El florecimiento del estado de Zacatecas, sin duda se dio a raíz del descubrimiento de minerales como la plata, principalmente.
La riqueza arquitectónica de la que presume nuestra entidad, no hubiese sido posible sin la actividad minera, que asentó a acaudalados empresarios principalmente europeos durante la época de la colonia.
Sin embargo, con el trascurso de los decenios la minería se fue convirtiendo en una actividad peregrina.
Las empresas explotaban el recurso, pero los beneficios de esa actividad poco a poco fueron cambiando de sede, dejando poblaciones minadas por la contaminación de las tierras, cuyos habitantes al final emigraban de su lugar de origen dejando pueblos fantasmas.
En el Zacatecas moderno la actividad minera no tiene un impacto que se refleje en la mejor calidad de vida de sus ciudadanos, sino en la concentración de la riqueza en empresas principalmente extranjeras.
De acuerdo al estudio publicado hace dos años “Zacatecas, referente mundial de la minería”, esa actividad en nuestra entidad genera tan solo poco más de 11 mil empleos.
Un número insignificante si tomamos en cuenta que en esas fechas la Población Económicamente Activa (PEA), era de poco más de 600 mil personas entre hombres y mujeres, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI) en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2016).
La extracción sin regular, los compadrazgos del poder con las élites empresariales mantuvieron por años una dinámica donde los campesinos avecindados de las mineras terminaban pagando los platos rotos de esa actividad.
Frente a ese problema al que la mayoría de las administraciones estatales evadieron por sexenios, al tomar las riendas del Gobierno del Estado Alejandro Tello, inició la controversia al proponer que las empresas – no sólo las mineras, pero éstas son las de mayor relevancia- que alteraran de alguna manera el medio ambiente contribuyeran remediar el daño al asignarse el Impuesto de Remediación Ambiental.
Los dueños de empresas, principalmente mineras, pusieron el grito en el cielo ante la intención del gobierno estatal de obligarlos a dejar un poco de lo mucho que se llevan de Zacatecas.
El asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el día de ayer validó con 8 votos a favor y dos en contra la legalidad de la obligación fiscal que pretende que las empresas paguen por emisiones de gases a la atmósfera, contaminación de suelo, subsuelo y agua, así como depósito y almacenamiento de residuos.
Sin duda la resolución es histórica y Zacatecas sienta un precedente a nivel nacional que beneficiará a las y los ciudadanos y contribuirá al cuidado del entorno ecológico, habrá que vigilar como ciudadanos que el impacto de esa iniciativa realmente impacte de forma positiva en el rubro en el que se ha promovido. Esperemos que sí.
