La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) atraviesa una crisis que ya no puede ocultarse. El acoso y el hostigamiento contra docentes y estudiantes no solo se mantienen, sino que se expanden a nuevos frentes. Lo que antes se limitaba a pasillos y trámites administrativos ahora se traslada también a las redes sociales, donde el anonimato se usa como escudo para lanzar ataques y difamaciones.
Los hechos recientes no son coincidencia. El pasado viernes, la Comisión de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Legislatura, que me honro en presidir, recibió a un grupo de maestras universitarias para escuchar sus denuncias y acompañarlas en sus demandas. Ese mismo día comenzó una campaña de difamación contra la Dra. Verónica Aguilar Vázquez, poniendo en duda su prestigio académico y personal en distintas páginas y cuentas anónimas. Lo ocurrido deja en evidencia un patrón: cuando las mujeres deciden organizarse y alzar la voz, la reacción inmediata es la violencia.
A esta violencia simbólica se suma la violencia administrativa. En la Unidad Académica de Ciencias Sociales, cuatro estudiantes fueron dados de baja de sus becas del Conahcyt con total arbitrariedad. Para justificar esta exclusión, autoridades llegaron incluso a solicitar ilegalmente los kardex de los propios alumnos, un acto que vulnera derechos y que exhibe cómo la burocracia universitaria puede convertirse en instrumento de represión.
Frente a este panorama, reitero mi más firme solidaridad con las y los docentes y estudiantes que hoy están siendo agredidos y acosados. Cada difamación, cada amenaza y cada represalia son heridas abiertas en una institución que debería ser ejemplo de pensamiento crítico, libertad y justicia. La UAZ no puede seguir siendo refugio de impunidad ni espacio donde se normalice la violencia contra quienes alzan la voz.
El reto no es únicamente del rector entrante, sino de toda la estructura universitaria: directores de unidades académicas, consejos, comisiones y autoridades administrativas deben asumir su responsabilidad ética y legal de frenar el acoso, garantizar seguridad y restituir derechos a las personas afectadas. Espero que la nueva administración, que encabezará el Dr. Ángel Román a partir del próximo 6 de septiembre, ponga orden y detenga los acosos.
Pero la transformación de la universidad no llegará solo desde arriba. Es tarea de toda la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y trabajadores que deben solidarizarse entre sí, defender la pluralidad de ideas y no permitir que el miedo ni la violencia marquen el rumbo de nuestra casa de estudios. Podemos discrepar, y de hecho la universidad cobra sentido en esa diversidad de voces; lo que nunca puede admitirse es que la diferencia sea usada como pretexto para la agresión o el silencio impuesto. En ese espíritu cobra vigencia la reflexión de John Stuart Mill: “si toda la humanidad menos uno tuviera una misma opinión y solo una persona sostuviera la contraria, la humanidad no tendría más derecho a silenciarla que esa persona a silenciar a la humanidad”.
