Por Christian del Havre
“La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda; estimula al delincuente y contagia su ejemplo”.
Eduardo Galeano
En nuestro país, a pesar de que pasó un sexenio en el que se prometió que se acabaría con la impunidad, según cifras de la asociación civil “Impunidad Cero” en 2023, casi la mitad de los encuestados (45%) cree que el nivel de ésta sigue siendo el mismo, mientras que el 42% piensa que el nivel de impunidad va en aumento. Sólo el 10 por ciento opina que la impunidad se ha reducido.
Aunado a ello, la sociedad no les tiene confianza a las autoridades ni al proceso de denuncia. 6 de cada 10 personas consideran que los responsables de un delito son llevados ante el juez sólo algunas veces; por ello se derivan casos de linchamiento social y se hace justicia por propia mano.
Siete de cada diez mexicanos consideran, en mayor o menor medida, que el esclarecimiento de los delitos está condicionado a la capacidad de ejercer presión política o mediática, es decir, a las «palancas».
Seguramente, estos son los argumentos para que el régimen de venganza y odio implantado por Andrés López, les diga a los ciudadanos que es necesaria la Reforma Judicial. El asunto es que el proceso de justicia conlleva varias etapas y actores. Por un lado, el papel las policías, luego, los ministerios públicos y fiscalías; y en la última parte, la sentencia de un juez. Es al final del proceso, donde tiene que ver el Poder Judicial, que debe actuar con imparcialidad, respeto a los derechos humanos, al debido proceso, entre otras valoraciones que garanticen la justicia al imputado.
El problema grave, que es una majadería por parte de los legisladores de la mayoría falseada (cabe recordar como agandallaron las plurinominales), es que ni siquiera le movieron una coma a la propuesta de reforma del Ejecutivo al Poder Judicial, argumentando una falsa voluntad popular de millones de votos y mayoría absoluta de 56% de la población que votó, sin respetar la voluntad de la otra mitad de los mexicanos.
Lo que sí se debe dejar claro, es que con esta reforma se está vulnerando la Carta Magna en sus artículos 94, 97 y 103, dejando sin certeza de independencia al Poder Judicial y sobre todo a los jueces que deben tener garantizadas ciertas condiciones mínimas que le permitan emitir sus resoluciones libremente, como son: la selección y el nombramiento, la inamovilidad y remuneración, la autonomía financiera y administrativa, entre otras.
La ultima resistencia de esta reforma, que pretende socavar la división del poder y la democracia en nuestro país, se llama Nancy Juárez Salas, quien pidió que el Ejecutivo Federal no la publicara en el Diario Oficial de la Federación, porque acabaría con las instituciones y equilibrios de poder que conocemos hasta
De este asunto, se han hecho teorías y planteamientos que van desde la cárcel, inhabilitación, suspensión y sanción a la titular del Ejecutivo Federal, ya que según nuestras leyes el desacato a las resoluciones judiciales, se refiere a la negativa o el incumplimiento deliberado de las órdenes o decisiones emitidas por un tribunal o un juez; el causal aquí sería que al ser un servidor público se tendría que ver a la luz de los artículos 108 a 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Señalan, que tendrá efecto sobre los actos u omisiones de dicho funcionario o empleado en la prestación de servicios; establecen responsabilidades políticas, penales y administrativas y los juicios correspondientes.
En razón de ello, se podría formular, que la presidenta, al publicar el texto de la Reforma Judicial en el Diario Oficial de la Federación podría incurrir en desacato. El procedimiento es que un juez de distrito actualice la resolución y el ministerio público acuda a ejecutar el resolutivo, y con ello, garantizar el estado de derecho que como ya vimos en nuestro país está muy demeritado.
Nos llega el recuerdo de aquel lejano 2006 cuando el personaje que hoy tiene al país sumido en el populismo del bienestar, tomó calles durante el proceso de desafuero que término catapultándolo como presidenciable, y que lo fue, porque no había materia para procesarlo al no actualizarse ningunos de los supuestos de abuso de autoridad. El asunto puede suceder igual y de esta manera, solo retrasar la sentencia de la espada de Damocles que pende sobre en el Poder Judicial y la democracia mexicana.
Lo cierto es que de manera reiterativa nuestras autoridades violan la ley, sus procedimientos y sentencias, y eso no es culpa de jueces o magistrados ¿Dónde quedo la denuncia por intervención presidencial en el proceso electoral que acaba de pasar? ¿A dónde fue a parar la investigación de la intervención del crimen organizado en las elecciones del 2021? ¿Dónde están las denuncias de tráfico de influencias de los hijos del ex presidente o los sobres amarillos con dinero de dudosa procedencia? Esas sí son majaderías mayores y no la defensa de la autonomía de un poder que busca los contrapesos.
La majadería es que aquellos que juraron guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes que de ella emanen, sean los primeros en violarla; la majadería es engañar a un pueblo y no decir que harían una reforma que solo consolida el autoritarismo; la majadería es violentar derechos y profesiones de jueces, magistrados y trabajadores de un poder autónomo; la majadería es tener seis años en el poder y seguir culpando al pasado de la falta de resultados.
Al finalizar
Mis sinceras condolecías al pueblo chiapaneco sumido en la violencia y caos, que ha desplazado familias y pueblos enteros, que ha matado personas y el turismo. Un pueblo donde asesinan a diablos y santos por igual, sé que el alma del padre Marcelo Pérez está en la Casa del Padre, otra voz que callan los violentos.