En la pasada columna abordé, grosso modo, la problemática en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), que hoy mantiene sin clases a al menos 20 mil alumnos de educación media superior y superior. Sin embargo, no se puede tomar a la ligera, porque la factura que hoy pagamos los zacatecanos por la suspensión de clases tiene varias aristas. En el hundimiento de la Máxima Casa de Estudios hay una vértebra colectiva y no comenzó con Rubén Ibarra Reyes. Los clanes y las vacas sagradas que se arropan a su sombra no son de ahora, tienen décadas. Lo realmente alarmante es que erradicar esas taras no se ve fácil porque todo se empantana en una guerra política visceral cuyo único objetivo es el poder.
Es el clásico “quítate tú para ponerme yo”. Ni siquiera entre los indignados por las supuestas irregularidades en los movimientos de nómina hay una pizca de interés por extirpar esa costumbre. Lo que se nota en la cruzada que hoy emprende el SPAUAZ, liderado por Jenny González Arenas, no es una intención real de corregir malas prácticas, sino una disputa entre facciones que buscan controlar la universidad. No es por eliminar la vetusta costumbre de engordar la nómina con cercanos, sino de que los beneficiarios sean los del grupo antagónico. En medio de esa pugna, queda una universidad cada vez más madreada y con servicios educativos cada vez más decadentes.
Auditoría integral y malas prácticas replicadas
La auditoría a la UAZ que planteó Ángel Román Gutiérrez el lunes pasado debía tomarse con más seriedad. Que se esculque la actuación de administraciones pasadas. Que se realice un análisis integral, como lo propuso el actual rector, y que, como cita la nota de Alfredo Valadez en La Jornada, no sea únicamente sobre “los 491 movimientos —la asignación de beneficios que empezó esta nueva serie de paros—, sino una auditoría en general sobre la universidad, una auditoría integral a la nómina, en las partes financiera y académica”. Hay toda una historia de manejos irresponsables de las finanzas de la UAZ, que se han ido arrastrando y en las que cada rectoría ha impuesto su propio sello.
Hace 25 años (enero de 2005), el mismo reportero de La Jornada recogió una queja con tintes apocalípticos del entonces rector Alfredo Femat Bañuelos. El hoy diputado alertaba sobre un inminente colapso financiero del Alma Mater. Mencionaba una deuda con el ISSSTE de 682 millones, que achacaba a principios de los 90s durante la gestión de Francisco Flores Sandoval. Señalaba que, a raíz del cambio de la derechohabiencia del IMSS al ISSSTE, comenzó la acumulación de pasivos. Los sindicatos de maestros y del personal administrativo temían el cambio por el aumento de cuotas. Para paliar el conflicto, el entonces gobernador Genaro Borrego se comprometió —verbalmente, dice el texto— a pagar el 8 por ciento de las cuotas al ISSSTE. Pero al llegar al poder Arturo Romo desconoció ese compromiso y se comenzó a omitir el pago al instituto.
El ciclo de omisiones y abusos
Para abonar al desastre, el rector Virgilio Rivera Delgadillo dejó de cumplir con las aportaciones patronales hasta el año 2000. El petista reconoció también dos problemas financieros estructurales: la falta de respaldo financiero para el pago del 30 por ciento del personal que realiza actividades sustantivas, y que el 20 por ciento del subsidio ordinario se destina al pago de pre y jubilaciones. Ya entonces señalaba que una de las soluciones para equilibrar el ingreso con el gasto en nómina era despedir al menos a 500 maestros y a 250 administrativos. Femat Bañuelos dejó el cargo en 2008, durante el sexenio de Amalia García, quien gestionó recursos para el rescate financiero de la UAZ. El pago de deuda para entonces superaba los mil millones de pesos. En ese periodo, si mal no recuerdo, se entregó parte de la infraestructura universitaria al instituto, como el campus de Ciencias Químicas que hoy es la Delegación del ISSSTE.
Perpetuar el desvío
A Femat siguió Francisco Domínguez Garay (2008–2012), a quien se le acusa de contratar docentes cuyo salario se obtenía de las cuotas al ISSSTE de maestros que ya aportaban. Armando Silva Cháirez hizo lo propio al contratar personal y, para sostenerlo, siguió el desvío de cuotas.
Y el cuento de nunca acabar: Antonio Guzmán es señalado en notas periodísticas por abonar a la debacle con más de 500 nuevos puestos de trabajo en la UAZ. No es casual el alza de los pasivos y la nómina cada vez más obesa en la Universidad. Esa costumbre de dar espacio a incondicionales del contentillo no terminó. Por esa razón, sorprende que una práctica tan añeja se use como arsenal político, como si en realidad los abusos a la universidad no fueran una práctica que sus miembros han solapado. Y no significa que deban normalizarse, sino todo lo contrario. Lo que preocupa es que los paristas que se quejan por la asignación irregular de beneficios no muestran ni la más mínima pretensión de dejar de ver a la UAZ como un botín en disputa. El interés es mezquino, porque la ven como botín del que también quieren tajada y no les importa que el verdadero perjuicio sea para los zacatecanos. ¿O usted qué opina?
De salida
Julia Olguín dirigirá la CATEM en Zacatecas
Julia Olguín trae un padrino de peso en la posibilidad de su candidatura al Ejecutivo Estatal: el multimillonario, líder sindical, compadre y prestador de aviones de Ricardo Monreal, Pedro Haces. El diputado federal, líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), tomará protesta el día de mañana a Olguín Serna como presidenta de dicho sindicato en Zacatecas. No cabe duda que el impulso de la élite poderosa de Morena a la ojiverde no es una broma. Ya veremos en qué acaba…
