Por Rafael Calzada Vázquez.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://lacuevadellobo.mx/site/wp-content/uploads/2018/05/18221531_1652864631407574_1063640046989775061_n.jpg[/author_image] [author_info]El autor es abogado constitucionalista, con estudios de maestría y doctorado en Administración. Mándale un correo a: rcalzadav@gmail.com [/author_info] [/author]En la raíz lingüística la palabra gobernabilidad, se refiere a la capacidad de ser o estar sujeto al gobierno, es decir, a las directrices del Estado que usa para ello la amenaza latente del uso de la legítima violencia, para que tales directrices, generalmente instrumentadas mediante normas de comportamiento, impersonales, generales, abstractas, y obligatorias, se mantenga el orden social y la armonía en la convivencia de los habitantes de una demarcación territorial y les sean prestados los servicios públicos necesarios para su armónico desarrollo, desenvolvimiento y convivencia.
En su acepción mas generalizada se da mediante la capacidad de respuesta del gobierno y de la sociedad a las necesidades compartidas de los miembros (habitantes) de un Estado.
La capacidad del gobierno con la sociedad para el proceso de educación, la prestación de los servicios públicos, de seguridad, iluminación, recolección y tratamiento de residuos sólidos, son entre otros muchos, ejemplos de lo que se entiende por esta capacidad.
Mientras que por el contrario la ingobernabilidad llega a una entidad, cuando su gobierno no puede interactuar con la comunidad a la que le sirve y deja generalizadamente de prestar los servicios públicos y llevar a cabo sus funciones que por ministerio de ley le corresponden.
Una de las formas de perder la gobernabilidad más frecuentes en las sociedades de hoy se dá por que el titular del ejecutivo, pierde la mayoría legislativa.
Se imaginan mis tres lectores si el titular del ejecutivo envía su propuesta de ley de ingresos y su presupuesto de egresos a la legislatura y ésta le bloquea, modifica transforma radicalmente o simplemente le estorba en este proceso, se vienen dificultades prácticas. La ley por ejemplo ya previó que cuando no hay el primero de Enero del año fiscal correspondiente, aprobado un presupuesto de egresos se aplique el del año anterior inmediato, mientras que se aprueba el respectivo al año lectivo.
Lo que significa que la legislatura tendría que trabajar intensamente hasta lograr los acuerdos necesarios para la aprobación de un presupuesto que permita al gobierno su funcionamiento pleno.
Pero se habrán preguntado mis amables lectores ¿qué sucede cuando se modifica en una proporción suficiente el presupuesto como para modificar las propuestas rectoras del gobierno establecidas en un “plan de desarrollo” que debería ser como una carta o ruta de navegación para llegar a un destino propuesto mediante los programas de instrumentación de la planeación anual conocidos como programa operativo anual?
No debe pasar desapercibido que es mediante esta herramienta económica (el presupuesto) mediante la cual se “aterrizan” los planes y programas, propósitos y metas de una administración pública para sus gobernados. Dicho de otro modo, si no hay dinero para la atención y promoción de la salud, no habrá tal. Si no hay dinero para la educación, no habrá tal, etc.
De suerte que cuando, por ejemplo, un gobernador pierde la mayoría en la legislatura, pierde su capacidad de respuesta para instrumentar sus planes y programas de desarrollo de largo, mediano y corto plazo. Por lo que de no contar con la mayoría partidista, debe trabajar para hacer la mayoría legislativa, mediante coalición de acuerdo político previo a la elección o de coalición de facto en el ejercicio del gobierno, cuyo ejemplo más claro se nos presenta en la constitución del “Pacto por México” que Peña Nieto logró con el pan y el prd, para realizar las “reformas de gran calado” como la de Pemex, la educativa –con un gran tufo a laboral- y la de comunicaciones.
Ello implica ceder porciones importantes del ejercicio del poder a esas fuerzas representadas en el congreso legislativo, en el caso de Zacatecas su legislatura.
A nivel nacional nos tocó ver como el pan, se apropió del instituto de telecomunicaciones y las dependencias relativas, que al parecer fueron su pago o contraprestación por el respaldo en el pacto.
En Zacatecas hemos observado como hay entes gubernamentales, que se constituyen con “cuotas partidarias” como la comisión de derechos humanos, el consejo del IEEZ, la integración de algunos tribunales, y de espacios gubernativos -especialmente para el pan, que ha encontrado en sus mecanismos de negociación, concertación y diálogo un mecanismo efectivo de integración y reparto de cuotas-
En Zacatecas se vislumbra un panorama semejante. Con la AMLOMANÍA, se ve también un crecimiento exponencial de sus candidatos a todos los cargos como en casi todas las entidades de la federación.
Se ve venir un escenario donde el gobierno, si desea mantener su gobernabilidad, su capacidad de respuesta a las necesidades de sus habitantes, requerirá pactar con el PES, MORENA Y PT, para la realización del proceso legislativo. De suerte que el gobernador debe estar en un estado de ansiedad crítico. Ya que los candidatos de su partido, en una gran cantidad de distritos, no despuntan. Deberá de construir caminos de diálogo y no de descalificación al oponente, no necesariamente enemigo, deberá eficientar sus procesos de planeación y de construcción de obra pública a niveles no vistos en los últimos tiempos, para lo que necesita preparar el escenario con profesionales de la política, la economía y la administración en las dependencias relativas para poder construir estos puentes y trabajar por el bien de todos en armonía con las fuerzas políticas, que excepto por las que pretenden un cacicazgo, son afortunadamente para nosotros expresiones muy presentables de la política con personajes, afortunadamente muy destacables en la oposición con los que se puede trabajar, véase en la capital en ambos distritos los candidatos de la coalición juntos haremos historia Mónica Borrego y Javier Calzada como ejemplo.
Zacatecas, Zac., a 14 de Mayo de 2018.
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