El Senado mexicano ha aprobado una reforma que cambiará profundamente la forma en que los ciudadanos se relacionan con el Estado. La nueva CURP con datos biométricos y la plataforma Llave MX prometen simplificar trámites, reducir la corrupción y facilitar la vida cotidiana. Pero detrás del discurso de eficiencia, surge una pregunta que no es menor: ¿quién tendrá el control de nuestros datos?
Punto uno, eficiencia digital
Para muchos, esta reforma es necesaria y hasta lógica. Si los bancos, las aerolíneas, las plataformas de streaming, las apps de movilidad y las empresas de tecnología ya cuentan con nuestros datos biométricos -huella, rostro, voz, iris- ¿por qué no el Estado?
Las empresas, argumentan algunos senadores y defensores de la medida, ya manejan esa información. ¿No sería incluso más peligroso dejar esos datos en manos privadas sin ningún marco público? La Llave MX busca crear una sola credencial digital para acceder a servicios de salud, educación, licencias, pasaportes, trámites fiscales y más. Suena moderno. Suena práctico.
Desde una perspectiva de negocios, podría ser un paso que acerque a México a estándares de países como Estonia, donde todo se gestiona de forma remota y eficiente. Y sí, muchos empresarios y ciudadanos están cansados de hacer filas, llenar papeles, y pagar “mordidas” para avanzar. Un Estado digital, dicen, es un paso hacia la transparencia.
Punto dos, el riesgo del poder concentrado
Aquí es donde entra el dilema ético, y donde los cuestionamientos no deben minimizarse. La oposición en el Senado, junto con organismos de derechos digitales, ha advertido que esta reforma concentra demasiada información en un solo ente, sin supervisión judicial ni controles reales.
¿Quién protege al ciudadano si el gobierno falla? ¿Qué ocurre si un régimen autoritario llega al poder con acceso total a tu rostro, tu iris, tus huellas, tu historial médico, tus ingresos y hasta tus hábitos de consumo?
La Ley se aprobó sin un marco independiente de protección de datos. El INAI desapareció. No se definieron mecanismos claros para encriptación, auditoría ni supervisión civil. Si el Estado falla -y en México, lamentablemente, no es raro que falle- los daños podrían ser irreparables.
El dilema es de fondo
No se trata de estar a favor o en contra de la tecnología. Se trata de cómo usamos el poder. En manos privadas, los datos son explotados con fines comerciales. En manos públicas, deberían servir para el bienestar, pero si no hay controles, pueden volverse instrumentos de vigilancia.
Muchos mexicanos ya entregan sus datos sin pensarlo a bancos, aseguradoras, plataformas tecnológicas y redes sociales. Pero ahí hay opciones. Aquí no las habrá. La CURP biométrica será obligatoria. La Llave MX será universal. No habrá cómo decir que no.
¿Estamos preparados?
En un país con brechas digitales enormes, con baja alfabetización tecnológica, con instituciones debilitadas y con gobiernos que han demostrado poco respeto por los contrapesos. ¿Es prudente avanzar sin frenos?
La modernización no debe ser pretexto para concentrar poder. Y la digitalización no puede hacerse al margen de la ética, la supervisión y la ciudadanía informada. Porque si no hay garantías, lo que parece una llave al futuro, puede terminar siendo la cerradura de nuestras libertades.
