En el tema de la inseguridad, estado y federación siguen aventándose la papa caliente sin que cuaje con números positivos la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno Federal, que se dispersaría de manera coordinada en los estados.
Y lo peor de todo, es que un tema tan sensible sigue siendo utilizado como botín en aras de obtener dividendos políticos por personajes afines al partido que gobierna al país.
En cuestiones de seguridad todo parece reducirse a un pleito de comadres, entre emisarios de Morena y el resto de los partidos políticos. En ese sentido, Soledad Luévano Cantú, prendió la mecha al endilgarle el mote de narcogobierno a la administración del Contador Tello en su columna de Excélsior del pasado 20 de febrero. Lógicamente, el priismo en la legislatura no se iba a quedar callado ante un señalamiento tan delicado y retomó el asunto en la sesión de la Comisión Permanente del día de ayer.
En Asuntos Generales, “Chema” González Nava reviró el atrevimiento de la Senadora, al señalar con justa razón, que el tema del combate a la Inseguridad es una asignatura en la que están involucrados tanto gobierno estatal como federal, y, que, entonces, el intento de Chole de golpeteo político, se trata más bien, de autoflagelación no planeada.
Y es que, desde que se centralizó el tema de la Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, bajo el argumento de la desconfianza- fundada, por cierto- en corporaciones municipales y estatales, todo se complicó.
El inconveniente de fondo fue que pasó todo lo contrario a lo que se prometía, la corrupción infectó a todos los cuerpos de seguridad. Es decir, en lugar de corregir el comportamiento corrupto y cómplice de autoridades de los niveles de abajo, la corrupción impregnó a las altas esferas del poder haciendo más difícil desarticular las redes de complicidades.
Esa fue el escenario que encontró López Obrador a su llegada al poder y decidió que lo pertinente sería una estrategia de arrebatarle soldados del crimen organizado, no con las armas, sino a través de programas sociales.
Con una visión diferente para enfrentar la inseguridad, el presupuesto se redistribuyó priorizando los programas encaminados a subsidiar la pobreza. Ante ese panorama, el pretexto que se ha puesto para que a un año de gobierno, no se haya logrado paliar la inseguridad, es la falta de presupuesto, pero esa no es la traba de fondo.
El fondo, sigue siendo la incapacidad de las corporaciones para limpiarse de corrupción en todos sus niveles. El primer paso para implementar la Estrategia Nacional de Seguridad de erradicar la corrupción y procurar una justicia de manera imparcial y expedita, sigue sin aplicarse.
Y Soledad Luévano pretende cargarle toda la responsabilidad a la administración priista actual, cuando a nivel federal incluso, no hay luz. Prueba de ello es que pese a la implementación de la Guardia Nacional, los homicidios se dispararon en el país. En ese tenor, el año pasado, los homicidios dolosos llegaron a los 34 mil 582, registrando 913 casos más que en 2018 de acuerdo a la SSP.
No obstante a Zacatecas no le fue tan mal ya que mejoró su percepción de inseguridad respecto a 2018 en 2019, en un 25 por ciento de acuerdo al Semáforo Delictivo, pero ese logro es nimio. Esas cifras de nuestro estado no significan para nada el motivo para echar campanas a vuelo y decirnos satisfechos.
Es inocultable que los grupos criminales siguen haciendo su agosto en nuestra entidad. Pero no toda la responsabilidad es de las instituciones de seguridad locales, porque los delitos más graves y recurrentes siguen siendo del fuero federal.
Hace mal la Senadora al lanzar balas al aire que por la Ley de Newtón pueden herirla. Para externar acusaciones de esa magnitud, debe tener al menos capacidad para probar con nombres y apellidos, sus señalamientos.
Lo escrito por Soledad es grave también porque si ella que habita en las cúpulas se siente desprotegida ¿en que escenario quedamos los que nos paseamos diariamente por las calles? Sin duda, en su afán de clavo en el zapato, la Senadora pierde la perspectiva real de las afectaciones que incluso para ella pueden traer sus dichos.
Máxime cuando la Estrategia Nacional de Seguridad publicada el pasado 16 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no excluye la coordinación entre, -cito-«instituciones federales, estatales y municipales”. En ese caso, de ser real el planteamiento de Luévano Cantú, no sólo las autoridades estatales tienen mucho que explicar. Qué grave.
