“No hay mayor tiranía que la que se perpetúa bajo el escudo de la ley”. Montesquieu
El ser humano, desde las primeras organizaciones sociales, ha generado un eje rector llamado autoridad. Con la evolución de la sociedad, se han hecho complejas las relaciones y la búsqueda de la representatividad de la mayoría de las personas que integran los grupos sociales, con modelos adecuados a cada etapa de la civilización.
Desde hace más de veinte años, en nuestro país la ciudadanía comenzó a experimentar un modelo de representatividad que no tuvo durante décadas. Se dio la transición del partido en el poder, también la apertura informativa. La evolución y cambio en la administración pública, la transparencia y rendición de cuentas, el equilibrio del poder, que mas allá de la parálisis legislativa, generó la consolidación de instituciones.
La democracia como sistema político y representativo, con todo y sus defectos, ha sido el sistema mas igual para los ciudadanos. Con ello se garantiza su participación plena más allá de su posición económica o de su estatus social. Se complementa con la división del poder en tres organismos fundamentales: Quien hace las leyes, quien las ejecuta y quien las sanciona.
Nuestro país con una tradición milenaria del tlatoani o presidente omnipresente, que se ve reflejado en el índice de desarrollo democrático, donde México sigue reprobado con una calificación de régimen híbrido. Tenemos relativamente poco con representaciones y la división de poderes, que debe apoyar a la ciudadanía a contar con mejores gobiernos.
Desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el bono democrático de tener mayoría en el Legislativo por la sobre representación -porque debemos recordar que el PT y Verde son parte de su bancada y proyecto-, comenzó a recortar recursos de programas, fideicomisos y otras áreas, que según su visión ,estaban beneficiando la corrupción. Generó con eso, el llamado austericidio de instituciones y programas.
Hoy, debido a que el Poder Judicial se resiste a ser una extensión más del ejecutivo, la actual administración, comenzó una guerra de descalificaciones, pero lo más aberrante, es limitar el presupuesto, que no afectará a los ministros, sino que el funcionamiento del ente así como a los miles de trabajadores que dependen de ese recurso para seguir con su vida cotidiana.
La gravedad de la acción, que en otros rubros, ya afectó a madres trabajadoras, estudiantes, estudiosos de tecnologías e ingenierías, así como a aquellos afectados por desastres naturales, las policías municipales o los que transitamos por caminos y carreteras; es que en nombre de la lucha contra el desvío de recursos, generó incertidumbre en instituciones. En este caso, en un Poder que no debe depender del ejecutivo sino que debe tener su propia función, no solo en lo administrativo, también en lo presupuestal.
Cabe recordar que las policías ministeriales, encargadas de reunir pruebas de los delitos e infractores, nutren las pruebas que se tienen las fiscalías para castigar delitos. Los jueces se basan en estas pruebas y el derecho vigente para dictar sentencias. Deben existir jueces capacitados, con los recursos y criterios necesarios para que la justicia sea plena, expedita e imparcial.
No debemos caer en cantos de sirenas o demagogia donde el Ejecutivo quiere o busca minar al Judicial, ya tenemos la experiencia en el Legislativo que no le cambia ni una coma a las ocurrencias de Palacio. La división de poderes se hizo precisamente para que ninguna persona tuviera todo el control y que nada ni nadie se le opusiera.
La única forma de ir consolidando la representación popular y la rendición de cuentas, es con instituciones fuertes. Con un Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que sean realmente representativos de los ciudadanos.
