Este domingo más de 100 mil mexicanos se reunieron el Zócalo de la Ciudad de México y otros en cientos deciudades de la República manifestando su repudio al desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), evidenciando que el panorama político es más profundo y complejo. Lo anterior, de cara al 2024, los comicios para la renovación en los poderes Ejecutivo y Legislativo de la federación, así como diversos cargos en 30 entidades federativas del país.
Tanto la manifestación de noviembre pasado como la de este domingo sugieren que hay un espacio que todas y todos están dispuestos a defender. Dos marchas que no responden por liderazgos, entonces, a qué responden. El INE es considerada como una institución ciudadana, una institución que fue construida con el esfuerzo de muchas personas para dar vida a la alternancia y a la maltrecha democracia mexicana. La gente teme regresar a la dictadura perfecta, como en los años mozos del PRI.
Gracias a la capacidad de comunicación del presidente, nos encontramos con un país de opinión polarizada, donde AMLO tiene el apoyo de la mayoría -no así varios funcionarios de su partido, al menos en Zacatecas-. Sin embargo, también hay muchas personas decepcionadas de ese gobierno y que no simpatiza con las “corcholatas” presidenciables.
Las y los asistentes buscaban enviar un mensaje a la Suprema Corte de la Nación, donde se espera que se atiendan las impugnaciones a las modificaciones al instituto en los próximos meses, un desafío para esta institución que también ha sido blanco de las criticas presidenciales. Si bien es cierto, que el INE debe fiscalizarse y eliminar prerrogativas que no tienen razón de ser, no deben destruirlo sino mejorarlo, en aras de la democracia.
López Obrador argumenta que con los cambios se ahorraran millones de pesos y se mejorará el sistema. Pero, por la naturaleza de las modificaciones, se va a dificultar que se garanticen las elecciones libres y justas con un árbitro electoral disminuido y debilitado. Tal vez para, a la postre, decir que el instituto no funciona y regresar a las usanzas priístas de antaño, en las que el propio gobierno organizaba las elecciones, con resultados de cuestionable legitimidad como en 1988.