➡️¿Reducir la influencia de intereses políticos o aumentarla?
➡️Propuestas
➡️Lo que llama la atención
➡️La elección popular y los peligros a la autonomía
➡️Piensa mal…
De salida
➡️¿Qué jabón patrocina a Clara Verónica Delgado Vanegas en la SEZ?
¿Reducir la influencia de intereses políticos o aumentarla?.- En su columna de ayer en el Sol de Zacatecas, Geovanna Bañuelos de la Torre escribió que la Reforma al Poder Judicial, busca brindar legitimidad al permitir que los ciudadanos participen en la selección de quienes impartirán justicia, basados en el mérito y así reducir la influencia de intereses políticos, además de garantizar su independencia. Si bien la senadora petista se ha distinguido por la congruencia en el cargo de Senadora de la República, su defensa a una de las iniciativas de López Obrador, contrasta con la de expertos que afirman que la reforma propuesta, no encarna mejoras sustanciales. Contrario a “reducir la influencia de intereses políticos” que minan la autonomía en ese poder, los acentúa. Esa es la tesis que defiende la academia. Aún cuando la oficialidad ondea la bandera de la austeridad en aras de convencer a la población de que dicha modificación constitucional es la panacea, especialistas no ven con optimismo la propuesta obradorista. El doctor en Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo, explica en qué consiste la propuesta de Morena y sus aliados en el estudio de la Reforma al Poder Judicial efectos en el status y la mecánica de elección -por voto popular- de sus integrantes. Es su contribución al Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024), coordinado por Sergio López Ayllón, José de Jesús Salazar Ugarte y Pedro Valadés
Propuestas.- Examina cada uno de los cambios propuestos a los estatutos jurídicos de la iniciativa de la 4T: 1.- Disminuir de once a nueve el número de ministros del pleno de la SCJN. 2.- Modifica requisitos de elegibilidad. 3.- Las incompatibilidades. 4.- La duración del encargo. 5.- La renovación del mandato, 6.- El régimen de ausencias. 7.- La garantía de inamovilidad. 8.- La retribución económica. 9.- El régimen de responsabilidades y 10.- El valor del voto. En el primer punto, sobre la reducción del número de ministros en el pleno, el universitario defiende la idea de que mientras más reducido sea el número de magistrados, se restringe la pluralidad de visiones desde las que puede interpretarse la constitución. Señala que con menos ministros hay riesgo de rezagos en la resolución de los expedientes. Respecto a los requisitos de elegibilidad, externa el temor de que si bien los requisitos no cambian de manera sustancial, en los perfiles que intenten entrar, no será relevante la especialización o los “conocimientos en el arte de juzgar”. Es probable, asevera, que los expertos sean desplazados por quienes tengan cercanía con grupos políticos o poderes fácticos interesados en contar con juzgadores cercanos.
Lo que llama la atención.- Respecto al régimen de incompatibilidades la adición al artículo 97 fracción VI, propone que los perfiles que busquen postularse al máximo tribunal no hayan sido ministros ni ocupado un cargo en el TEPJF, en el año previo a la elección. Es de resaltar porque explica si lo que se busca es premiar el ejercicio, éste puede ser verificado sobre la experiencia previa. Sobre la duración del cargo y la renovación del mandato busca reducir el periodo a 12 años vinculándolo a ciclos políticos de carácter sexenal. Sobresale que las magistraturas electorales, el periodo de encargo se reduce de 9 a 6 años. Para el resto de magistraturas y judicaturas se propone pasar de 6 a 9 años con la posibilidad de reelección ilimitada. Impacta de manera negativa porque vincula la permanencia de la función jurisdiccional al apoyo cíclico de los votantes. Sobre el régimen de ausencias -Cuando algún juzgador se encuentra imposibilitado para ejercer el cargo- se propone que para las ausencias menores al mes el mismo pleno concederá. Al tratarse de licencias de hasta dos años votará la mayoría del Senado presente y ausencias definitivas, el Ejecutivo enviará terna al Senado para que apruebe con mayoría calificada. Respecto a la Garantía Económica, la reforma propone que ningún magistrado o juez reciba un salario superior al del presidente de la República. El régimen de responsabilidades se refiere a que los magistrados y jueces pueden ser removidos al ser denunciados por actos u omisiones contrarios al interés público, bajo supuestos ambiguos, como acusaciones de complicidad con presuntos delincuentes. Con ello se vulnera la autonomía porque por cuestiones políticas un juzgador podrá ser removido bajo dicha acusación sin contemplar que la acusación depende de la eficiente integración de la FGR de las carpetas de investigación, por ejemplo.
La elección popular y los peligros a la autonomía.- No obstante, mayor atención genera la intención de someter a elección popular a los integrantes de la SCJN, las magistraturas del TEPJF, las magistraturas disciplinarias, las de circuito y las judicaturas de distrito, en total, mil 600 cargos. Un modelo similar al propuesto existe desde 2009 en Bolivia. La propuesta del actual mandatario justifica la reforma en la supuesta búsqueda de “democratizar la justicia”. Destaca que al Senado de la República -hoy de mayoría oficialista-, deja la responsabilidad de delinear las reglas de cada proceso electoral del Poder Judicial. Las etapas del proceso serán: La postulación de candidaturas, verificación de requisitos de elegibilidad, campaña electoral, elección y declaración de validez de la elección. Resalta que la iniciativa incluya un mecanismo de preselección política de los perfiles a impulsar en manos de los tres poderes del estado. De ahí que no será extraño que las candidaturas se elegirán de acuerdo a las preferencias del ejecutivo, la composición electoral que en el momento tenga el Congreso de la Unión y la fuerza de los grupos dominantes en el PJF. Con ese contexto, es muy posible la elección de perfiles con similitudes ideológicas al gobierno en turno. Respecto a las campañas electorales los aspirantes tendrán prerrogativas en las que destacan espacio equitativo en radio y televisión. Si bien queda prohibido el financiamiento público o privado de las campañas, además se prohibe que partidos políticos hagan proselitismo por algún candidato. El proselitismo estará en manos de cada uno de los candidatos, empero, la regla no escapa a que en la práctica los interesados en su postulación entren a la promoción. Recordemos que en la elección reciente el actual titular del ejecutivo respaldó de manera abierta a la candidata ganadora – con promoción en la mañanera y la estructura de servidores de la nación- sin que el INE implementara una sanción. Dicha circunstancia, dispondrá a las magistraturas electas a someterse a los intereses que incidieron en su triunfo.
Piensa mal…- Con las inconsistencias mencionadas queda claro que si bien, la propuesta tiene ciertas bondades, no escapa a la sospecha de que el Ejecutivo pretende someter al único poder en el que encontró resistencia desde 2018, tras elecciones en las que se logró un Poder Legislativo genuflexo. Aunque Sheinbaum Pardo prometió una consulta popular para disipar dudas respecto a los beneficios de la reforma al Poder Judicial, tras el temblor en los mercados, hay motivos para desconfiar de las buenas intenciones. Es cierto que si se indaga al mexicano si desea que se quiten los privilegios excesivos de los miembros de ese poder el aval será unánime. Por lo pronto, queda claro que la opinión de la academia siempre debería ser tomada en cuenta porque es la única que se puede emitir sin filias o fobias. Pero, al parecer la pretensión del ejecutivo no es que socialice sino que se avale sin conocer el fondo. ¿Qué esconden?
De salida
¿Qué jabón patrocina a Clara Verónica Delgado en la SEZ?.- No queda claro qué jabón patrocina a Clara Verónica Delgado Vanegas, que se toma atribuciones encima de la nueva secretaria de Educación, Maricarmen Salinas. Quien funge como coordinadora técnica en dicha institución, y huestes de Maribel Villalpando Haro, se han dedicado a boicotear a quien llegó a la SEZ apenas en abril de este año. Delgado Venegas se siente tan dueña de la Seduzac que no respeta jerarquías y quiere imponerse sin importar su estatus de subalterna, a la ex tesorera del Senado. Acostumbrada a hacer su voluntad porque desde que llegó la hoy diputada local electa, asumió responsabilidades tras sus constantes ausencias, se siente con derecho. Defiende tan encarnizadamente sus privilegios que no ha permitido que la secretaria actual integre un equipo de trabajo. Experta en sabotear, y poner el pie, quien cobra con dos claves de docente en la institución educativa, sin dar clases impide que se resuelvan los problemas legados por Villalpando Haro. En resumen, ella y su grupo de alfiles, no permiten que Salinas Flores haga el trabajo para el que fue encomendada. Muy mal
¿Más? 👇🏻
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7483/21.pdf
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/7483-analisis-tecnico-de-las-20-iniciativas-de-reformas-constitucionales-y-legales-presentadas-por-el-presidente-de-la-republica-febrero-5-2024