Judicial para revisar a fondo los vacíos legales y las decisiones que han permitido que delitos graves como la violación sean sancionados con penas mínimas. No hemos sido omisas ni complacientes. Hemos cuestionado, propuesto y exigido. Porque la justicia no puede seguir siendo un trámite, ni el dolor de las víctimas puede seguir negociándose en acuerdos judiciales. En esa mesa también hemos puesto sobre la agenda legislativa las iniciativas que hemos impulsado desde el Partido del Trabajo, con la convicción de que el sistema judicial debe dejar de mirar para otro lado cuando se trata de proteger a la infancia.
Y hace apenas unos días, nos reunimos con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Compartimos nuestras preocupaciones, pero también nuestras acciones. Hablamos de este caso concreto, de las violencias estructurales, de las infancias desprotegidas. Reiteramos que Zacatecas necesita una reforma judicial profunda, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Porque no es un tema local: es una deuda global que exige respuestas contundentes desde lo legislativo, lo judicial y lo social.
Todo esto lo hemos hecho sin perder de vista a quienes hoy también luchan en las calles: las y los maestros de Zacatecas. Las secciones 34, 58 y las telesecundarias no están en paro por capricho, están en pie de lucha por dignidad. Exigen certeza, salarios justos, condiciones de trabajo que les permitan seguir educando.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos acompañado, en la medida de nuestras posibilidades, esta lucha legítima. Refrendamos nuestro respaldo al magisterio zacatecano y exigimos que no haya ningún acto de represión contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Nos sumamos a su causa porque entendemos que defender la educación pública también es defender los derechos laborales de quienes la sostienen.
Lo decimos claro: las maestras y los maestros que hoy están en la calle también están enseñando. Están enseñando con su ejemplo. Y no podemos entonces hablar de que se perdió el semestre o el ciclo escolar. Lo que se ha ganado es una lección de dignidad.
Como escribió Audre Lorde: “Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá”. Por eso escribimos. Por eso gritamos. Por eso luchamos.
Desde la rabia.
Desde la ternura.
Desde la certeza de que un nuevo Zacatecas es posible.
**Renata Libertad Ávila Valadez es economista egresada de La UAZ, periodista y actualmente, diputada por el PT en Zacatecas