Por: Claudia Anaya Mota
El pasado fin de semana, el Senado de la República de México llevó a cabo un proceso inédito conocido como insaculación pública, que tuvo como objetivo seleccionar, a través del azar, los cargos de magistraturas y jueces que serán sometidos a elección popular en 2025.
A pesar de los intentos del oficialismo por garantizar la transparencia, el proceso resultó confuso. Las pantallas del Canal del Congreso no mostraron claramente los números de las esferas utilizadas en el sorteo, lo que dejó a los presentes dependiendo de la voz de una senadora para identificar los resultados. Este método es único en el mundo, ya que será la primera vez que se elijan jueces y magistrados mediante un sistema que prioriza el azar sobre la preparación y experiencia judicial.
Se estima que más de 800 nombres serán considerados en esta lista, y me prepcupa, porque signfica de fondo, la politización de la justicia en nuestro país, porque la Presidenta, la mayoría en la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia, buscará colocar a sus candidatos en estos puestos, lo que podría influir en las decisiones judiciales y favorecer intereses particulares.
Ahora bien, una vez completada esta lista, se enviará al Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar foros donde los aspirantes podrán presentar sus trayectorias. Así, los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a sus jueces y magistrados en materia administrativa, penal, agraria, entre otras especialidades del derecho en una votación extraordinaria programada para el 1 de junio de 2025.
Este enfoque ha generado críticas significativas. La justicia no debería ser determinada por una tómbola; las funciones judiciales deben estar basadas en el respeto a la ley y no en intereses políticos o populares. La tendencia hacia la politización de la justicia en México podría socavar la confianza pública y afectar negativamente el clima de inversión y bienestar social.
Mientras tanto, los partidos políticos estamos reuniendo evidencia para presentar acciones de inconstitucionalidad debido a las irregularidades observadas durante este proceso y su posible contradicción con tratados internacionales sobre derechos humanos y justicia.