Por Christian Adalid del Havre
“Las instituciones sólo valen según el valor del hombre que las aplica».
Henri Frederich Amiel
En las últimas semanas se ha generado una controversia de tres temas que son fundamentales sobre el futuro político y social de nuestro país, que podrán hacer que cambie todo lo que hasta hoy conocemos.
Uno es la posible sobrerrepresentación de Morena y sus aliados; otro, la reforma al poder judicial y el tercero, la desaparición de los organismos autónomos.
En primer rubro respecto a espacios de representación proporcional, según el articulo 54 de la Constitución Política, hay algunas reglas que se deben cumplir para tener acceso a estos asientos en el Congreso de la Unión. De inicio, que los partidos políticos hayan participado en la elección en al menos 200 distritos y en ese caso se harán acreedores a los plurinominales que la fórmula asigne. Además, en la fracción V dice textualmente: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
En este caso ¿Cuál es el objetivo del gobierno actual y el uso de sus aliados? Contar con la mayoría calificada, es decir tener los legisladores suficientes para poder modificar la Constitución, lo cual solo puede ocurrir si se reúne al menos dos terceras partes de los 500 diputados, que son 333, pero la 4T va por 373.
Las letras pequeñas del asunto va en el sentido siguiente: el artículo menciona partidos, no coaliciones y en sentido estricto solo MC postuló por sí solo, candidatos en los 200 distritos que menciona el artículo, pero Morena y aliados en esta parte, quieren que equivalga partido a coalición. El otro apartado menciona que no obtendrán mas allá del 8% de la votación emitida o que rebasen los 300 diputados, el asunto aquí es que Morena y aliados, quieren que se les cuente como partidos en los individual y hacer que cada partido de la coalición tenga su parte de forma individual. La pregunta es ¿o son o no son? ¿Pretenden que se les aplique como coalición o como partido?
¿Qué pasaría si logran torcer la ley a su conveniencia? Como se señaló en la parte de arriba, quieren la mayoría calificada para modificar la Constitución a su antojo, el asunto es que ya están amenazando con ello a todos los demás poderes e instituciones.
En Venezuela al perder el poder de la mayoría de diputados, Maduro optó por desconocer la legislatura electa e instalo un congreso constituyente con su gente, bajo el pretexto de reforma de la Constitución. Aquí se quiere imponer una mayoría para modificar las leyes a contentillo.
Sobre la reforma al Poder Judicial, han causado revuelo los foros para la reforma donde hasta nuestro paisano Monreal ha acusado de injerencista y promotora del boicot a la Ministra Presidenta Norma Piña. Pero nada mas alejado de la realidad, las causas de los miles de trabajadores y personal del Poder Judicial de la Federación son fundadas, quienes han estado amedrentando al pedir sometimiento para no aplicar una reforma agresiva al Poder Judicial, son el Poder Legislativo saliente y el electo.
Ya se ha comentado en columnas anteriores, que la finalidad es cambiar al Poder Judicial desde sus entrañas para que jueces y magistrados vayan a elecciones populares y no sea su carrera profesional lo que los acredite. Esto solo lo han intentado en Bolivia en tiempos del populista Evo Morales, y ahora tienen un desastre.
Debemos entender que la justicia en nuestro país se da por dos vías la investigación, recabar pruebas, armado de expedientes y aprehensión de los acusados por parte de la Fiscalía ya sea estatal o federal, pero bajo una denuncia previa hacia el acusado. Otra, el juzgar que el procedimiento se haya hecho de forma que no vulnere los derechos humanos de las personas. Al final, con el criterio, bajo el marco legal y con las pruebas presentadas por la Fiscalía, dictar una sentencia. Pero frente a las fallas en todo el proceso (del que el Ejecutivo y el Legislativo forman parte a la hora de asignar los presupuestos necesarios), el gobierno de López Obrador y sus seguidores están en franca campaña acusando que los jueces son los que hacen todo el procedimiento, esto para denostar y hacer que la sociedad, harta de la injusticia, avale los cambios que requieren. Su objetivo primordial, es terminar con la independencia del Poder Judicial, haciéndolo dependiente de los intereses del poder político en turno y de intereses económicos mayores o hasta de “perturbadores de la paz”. Sinceramente, estaríamos en el inicio del un sistema absoluto donde las leyes las aplicaría el Ejecutivo a conveniencia.
En la Venezuela de Maduro, a los opositores al régimen populista, se les hacen juicios a modo con pruebas ficticias y encarcelan sin ninguna garantía solo por pensar diferente.
Por último, la desaparición de organismos autónomos, bajo el pretexto del ahorro de miles de millones de pesos, sólo es benéfico para un régimen que se conduce bajo la opacidad. Este “austericidio” ya lo vivimos al inicio del mandato, cuando de un plumazo, desapareció los fideicomisos y los fondos como el de desastres naturales; lo grave del asunto es que quiere desaparecer organismos que están proporcionando información de lo que hace el gobierno con nuestro dinero, que a la vez garantizan la protección de datos como el Instituto de Transparencia, pero además busca quitar de un plumazo aquellos organismos que a lo mejor no vemos, pero que inciden en que tengamos mejores productos o productos a precios justos; a lo mejor muchos extrañarán los mercados de fayuca, porque con eso pondría en riesgo el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
El objetivo del gobierno no es el ahorro, porque para ahorrar dinero debió dejar de hacer sus tres obras faraónicas, ya que por éstas dejo a las carreteras sin mantenimiento. Su objetivo es acabar con los organismos que ponen limites a los abusos del poder y le dan herramientas a los ciudadanos para conocer la verdad de los gastos o posibles corruptelas, como la casa gris del hijo mayor de Andrés López; los contratos a modo del hijo de Bartlett o los contratos a la prima Felipa Obrador.
Recordemos que a este presidente y a sus impulsores, no les gustan las instituciones. Recordémozlo aquel lejano 2006, con su frase “abajo las instituciones”. Pará ellos lo que vale es una ley y jueces a modo, la falta de transparencia y corrupción y sobre todo usar las instituciones a su beneficio.
Como reflexión final: Somos testigos de cómo, el modificar las instituciones para beneficio de unos cuántos si trae coconsecuencias. En Venezuela, no quieren reconocer a quien ganó legítima y legalmente la presidencia, hasta las instituciones que juraron proteger a la población están siendo usadas para violentarla. Con ese ejemplo sobre la mesa, cabría preguntarte ¿Qué quieres para tu patria, tu colonia y tu familia?