Este miércoles 14 de diciembre se cumplieron dos meses de la muerte del joven Jorge Iván Ávila Correa, producto de las secuelas de una brutal agresión de la que fue víctima en julio pasado, en la que se sospecha que participaron familiares de figuras públicas. En octubre pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que había tres carpetas de investigación sobre el caso, pero no hay visos de querer dar con los presuntos responsables.

Sin embargo, la propia Fiscalía ha dejado claro a las órdenes de quién está: un grupúsculo que detenta posiciones de poder y que utiliza a las instituciones para su propio beneficio.

“Por instrucciones de la secta”, este miércoles 14 de diciembre no se dio respuesta a la exigencia de justicia por la muerte de Jorge Iván. En cambio, la jueza de Control del distrito judicial de la Capital dictó auto de vinculación a proceso contra Gabriel “N” por el delito de “fraude específico” por presunta “simulación de contratos”, lo que comúnmente conocemos como “aviadores”.

Sobra decir que este resultado era el esperado, no solo por las presiones de la secta hacia la juez de Control, sino también porque en las primeras dos audiencias los datos de prueba presentados aún carecían de elementos para declarar la inocencia o culpabilidad del imputado.

Lo dijo la jueza de Control al cierre de la audiencia de seguimiento: “Hoy se vincula a proceso por la necesidad de complementar la investigación”. Y es que en la audiencia celebrada este miércoles, la defensa de Gabriel “N” no presentó datos de prueba adicionales para desvirtuar las acusaciones, pues consideraron que había condiciones de desventaja y, de haber presentado las pruebas, no se hubieran podido utilizar en la siguiente etapa del proceso penal para la defensa.

Esta vinculación a proceso no significa la declaración de culpabilidad del imputado. Por el contrario, será una etapa en la que tendrá oportunidad de reunir los elementos suficientes para su defensa, incluyendo testimonios que avalen el cumplimiento de contratos y desvirtúen la acusación por “fraude específico”. Y según el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene derecho a no ser presentado ante la comunidad como culpable.

Presunción de inocencia ante todo, un concepto que olvidó muy fácilmente el Ángel de la Muerte, quien concluida la audiencia de seguimiento habría filtrado a algunos medios de comunicación datos reservados por la jueza de Control, como quedó de manifiesto la tarde de ayer en redes sociales.

¿A qué grado llegaría la desesperación del Ángel de la Muerte que tuvo que ser corregido y apercibido por la jueza de Control por pretender asumir un papel que no le correspondía en la audiencia?

Porque el Ángel de la Muerte acudía como representante legal de la parte afectada, que en este caso es el Gobierno del Estado, no acudía como defensa del denunciante. Y hubo varios momentos durante la audiencia en los que pretendía hacer las precisiones técnicas que correspondían a su defensa y a la representante de la Fiscalía.

Lo anterior no solo denota el nerviosismo de la secta en este caso en particular. Se suma el hecho de que la representante de la Fiscalía no solicitara medidas cautelares contra el imputado, lo que hubiera restringido las actividades de Gabriel “N”, incluyendo su labor profesional desde el periodismo.

Además de no solicitar medidas cautelares, tampoco se pidió la comprobación del “modo honesto de vivir”, y fue la propia representante de la Fiscalía quien solicitó un plazo de cuatro meses para complementar la investigación, una condición a la que se acogió la defensa del imputado. Y si en este plazo no se reúne la evidencia necesaria, aún se podría solicitar una prórroga de dos meses.

¿Qué sigue en esta etapa del proceso penal? La audiencia intermedia, que está programada para el 14 de abril y en la que se desahogarán las pruebas que pudieran presentar ambas partes. De ahí existirían dos vías en este proceso: la primera, un acuerdo reparatorio, aunque eso implicaría el pago de una indemnización a cambio de declararse culpable y quedar en libertad. La segunda, llegar a una audiencia de juicio, donde la jueza determinaría en una sentencia la culpabilidad o inocencia del imputado una vez revisadas todas las evidencias y argumentos.

No hay que olvidar que Gabriel “N” también lleva un procedimiento paralelo en el Tribunal de Justicia Administrativa por el mismo caso y este podría resolverse en el mes de enero del 2023, mucho antes que la audiencia intermedia.

No es gratuito que a través de intermediarios la secta busque que el imputado opte por la vía del acuerdo reparatorio. Así quedaría el estigma de culpabilidad y se harían de un recurso con fines aún no claros. ¿O por qué agilizar de forma sorprendente un proceso penal en un caso que ya lleva la justicia administrativa, mientras otros tantos casos como el del joven Jorge Iván duermen en la congeladora de la indolencia y sumisión de la Fiscalía?

En medio de todo esto, hubo un detalle que para muchos pasó desapercibido y no es menos importante. En la audiencia de este miércoles 14 de diciembre, por primera vez la jueza de Control preguntó si había medios de comunicación presentes, una pregunta que no realizó en la audiencia inicial de imputación, pese a que el caso ha trascendido en la prensa local y nacional.

¿Quién pudo advertir a la jueza de Control sobre la presencia de medios de comunicación en la audiencia de seguimiento y con qué finalidad?, ¿actuar con cautela frente a la posible intromisión de la secta en el Poder Judicial?, ¿o solo para leer lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la asistencia de medios de comunicación a las audiencias?

Tal vez no le informaron del curso que ofreció la Escuela del Poder Judicial respecto al sistema de justicia penal, dirigido a periodistas que cubren la fuente a fin de darles a conocer estos lineamientos en la cobertura periodística de un proceso penal.

Finalmente, tras la vinculación a proceso, fueron evidentes las numerosas muestras de respaldo hacia Gabriel “N”, mensajes que ponen en evidencia el sospechoso silencio de otros actores políticos en torno al tema. ¿Complicidad?, ¿o ya definieron de qué lado están? Por nuestra parte, desde Lalalá News, seguiremos defendiendo el derecho a la verdad y a la justicia. Ni nos van a callar, ni nos van a amedrentar.