Dijo Julián Ezquerra “lo que mal empieza, mal acaba”, así el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Para su creación desapareció el Seguro Popular, anulando uno de los avances más importantes del Sistema de Salud mexicano en el siglo XXI-por supuesto, sin evitar mencionar que era perfectible como cualquier política pública en el mundo-, su mejora supuso políticas públicas por encima de prejuicios ideológicos o agendas partidistas.
Desde la entrada en vigor del INSABI hubo problemas de implementación y comunicación. La 4T se apresuró a eliminar el Seguro Popular sin publicar Reglas de Operación, ajustes a la normatividad, ni plan de implementación. Se tomaron decisiones sin un diagnóstico, con base en prejuicios y ocurrencias, en lugar de tomar la información oficial que existe sobre el sistema de protección social en salud.
El principal argumento para modificar al sistema fue la corrupción a la que fue vulnerable el programa en el pasado, sobre todo en el sexenio del ex presidente priista Enrique Peña Nieto. Sin embargo, cualquier programa e institución es vulnerable a la corrupción, por la cultura que impera en la clase política de nuestro país. La estrategia que se esperaba es ataque a ella y procesamiento de los culpables. Empero, la corrupción se ha profundizado en los últimos años por la opacidad y falta de responsabilidad sobre los errores cometidos en el pasado, es decir, no hubo voluntad política para corregirlos.
La idea original del Seguro Popular era muy buena, los estados con más personas afiliadas recibían más recursos, promoviendo la equidad en contraste con el pasado, donde la mayor cantidad de dinero la recibían las entidades con mayor número de personal médico y hospitales.En la práctica, pese a tener cada vez más beneficiarios y recursos, la calidad de la atención era heterogénea, variando de un estado a otro. La descentralización generó bastante inequidad, pero la recentralización con la creación del IMSS-Bienestar, tampoco asegura que ese fenómeno desaparezca.
Pese a las promesas presidenciales de un sistema universal de salud que ofrezca todos los servicios y medicamentos gratuitos, en los hechos se dio una reforma débil fragmentado al sistema de salud.El reto al que se ha enfrentado México desde hace varias décadas es crear un Sistema de Salud Universal, sin que hasta hoy, ninguna administración haya tenido éxito. Para poder lograrlo se requiere de un diagnóstico certero, inversión y tiempo. No obstante, en nuestro país es bajo el gasto público en salud, ya que ronda en el 2,5%, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Seguro Popular había logrado atender a 53 millones de personas, es decir, el 44% de la población. De acuerdo con estimaciones del Centro de Evaluación de Instituciones y Políticas Públicas (CIEP), el gasto en cobertura de salud para la población que no tiene afiliación a ninguna institución de seguridad social en México con el Seguro Popular en 2018 no aumentó lo necesario para llegar a la cobertura universal. En el último año del programa eliminado por la administración actual se invirtió el 1,03% del PIB, en 2022 se invirtió el 0.81 por ciento. La organización realizó una estimación en 2019 y definió que para cubrir a todos los mexicanos se tenía que invertir hasta 3.5% del PIB.
Por razones de austeridad desapareció la Subsecretaría de Integración y Desarrollo lo que afecta las actividades de planeación, evaluación y rendición de cuentas. Al socavar el carácter autónomo de la entidad regulatoria en materia de salud, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarias, afectó el abasto de medicamentos en todo el país.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la carencia por acceso a servicios de salud se incrementó un 75% entre 2018 y 2020. Ese retroceso ha impactado en el bolsillo de la población al tener que acudir a servicios privados y comprar de medicamentos que el sistema de salud no cubre.Asimismo, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares de 2018 a 2020 muestra que el gasto promedio en salud aumentó 40 por ciento, por el desabasto en medicamentos mencionado
