Dos propuestas de reforma a la Ley del Issstezac, duermen el sueño de los justos en la congeladora del Congreso Estatal. Antagónicas en esencia, porque una esta diseñada desde el lado de los agremiados y la otra desde el lado del poder. En ese sentido, la primera, la de la base trabajadora, fue diseñada por el Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac (MBDI), en conjunto con la ex diputada morenista Alma Gloria Dávila Luévano. La segunda, por la que se inclina el gobierno de David Monreal y la empuja desde antes de su llegada, es la mal llamada “Ley Tello”, con algunas modificaciones.
Con ese contexto, el miércoles, la Comisión Especial para Atención y Seguimiento de la Crisis Financiera del Issstezac, que encabeza la diputada María del Refugio Ávalos, se reunió con Ignacio Sánchez González. El martes, los diputados se habían reunido en el vestíbulo del Congreso con representantes del MBDI. El resultado de ambas reuniones: la prueba nítida de que los consensos para lograr una nueva ley que solucione problemas y deje contentos a todos los involucrados, yacen en un pantano. Las posturas de agremiados y patrón simplemente chocan. Unos pretenden cargarle a trabajadores, jubilados y pensionados los excesos actuales y del pasado y los otros -con justa razón-, no se quieren dejar.
Ambas partes tienen claro, que no aceptarán una reforma que vaya en detrimento de sus intereses. Por un lado, el pasado 7 de junio el Movimiento de Bases en Defensa del ISSSTEZAC, enumeró conceptos que debe contener la nueva iniciativa de reforma al instituto. Sin hacer del tema un nudo gordiano, como insisten el ejecutivo y el legislativo, piden básicamente se proponga una reforma que incluya 6 rubros. Tales rubros son: Ataque a la corrupción e impunidad, reingeniería administrativa; el máximo del 2 por ciento en gasto financiero, separar el área empresarial del sistema de pensiones, transparentar el manejo del instituto y respetar los artículos transitorios de la ley de 2015. Ese último punto, se refiere a los artículos sexto y séptimo, en el sentido de respetar los derechos adquiridos con anterioridad a dicha ley y el reconocimiento de periodos cotizados en el mismo tenor.
Claramente, los derechohabientes no están en contra de una reforma integral, están en contra de que continúe la corrupción y la impunidad y que ellos carguen todo el peso. Su petición no tiene nada de extraordinaria o escandalosa y sería normal en una entidad en la que se respete el estado de derecho. Pero eso no ocurre en Zacatecas porque en el gobierno de David Monreal, no hay disposición. Así como las administraciones pasadas, la actual, no quiere desterrar fantasmas ni investigar actos de corrupción. Sabe que pisará callos de muchos aliados. Tampoco quiere cambiar las dinámicas que hundieron al ISSSTEZAC. Su pretensión es que sean los agremiados los que soporten excesos añejos y actuales.
El amago del Ejecutivo, en caso de no lograr esos objetivos, es la extinción del instituto. Al menos así lo clarifica Sánchez González en cada oportunidad. Un discurso catastrofista de eliminación del organismo o una Reforma que favorezca a la élite. Así lo expresó el miércoles. Sabe de los vicios históricos que han mermado las finanzas, sin embargo, no mencionó una cruzada de investigaciones para que finquen responsabilidades. Aunque sí insistió en una reforma que atente contra derechos ya ganados. Grabar el aguinaldo, un tope a las pensiones y homologación salarial, que se incluirían a la propuesta que presentó el gobierno anterior.
Pero la realidad de la nueva gobernanza ya no es la misma que tuvo Alonso al aumentar cuotas pasándose la ley por el arco del triunfo. La reforma por la que pelean las bases, no será aplicable a jubilados, ni a trabajadores que ya ganaron derechos. Será para que las futuras generaciones tengan ISSSTEZAC. Al MBDI no le hace sentido la idea de sufrir aumento de cuotas o las demás propuestas, simplemente porque la ley no se puede aplicar de forma retroactiva. Por ese error del alonsismo este gobierno paga consecuencias ya que le han llovido laudos de los agremiados. Laudos que por cierto, se resiste a pagar a pesar que es el Gobierno Estatal el que debe cumplir esa obligación sin importar quien lo administre.
Con ese contexto que imposibilita por ley al patrón, a aplicar una nueva reforma a los agremiados actuales, la falta de liquidez no será resuelta. Aumentar las cuotas no les garantizarían aumento en los ingresos del organismo porque solo la podrán aplicar a nuevos trabajadores. La solución más viable es que el estado inyecte recurso para sanear las finanzas. Ya lo hizo en el presupuesto que se ejerce hoy. Los diputados aprobaron 100 millones de pesos en el PE2023, pero la mesa directiva sigue empecinada en pasar por encima de la legalidad. Y es que, los pasivos del ISSSTEZAC aumentaron porque la actual administración arrancó atropellando derechos ganados.
En lugar de buscar soluciones concretas, aumentó los problemas del organismo al retener aguinaldos, acosar a pensionados para el recálculo de pensiones, retrasar la entrega de nuevas pensiones, etcétera. Un cúmulo de ilegalidades cuya consecuencia es la acumulación inédita de laudos. Más de 4 mil asociados han demandado el respeto de sus derechos ganados, pero solo han encontrado cerrazón. Una incapacidad para entender que la ley sí es la ley que solo ha acentuado el conflicto. Por eso, el ejecutivo representado por Ignacio Sánchez prefiere la extinción del ISSSTEZAC. Todo por no dar su brazo a torcer y paliar la corrupción y el mal manejo de ese organismo. Así las cosas