Nunca olvides que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados: Simone de Beauvoir
Desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por unanimidad votó de forma histórica por la despenalización del aborto. Una decisión congruente después de que el aborto es reconocido como uno de los derechos fundamentales de las mujeres y México está suscrito a Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Esta decisión abrió las puertas para que se armonizaran los marcos normativos de todas la entidades del país. Sin embargo, las y los diputados locales temen perder votos si se reforma el código penal de estado. Pese a sobrepasar el período establecido en la Ley para que la iniciativa ciudadana para la despenalización, diversas facciones hacen uso de sus propios juicios de valor y moral para detener la iniciativa.
Parece que temen perder votos tanto si avalan una postura u otra, pero no temen perder votos por desvío de recursos públicos, simulación, indolencia, corrupción y por propiciar la impunidad que tanto nos ha afectado como sociedad. No son capaces de ver que la mayoría del electorado es joven, que el pasado 8 de marzo salimos cerca de 20 mil mujeres a las calles para exigir nuestros derechos, entre ellos, el de decidir sobre nuestros cuerpos.
Zacatecas ocupó en 2020 el segundo lugar en embarazo adolescente, en 2022 hubo dos mil 800 embarazos de adolescentes y 78 de niñas entre 10 y 14 años (relacionados con violencia sexual). México es el país en el que cada 4 minutos ocurre una violación a una mujer o niña, ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil y de trata de personas. Aún ante lo escalofriante de las cifras, las secretarías de Educación y Salud no han podido garantizar el acceso a todxs lxs adolescentes a educación psico-sexual y reproductiva, ni a métodos anticonceptivos. Lo que es una incongruencia si es una entidad donde es criminalizado el aborto.
El derecho al aborto legal y seguro forma parte de los derechos sexuales y reproductivos. Según Amnistía Internacional, estos implican que todas las personas deben tener acceso a la educación afectivo-sexual, a la formación e información sobre su salud sexual y reproductiva, a métodos anticonceptivos y servicios de salud integrales, el derecho a la autonomía personal de las mujeres para decidir sobre si tener hijos o no. Son estos derechos los que no protegen los estados cuando criminalizan el aborto, no se ha entendido que penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos seguro.
Por tanto, el acceso a este, se liga esencialmente a la protección y respeto de los derechos de las niñas, mujeres y personas gestantes. La penalización sigue cobrando vidas de mujeres y niñas: pues la legislación punible por interrumpir el embarazo, fue la tercera causa de muerte materna en México en 2022, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal.
Algunas diputadas panistas como Noemí Luna, se pronunciaron el 8 de marzo a favor de los derechos de las mujeres y al día siguiente por “el derecho a la vida”. Sin tomar en cuenta que quien gesta la vida no siempre lo hace por voluntad propia. La ONU ha reiterado que las leyes restrictivas sobre el aborto constituyen una forma de discriminación contra las mujeres. En la criminalización están los presupuestos patriarcales que asignan un papel subordinado a las mujeres en todos los órdenes, con la pretensión de controlar la fecundidad y anular su capacidad de decidir, por tanto, quien criminaliza el aborto NUNCA será feminista.
Contrario a lo que manifiestan quienes se dicen defensores del “derecho a la vida”, necesitan entender que la vida es reconocida por los organismos internacionales de Derechos Humanos cuando una persona comienza al nacer. No, no es aplicable a fetos, embriones, cigotos o gametos, porque si así fuera, “se limitarían de manera abusiva los derechos establecidos a las personas ya nacidas”.
Finalmente, al criminalizar, se vulnera el derecho a la vida de una mujer embarazada. Con la prohibición, las mujeres no dejan de abortar, pero si las obliga a hacerlo en la clandestinidad y sin las garantías sanitarias que el Estado esta obligado a proveer.
