Sobre la pluma: Christian del Havre es politólogo y capacitador certificado en SEP Conocer.
“La experiencia enseña que, cuando la democracia falla, lo que viene detrás no es más democracia, sino menos democracia o algo peor.”
Santiago Pérez
Según cifras de la fundación Unnido, en nuestro país hay aproximadamente 131 mil niños y adolescentes en situación de orfandad, debido al fallecimiento de sus padres o cuidadores durante la pandemia, además de los que se suman por los más de 160 mil desaparecidos en México.
Esta realidad deja profundas huellas y desafíos para su desarrollo integral, impidiéndoles llevar una vida digna. A esto se suman traumas psicológicos, problemas de salud, dificultades económicas, entre otros factores que afectan directamente su proyecto de vida y los sumergen en un estado de vulnerabilidad permanente.
Este fin de semana la cifra aumentó. Pero no solo fueron los hijos de un alcalde, de un líder limonero o los que quedaron atrapados entre los desechos de inundaciones mal atendidas; esos daños irreversibles los está sufriendo toda la población mexicana.
Vivimos en medio de una crisis de seguridad que alcanza a autoridades, empresarios, líderes sociales y al ciudadano común, quien ya no cuenta con la protección del Estado ni con la seguridad por la que votó y depositó su confianza en la autoridad.
La política de seguridad del gobierno, que desde hace siete años se ha centrado en no confrontar a los delincuentes, se justifica con el argumento de atacar las causas. Sin embargo, no se observan desarrollos integrales en las comunidades, ni generación de oportunidades para mejorar la vida de los habitantes, mucho menos una cultura del mérito y la superación entre la juventud.
La orfandad del Estado en las poblaciones de México ha generado pérdidas por más de 21 mil millones de pesos debido a la extorsión, según cifras de COPAREX, como parte de un nuevo modelo del crimen. En regiones como Morelia, donde cultivos como el limón, el aguacate y el maíz predominan, esta situación ha traído desempleo, crisis y muerte.
Los hábitos de los ciudadanos han cambiado por esta orfandad del Estado mexicano ante el crimen. Según Razón Pública, “la extorsión afecta el patrimonio de los ciudadanos, limita su libertad, bienestar y desarrollo social y democrático, así como el de las comunidades”. Además, restringe la movilidad, erosiona el capital social, provoca el cierre de negocios y formas de vida, y lo más grave: genera desconfianza institucional y falta de denuncia.
La orfandad se manifiesta en el temor de viajar o salir a carretera sin la certeza de llegar a destino sin ser vejado o desaparecido en el camino, especialmente si se es chofer de transporte de carga.
La orfandad de los tres niveles de gobierno se evidencia en su preferencia por llenar discursos de retórica o mirar hacia otro lado antes que enfrentar los problemas o asumir los costos para los cuales fueron electos, ya sea en crisis de servicios, fenómenos naturales o problemas sociales.
La resiliencia no basta cuando la irresponsabilidad y el cinismo de las autoridades es tal que responden con un “tenemos otros datos” o con un “cállate”, en forma de chistido o chantaje. Es entonces cuando debemos reaccionar y alzar la voz, porque ya basta de tener un gobierno ausente, un gobierno que decidió no estar o que pactó, dejando a la sociedad huérfana, sin un Estado que proteja o brinde seguridad a sus habitantes.
Le pregunto a usted, ciudadano: ¿cuántos desaparecidos, ejecutados o amenazados necesitaremos para que la sociedad despierte?
