Durante los primeros tres meses de la administración de Donald Trump, cerca de 65 mil personas fueron deportadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). De ellas, la mayoría son de nacionalidad mexicana, arrestadas en redadas migratorias y enviadas a centros de detención antes de ser expulsadas del país.
Estas redadas, convertidas en política migratoria sistemática, no solo generan temor entre las personas migrantes y sus familias; también tienen un profundo impacto social, económico y laboral para México. La realidad es que nuestro país no cuenta con la infraestructura suficiente para absorber a quienes regresan. Los empleos son escasos y los salarios ofrecidos aquí pueden ser hasta diez veces menores que los que percibían en Estados Unidos.
De acuerdo con el estudio “Migración en México en tiempos de Trump: amenazas y subordinación”, elaborado por la organización Signos Vitales —integrada por especialistas como María Amparo Casar, Enrique Cárdenas, Julio Frenk, María Elena Morera y Federico Reyes Heroles—, las deportaciones están comenzando a agravar la situación nacional. La Subsecretaría de Gobernación, ha detallado que desde el 20 de enero al fecha, han sido deportadas poco más de 56 mil personas.
El programa “México te abraza”, creado con el objetivo de apoyar a las personas repatriadas mediante su incorporación al empleo y a programas de bienestar, ha demostrado ser claramente insuficiente. Más de la mitad de las personas deportadas no han sido inscritas a ningún programa de apoyo. Además, los dos mil pesos que se otorgan como ayuda para su retorno a casa no han llegado a la totalidad de quienes lo necesitan; a modo de ejemplo, en la capital de la república, menos de 10 personas deportadas han solicitado apoyo o empleo.
Conviene recordar que alrededor de 12 millones de mexicanos viven bajo la amenaza de la deportación. Su eventual retorno forzado puede agravar aún más el panorama laboral. Según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, seis de cada diez empresas —es decir, el 65%— afirman que sus planes de contratación se ven condicionados por la incertidumbre económica actual. Entre los factores que generan esta incertidumbre se encuentran la reforma al Poder Judicial, la posible reconfiguración del TMEC y las reformas que impulsa Morena en el Congreso de la Unión.
México enfrenta ya de por sí múltiples problemas estructurales. A ellos se suman desafíos creados por la improvisación, la falta de planificación y el escaso diálogo entre las distintas fuerzas políticas. Quienes hoy ostentan el poder político mayoritario deben asumir con responsabilidad el momento que vivimos. Es hora de dejar atrás la diatriba, el discurso polarizante y la lógica de confrontación que pudo ser útil en campaña, pero que ahora resulta un obstáculo para construir soluciones.
Hoy más que nunca, México necesita unidad, visión de futuro y respuestas eficaces frente a una realidad que no admite evasivas.
