El juicio de amparo es una de las grandes aportaciones de México al constitucionalismo mundial. Concebido en el siglo XIX e incorporado a la Constitución de 1847, evolucionó hasta consolidarse en la Carta Magna de 1917 como un instrumento vanguardista de protección de los derechos humanos y las garantías constitucionales.
Su propósito es claro: defender a las personas frente a actos de autoridad que vulneren sus derechos, ya se trate de leyes, sentencias, omisiones o decisiones administrativas.
El amparo puede interponerse contra actos del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y cumple una doble función: protege al ciudadano afectado y, al mismo tiempo, actúa como un mecanismo de control constitucional que asegura que las normas y actos del Estado respeten la Constitución y los tratados internacionales.
Hasta hoy, el principio básico del amparo sigue siendo la llamada Fórmula Otero: las sentencias benefician solo al quejoso, salvo en casos de derechos colectivos o cuando el Congreso disponga lo contrario. Es un equilibrio que ha permitido dar certeza jurídica y protección efectiva a miles de personas.
Sin embargo, todo esto podría desmoronarse si Morena y sus aliados aprueban la reforma presidencial a la Ley de Amparo. El proyecto limita la facultad de los jueces para suspender normas generales, declara improcedentes los juicios contra lo que el oficialismo llama “supremacía constitucional” y reduce la posibilidad de que los amparos beneficien a terceros ajenos a una controversia. En pocas palabras, esta iniciativa borra de tajo la Fórmula Otero y debilita la defensa ciudadana frente al poder.
Académicos, especialistas, barras de abogados y legisladores de oposición hemos expresado nuestro rechazo. La reforma contradice la propia Constitución: la de 2011 estableció que los derechos humanos y los tratados internacionales son parámetros de validez del orden jurídico.
Además, restringir las suspensiones colectivas obliga a cada persona a litigar en lo individual, lo que deja fuera a quienes no tienen los recursos para enfrentar a la autoridad, es decir, afecta a los más pobres.
Aprobar la reforma sería inconstitucional. El artículo 1º de la Constitución ordena que los derechos humanos sean progresivos y que el acceso a la justicia esté garantizado. Esta iniciativa hace exactamente lo contrario: restringe derechos y obstaculiza la defensa de los más vulnerables.
Es cierto que el oficialismo tiene los votos suficientes para imponerla, sin Parlamento Abierto ni un verdadero debate plural. Desde la oposición no dejamos de dar la batalla, pero hoy los números no alcanzan para frenar todos los atropellos que se cometen en nombre del “pueblo bueno” que dicen proteger.
Por eso la presión social es crucial. El juicio de amparo es un instrumento ciudadano, no gubernamental. Gracias a él, pacientes con enfermedades graves lograron acceder a medicamentos y tratamientos frente a la negligencia y el desabasto. Debilitar esta herramienta equivale a dejar a millones sin defensa frente a los abusos del Estado.
Quien piense que es una buena idea limitar los derechos de la sociedad frente al poder, bajo el disfraz de una reforma a la Ley de Amparo, no está innovando: está retrocediendo décadas en materia de derechos humanos. Y eso, en pleno siglo XXI, resulta inaceptable.
