En Zacatecas estalló una verdad brutal: existen redes masivas en Telegram donde hombres comparten imágenes íntimas de mujeres, niñas y niños sin su consentimiento. Uno de estos espacios —el grupo Zacatecas Aportes— reúne a más de 900 usuarios que intercambian fotos y videos, y publican anuncios como “prostitutas baratas” o incluso “ofertar a sus esposas con lugar incluido”. No se trata de un pasatiempo ni de una transgresión aislada, sino de una red criminal que incurre en violación a la intimidad sexual, pornografía infantil y trata de personas.
El Movimiento Feminista de Zacatecas lo expresó con claridad: este tipo de chats son plataformas de explotación y violencia que deben ser combatidas con urgencia. Su comunicado exigió a las autoridades actuar de oficio, sin encubrimientos ni omisiones, y responsabilizar a quienes difunden y consumen estos contenidos —no a las víctimas—. Esa voz la comparto plenamente, pues revela lo que el Estado insiste en ocultar.
Y ahora les pregunto a ustedes, lectoras y lectores: si esa imagen violada fuera de su hija, de su hermana, de su madre o de su pareja, ¿qué harían? ¿Permitirían que se dijera que es un “chat entre hombres” o que “ellas se lo buscaron”? ¿Buscarían justicia con determinación o cederían a la resignación?
Este lunes, la indignación se tomó la Plaza Bicentenario y el centro histórico con una marcha liderada por el Movimiento Feminista. En pancartas y consignas se leyó: “la violencia digital es violencia real.” Durante la protesta se reveló algo aún más grave: en esos grupos se ofertan niñas y niños para abuso sexual, extendiendo el delito hacia la trata infantil. Esta no es una alerta alarmista, sino una llamada urgente: nuestra infancia, nuestra intimidad, nuestra dignidad están en venta y no podemos tolerarlo.
Esta violencia es estructural, no anecdótica. La Secretaría de Educación de Zacatecas destituyó recientemente a cinco maestros por conductas como hostigamiento sexual, agresiones contra personas con discapacidad y comentarios transfóbicos que promovieron acoso escolar. Si en el aula fue posible sancionar, ¿por qué en el entorno digital la impunidad persiste? Ambos escenarios —físico y virtual— muestran que vivimos bajo un régimen de dominación que admite violencia contra mujeres, niñas, niños y personas diversas como si fueran inevitables.
La filósofa Rita Laura Segato nos recuerda que “el mandato de la masculinidad se prueba en la apropiación del cuerpo de las mujeres”. Silvia Federici complementa: “el cuerpo de las mujeres es el terreno principal de apropiación capitalista y patriarcal”. En Zacatecas, esos cuerpos siguen siendo tratados como trofeo, como mercancía, como espectáculo. Esto no es cultura: es violencia validada.
La respuesta debe ser clara y urgente. Primero, aplicar sin dudas la Ley Olimpia, que tipifica la difusión, almacenamiento y circulación de contenido íntimo sin consentimiento como delito. No es opcional: la Fiscalía del Estado está obligada a actuar de oficio. Segundo, el Estado debe reforzar la policía digital con recursos, tecnología especializada y perspectiva de género. Sin una capacidad tecnológica y legal efectiva, toda denuncia será devorada por la burocracia y el silencio.
Pero la justicia no puede limitarse a sancionar. La reparación del daño debe ser integral: eliminación inmediata del contenido; acceso a atención psicológica y jurídica; y protocolos estrictos anti-revictimización. ¿De qué sirve sancionar si la víctima debe revivir su trauma una y otra vez?
A las mujeres, niñas y adolescentes violentadas en su intimidad les digo: no tienen nada de qué avergonzarse. La vergüenza —si es que debe existir— pertenece a los agresores, a quienes miran sin actuar, a quienes callan frente al horror. Ellos son los culpables.
Lo que está en juego no son “packs” ni “chistes de mal gusto”: es el derecho a vivir libres y seguras, a mantener la dignidad intacta y a exigir justicia. Les pregunto de nuevo: si esa víctima fuera alguien de sus familias, ¿seguirían justificando la impunidad o alzarían la voz con todo el poder del amor, la rabia y la empatía?
La respuesta debe ser colectiva y contundente: exigir sanción ejemplar, fortalecer la policía digital, aplicar la Ley Olimpia y garantizar reparación. Pero más allá de las leyes, romper de una vez el pacto de silencio y complicidad masculina que alimenta estas redes de violencia.
En este escenario, también hay motivos para la esperanza. La llegada de mi querida Mara Muñoz Galván, abogada feminista y referente en la defensa de los derechos de las mujeres, al juzgado de distrito en materia penal en Zacatecas abre una puerta de justicia para todas las víctimas de violencia digital y sexual. Su mirada con perspectiva de género y su trayectoria en la lucha contra la impunidad nos permiten imaginar un futuro en el que las denuncias no se archiven, en el que las víctimas sean escuchadas y acompañadas, y en el que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos. Con mujeres como Mara en el poder judicial, la exigencia de que ninguna agresión quede sin respuesta y ningún agresor sin castigo se convierte en una posibilidad real y cercana.
En Zacatecas, así como en todo México, debemos despertar. No permitiremos que nuestras vidas íntimas sigan siendo moneda de cambio ni que nuestras víctimas sean invisibles. Nuestra respuesta: ¡Ninguna agresión sin respuesta, ningún agresor sin castigo!
